Al menos 2 mil 300 los desplazados por la violencia de tres municipios de Chiapas

Frayba: de junio de 2021 a la fecha, han sido víctimas de desplazamiento forzado más de 10 mil personas, que han huido de sus hogares para salvar sus vidas.

San Cristóbal de las Casas, Chis. 23 Enero.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), informó que al menos 2 mil 300 pobladores de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia, localizados en las regiones sierra y frontera de Chiapas, se encuentran desplazadas desde el 15 de este mes por la violencia del crimen organizado, lo que “apunta a una verdadera crisis humanitaria”.

El organismo, exigió a los gobiernos federal y estatal, “atender urgentemente a las personas víctimas de desplazamiento forzado, así como las causas que dieron origen al mismo”, aplicando los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas”.

Señaló que en las primeras semanas del mes de enero del 2024, la violencia se ha agudizado en las regiones Frontera y Sierra de Chiapas; “la documentación realizada apunta a una verdadera crisis humanitaria traducida en al menos 2 mil 300 personas en situación de desplazamiento forzado originarias de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia”.

En un comunicado, el Frayba dijo que “estos hechos se enmarcan en el contexto de violencia que emana de la disputa por el control del territorio entre la delincuencia organizada. El desplazamiento forzado es parte de las formas de acción que utilizan los grupos criminales para el control de la población”.

Afirmó que de junio de 2021 a la fecha han sido víctimas de desplazamiento forzado más de 10 mil personas, que han huido de sus hogares para salvar sus vidas.

Refirió que el pasado 15 de enero pasado, en los límites de Nuevo Chejel, municipio de Socoltenango y Nueva América, de Chicomuselo, “se presentó un intenso enfrentamiento entre grupos armados. Testimonios refieren la desaparición de personas, homicidios, reclutamiento forzado, así como impactos sicosociales expresados en pánico colectivo generado por el miedo permanente y la violencia”.

Al otro día “con la llegada de las Fuerzas Armadas el 16 de enero, la población civil de Nueva América intentó evitar su ingreso al territorio ejidal, siendo reprimidos con uso excesivo de la fuerza por parte de los efectivos castrenses, dejando a su paso personas heridas, detonaciones de armas de fuego y estragos por la inhalación de gas lacrimógeno”.

En el documento, el Frayba destaca que a pesar del reto, dificultad y límites que representa la documentación del fenómeno actual derivado del miedo, desconfianza, incertidumbre y dispersión de la población afectada, han logrado documentar la existencia de al menos 2 mil 300 personas que se desplazaron de manera forzada para resguardar la vida e integridad personal.

Los pobladores desplazados pertenecen a las comunidades de Alfonso Corona del Rosal, Julio Sabines, Benito Juárez, Nueva América, Pablo L. Sidar, Raizal, Francisco I. Madero, Nueva Morelia, Limonar, La Lucha, La Unión, San Francisco, La Pinta, San Ignacio, Sabinalito, Las Flores, San Antonio Ocotal, 20 de Noviembre, Piedra, Labrada, Lázaro Cárdenas, de Chicomuselo; El Retiro, Rizo de Oro, Guadalupe Maravillas, Perlas del Grijalva, Resplandor, Retiro y San Isidro, de La Concordia, así como de Nuevo Chejel, Puerto Rico y Nuevo Resplandor, de Socoltenango.

Explicó que las familias están refugiadas en cabeceras municipales de Chicomuselo, Socoltenango, Tzimol, La Trinitaria, La Concordia y Comitán; “algunas más han migrado hacia lugares como Playa del Carmen, Campeche. Quienes no lograron salir de sus hogares son mayoritariamente personas mayores, población enferma o sin capacidad de movilidad, así como algunas que decidieron quedarse para cuidar sus propiedades”.

El Frayba lamentó que “ante esta emergencia sea la sociedad civil de los municipios receptores, la que esté abrazando a familias enteras y brindándoles techo, cobijo y alimentos, en medio de un irresponsable discurso de la Secretaría de Protección civil del Estado Chiapas, que minimiza la situación de desplazamiento al llamar personas en situación de vulnerabilidad ante un evento socio-organizativo`’, por lo que les recordamos el marco legal, particularmente el artículo 3 de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas”.

El organismo fundado por el obispo Samuel Ruiz García, declaró finalmente que “esta situación no es nueva; hemos denunciado con antelación la agudización de la violencia en las regiones frontera y sierra, que sigue en aumento generando de manera continua una diáspora constante de desplazamiento forzado”.