Habitantes de la Selva Lacandona exigen ayuda ante invasión del hampa

“El gobierno nos han fallado; no han cumplido el compromiso de la presencia de las fuerzas armadas; no las hemos visto patrullando la carretera fronteriza ni en las comunidades”: pobladores

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 13 Sep.- Personal de la Guardia Nacional llegaron el miércoles en dos helicópteros a la Selva Lacandona para evacuar a familiares de tres dirigentes lacandones que han sido amenazados por organizaciones del narcotráfico.

Las dos aeronaves castrenses aterrizaron en la escuela primaria Gabino Barreda. “A las 9 horas salieron las esposas e hijos de los líderes que sólo llegaron a Nueva Palestina a acompañar a sus familiares y ver que se subieran en los helicópteros”, comentaron los pobladores.

Pero señalaron que de última hora ellos decidieron permanecer en sus lugares de origen para cuidar sus bienes, pues tienen guacamayas, loros, perros y pollos y no quieren que sufran. “Están decididos a lo que pase porque las amenazas son cada día peor”.

Pobladores de las comunidades de Nueva Palestina y Frontera Corozal realizaron marchas la semana pasada para exigir la presencia del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, ya que están siendo hostigados por integrantes del crimen organizado para que permitan el cobro de piso.

Las protestas obligaron a las autoridades a realizar una reunión en el municipio de Palenque donde participaron mandos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como funcionarios de los tres niveles de gobierno, donde acordaron con autoridades de comunidades de la selva Lacandona del municipio de Ocosingo la realización de patrullajes de las fuerzas de seguridad para tratar de frenar la violencia que impera en la zona.

Según un acta de acuerdos suscrita en Palenque el 8 de este mes, las autoridades de las localidades de Santo Domingo, Nueva Palestina y Frontera Corozal, donde integrantes de organizaciones de narcotraficantes pretenden cobrar derecho de piso, convinieron también en donar un terreno con una extensión mínima de 2.5 hectáreas para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional.

En el documento se precisa que el encuentro fue para “tratar el tema de la presencia de las fuerzas armadas en la región de bienes comunales zona lacandona”.

“Las comunidades antes mencionadas se organizarán para realizar sus asambleas ejidales para tomar acuerdos y permitir el acceso a sus comunidades a las fuerzas armadas y permitan su entrada con el fin de que realicen los recorridos preventivos y disuasivos”.

Al mismo tiempo que las autoridades ejidales se comprometieron a entregar las actas al ayuntamiento de Ocosingo.

Sin embargo, las Autoridades comunitarias de la zona informaron que hasta este jueves, “no ha llegado la presencia de las fuerzas armadas; no las hemos visto patrullando la carretera fronteriza ni en las comunidades”.

En tanto, habitantes de la región fronteriza informaron que en Chicomuselo, Frontera Comalapa y otros municipios de la zona, han comenzado a escasear la gasolina y productos de la canasta básica, a causa de los múltiples bloqueos colocados en diferentes pintos de la carretera que comunica a municipios de la sierra de la entidad.

Las desapariciones

Por otra parte, ante las amenazas, extorsiones, secuestros, la desaparición de líderes y autoridades comunitarias, cooptación e integración forzada de diversas organizaciones sociales, campesinas, de transportistas y comerciantes, que se han convertido en constantes y cotidianas en Frontera Comalapa y otros municipios de la frontera y la sierra, organismos civiles exigieron al gobierno en sus tres niveles la creación de una “ruta y estrategia integral urgente hacia la pacificación real y sostenida de estos territorios, que garantice la seguridad y el bienestar de la población a corto, mediano y largo plazo”.

Pidieron también que “desde los tres niveles de gobierno se activen mecanismos de ayuda humanitaria para atender las necesidades alimentarias, sanitarias y de salud mental de las personas afectadas que han sufrido daños y/o pérdidas de sus medios de vida”.

Asimismo, que “impulsen procesos para reconstruir el tejido social, en lógica de paz, reconciliación y diálogo, para proteger a las comunidades que están resistiendo a la violencia de la delincuencia organizada en sus territorios, tanto en Frontera Comalapa, como en los demás municipios que sufren esta misma realidad en el estado de Chiapas”:

Las agrupaciones, Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala–México, Colectivo de Monitoreo–Frontera Sur, Red por los Derechos de la Infancia en México, Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas y la Red Mesoamericana de Educación Popular, Red Alforja, expresaron que “la población, que se encuentra en medio de la violencia desde hace más de 2 años, vive actualmente secuestrada por los grupos delincuenciales: la circulación de personas y vehículos está controlada a través de retenes y bloqueos que se colocan en los caminos; hombres adolescentes, desde los 13 años, son reclutados para actividades de halconeo (vigilancia y recolección de información); mujeres jóvenes de la localidad y de países centroamericanos son víctimas de trata y explotación sexual”.