Pide la iglesia católica incrementar ayuda humanitaria a desplazados por la violencia

Hay un desplazamiento hormiga, que no está en las estadísticas, de gente que decide salir porque hay violencia: Vicario pastoral

El gobierno federal y estatal ha buscado acercamientos con la iglesia para buscar soluciones a la crisis.

San Cristóbal de las Casas, Chis. 28 Enero.- Debido a la violencia que impera en la región de la Sierra y Fronteriza de Chiapas, cientos de familias desplazadas de sus comunidades desde el pasado 16 de enero, se prevé que no puedan regresar a sus hogares antes de seis meses, por lo que es necesario incrementar la ayuda humanitaria para atenderlas y enfrentar la crisis humanitaria, informó la Diócesis de San Cristóbal de las Casas.

El vicario de Justicia y Paz, Miguel Montoya Moreno, dijo este domingo: “Las coordinaciones que tenemos en la zona, prevén que en un período no menor de seis meses los desplazados no podrán regresar. Es el pronóstico porque la violencia que impera en la zona es muy alta”.

José Luis Bezares Selvas, vicario de pastoral de la Diócesis, señaló que “hay un desplazamiento hormiga, que no está en las estadísticas, de gente que decide salir porque hay violencia o porque no quiere que los hijos jóvenes entren al narco; se van a otros estados o incluso fuera del país. Todo esto no se puede contabilizar. Hay sufrimiento, dolor y crisis alimentaria”

El sacerdote afirmó que “también sufren los que se quedan, porque ya perdieron su cosecha y tienen miedo y temor”.

Dijo que, además, la violencia obstaculiza a veces el trabajo pastoral. “El 6 de enero fuimos a Chicomuselo, y de 73 confirmaciones que estaban programadas, sólo hubo 20 porque muchas familias habían huido y otras tuvieron miedo, y no quisieron llegar a la cabecera municipal. Incluso, se cambió la sede por seguridad”.

Bezares Selva, informó que él y otros representantes de la diócesis “nos hemos reunido con funcionarios de los gobiernos federal y estatal. Ha habido acercamientos y diálogos. Lo primero es dialogar, poner sobre la mesa los asuntos, y sobre todo la atención a los desplazados. Se ha pedido que se vaya al fondo de las causas que provocan los desplazamientos y que se garantice la no repetición de las mismas”.

Se ha pedido también, añadió, “un retorno seguro y se están viendo los mecanismos, porque no es fácil, ya que implica muchas cosas; en otras partes ha sucedido que retornan, pero luego vuelve la violencia. No será fácil el retorno y como se acercan las elecciones pensamos que va a aumentar la violencia”.

El vicario de pastoral explicó que la Diócesis ha planteado al gobierno la crisis alimentaria, “sobre cómo podrían ellos resolver esta situación. Estamos en diálogos, han dado algunas respuestas y otras están en proceso por lo que implica la violencia que se vive en el estado”.

“Hay los diálogos con las autoridades federales y estatales; por ejemplo, en el último comunicado que tenemos reconocen el desplazamiento forzado interno. Vemos que hay ciertos avances, aunque no como quisiéramos”.

La Secretaría de Protección Civil del gobierno de Chiapas informó el sábado que más de 26 toneladas de ayuda humanitaria ha entregado a mil 880 personas desplazadas de Chicomuselo, que se encuentran en los albergues temporales ubicados en los municipios de Tzimol y Socoltenango, así como en casas solidarias en Comitán y La Trinitaria.

Mientras que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), contabiliza al menos 2 mil 800 pobladores de municipios de la Sierra y la frontera que se desplazaron de manera forzada el 16 de este mes, luego de un enfrentamiento entre integrantes de cárteles de la droga y tras el ingreso del Ejército mexicano que lanzaron gases lacrimógenos y disparos al aire, debido a que los pobladores les impidieron el paso.

Desde hace más de dos años, en las regiones Sierra, Fronteriza y Frailesca de Chiapas, la situación de violencia se agravó, cuando integrantes de los cárteles de la drogas comenzaron a disputarse el territorio, lo que ha provocado, enfrentamientos, asesinatos, desapariciones, cobro de derecho de piso, quema de vehículos, desplazamientos forzados y bloqueos carreteros constantemente.