La reforma es un logro decidido de las mujeres de la sociedad civil: colectivas feministas
Los partidos políticos tienen la responsabilidad de llevar a cabo un proceso de verificación de sus aspirantes
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 6 Sep.- El Congreso del Estado cerró las puertas a violentadores, agresores sexuales y deudores alimentarios que pretendan acceder a un cargo público en las elecciones del 2024, al aprobar con 32 votos, el decreto por el que se adiciona la fracción sexta, al artículo 23 de la Constitución Política del Estado de Chiapas.
La armonización del marco jurídico de Chiapas con el federal, fue celebrado por colectivas feministas chiapanecas que destacaron como un logro decidido de mujeres de la sociedad civil, del ejecutivo, legislativo y autoridades electorales de la entidad.
“Este trabajo es un esfuerzo colectivo de muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de los derechos humanos de las mujeres y de las infancias; y por supuesto que nos brinda tranquilidad que en lo local, las instituciones van a tener todos los elementos para evitar que agresores accedan a las candidaturas”, dijo Alejandra Soriano de la asociación Promoción de Igualdad y Desarrollo en Chiapas.
La activista feminista Enriqueta Burelo Melgar destacó que la reforma implica también una responsabilidad de los partidos políticos para llevar a cabo un proceso de verificación de que sus aspirantes no tengan ningún antecedente de violencia familiar.
La Red Chiapas por la paridad efectiva (Repare) dijo en un comunicado que se mantendrán en acción para la que se modifiquen las leyes estatales y reglamentos necesarios que generen los procedimientos y sanciones para las personas agresoras.
Colectivas feministas consideraron a este día, como un día histórico, porque en el próximo proceso electoral 2024, no se admitirán candidaturas de personas agresoras.
La suspensión de los derechos se aplicará a quienes tengan sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexual, por violencia familiar, violación a la intimidad sexual o por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos; y en caso de que la persona sea declarada como persona deudora alimentaria morosa.
A la sesión del congreso no asistieron en su mayoría diputadas mujeres ; entre ellas Rocío Guadalupe Cervantes Cancino, Citlaly Isabel de León Villard; Sandra Cecilia Herrera Domínguez; María Roselia Jimenez Pérez; Zoila Linaloe Esperanza Nango Molina; María de los Ángeles Trejo Huerta, Cecilia López Sanchez y Enrique Zamora Morlet.
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