Denunciamos ante la ONU, al Estado mexicano por patrón de tortura y fábrica de culpables contra defensores indígenas de derechos humanos
Presentamos ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias los casos de Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo del EZLN y los 5 defensores del territorio de San Juan Cancuc.
Una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), “por la existencia de patrón de fabricación de culpables para criminalizar a defensores de derechos humanos de pueblos originarios”, presentó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
La denuncia explicó el organismo, fue presentada por dos casos: el de Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el de cinco indígenas tseltales de Cancuc, defensores de derechos humanos, “sustraídos de su comunidad por elementos policiales acompañados de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas”.
Gómez Vázquez que permanece “privado arbitrariamente de la libertad desde diciembre de 2020. Fue acusado falsamente de un delito que no cometió, sometido a actos de tortura, desaparecido de manera forzada y después procesado penalmente”, manifestó el Frayba.
Señaló que “de acuerdo con una investigación de la Junta de Buen Gobierno El Pensamiento Rebelde de los Pueblos Originarios, la acusación en su contra fue un acto de criminalización a su adherencia zapatista”.
Dijo que a más de dos años y medio de su detención, Gómez Vázquez es mantenido en reclusión de manera arbitraria, bajo la medida cautelar de prisión preventiva, es decir, sin haber recibido una sentencia, aún cuando la Constitución mexicana establezca un límite de dos años.
El segundo caso presentado ante el GTDA está relacionado con la detención de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, “a quienes se les inventó un informe de detención con hechos falsos acusándolos de una supuesta detención por portación de drogas en otro municipio”.
Señaló que “los detenidos fueron después procesados y sentenciados por un homicidio (en agravio de un policía municipal de Cancuc) que no cometieron. El objetivo de esta criminalización fue el de enviar un mensaje ejemplar hacia la población a fin de que no se organicen contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización”.
La documentación del Frayba, subrayó, “confirma el patrón sistemático de criminalización a defensores indígenas por el gobierno de Chiapas entre cuyas características se encuentra: participación cómplice de la Fiscalía de Justicia Indígena utilizada para el control de los pueblos a través de la criminalización del ejercicio de sus derechos políticos, a la autonomía y autodeterminación como pueblos originarios, acusaciones falsas, tortura, uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa y de testigos falsos”.
El Frayba sostiene que se trata de detenciones arbitrarias que buscan castigar ejemplarmente la defensa de los derechos humanos, de la tierra y el territorio.
Para el organismo, la criminalización a defensores comunitarios no afecta solamente a las personas y sus familias, sino que se trata de una agresión a toda la comunidad, ya que el gobierno con sus instituciones de justicia intentan generar un estado de shock hacia la colectividad, sosteniendo un mecanismo de represión, buscando anular a quienes defienden el territorio y la vida desde su propia identidad y formas de ver el mundo como parte de su ser pueblos originarios”.
El organismo hizo un llamado al Estado mexicano para que “censen las patrones de criminalización y represión hacia los pueblos originarios, en específico hacia las personas vulneradas en sus derechos por estos mecanismos de violencia institucional, además de que sean resarcidos los derechos humanos bajo los más altos estándares internacionales incluidos el de la libertad absoluta”.