Además de los policías están retenidos más de 20 habitantes acusados de participar en acciones ilícitas y quienes presuntamente habrían denunciado a los uniformados.
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 18 Oct.- Los ocho policías estatales “retenidos” por pobladores de la comunidad Frontera Corozal municipio de Ocosingo desde el pasado 12 de octubre, no serán liberados a pesar de que los integrantes de la comisión negociadora firmaron el martes con autoridades federales y estatales un acuerdo para dejarlos en libertad, así lo determinó en asamblea el poblado de la región de la Selva Lacandona.
Según lugareños, además de los ocho policías estatales, entre ellos una mujer, están retenidos más de 20 habitantes de Frontera Corozal, acusados de participar en acciones ilícitas y quienes presuntamente habrían denunciado a los uniformados.
“Lo que estamos pidiendo es que se agilice la carpeta de investigación en el caso del Crucero San Javier; ese es el único objetivo y que se realice lo que se tenga que hacer en ese lugar donde está el origen del problema que nos está afectando en la comunidad”, dijo Esquivel Cruz, integrante de la comisión que acudió al diálogo el martes con funcionarios de la Secretaría de Gobierno.
En conferencia de prensa en Palenque explicó que ayer martes de la reunión que sostuvieron en la Secretaría General de Gobierno, “salimos con un mínimo acuerdo de la reunión que tuvimos en la Secretaría de Gobierno, pero en la noche lo sometí a la asamblea y no lo aprobó”.
Los habitantes de Frontera Corozal señalaron que la situación sigue tensa en esa localidad, donde la población se organizó para mantener el control y la seguridad en las entradas, ante la falta de la presencia de fuerzas federales.
En un comunicado oficial, el Gobierno del Estado informó el
martes que una comisión de Frontera Corozal, comunidad situada en la selva Lacandona, firmó un acuerdo en el que se estableció que “las personas que hasta el momento de iniciar la mesa de trabajo permanecieron retenidas en la agencia municipal de Frontera Corozal serán liberadas sin reserva alguna”.
La situación en esa región y limítrofe con Guatemala, se agravó hace unos meses cuando integrantes de agrupaciones del crimen organizado pretendieron obligar los pobladores a pagar derecho de piso, por lo que la gente se organizó para presionar a las autoridades federales con el fin de que envíen a las fuerzas de seguridad para que protejan a los habitantes.
Junto con otras localidades vecinas Frontera Corozal acordó hace un mes donar dos hectáreas y media para para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional, con la finalidad de que se establezca permanente en esa región.