El Congreso del Estado aprueba reformas para prevenir y sancionar el uso de los hijos como violencia de género, estableciendo penas de cinco a ocho años de prisión.
Madres del Frente por la Violencia Vicaria estuvieron presentes durante la sesión; al escuchar el dictamen rompieron en llanto y festejaron la resolución.
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 28 Feb.- El Congreso del estado de Chiapas, aprobó este miércoles reformas a los códigos civil y penal para tipificar, prevenir y sancionar la violencia a través de interpósita persona, conocida como Ley Vicaria; una expresión de la violencia de género que busca ocasionar daños a través del uso de los hijos por parte de los progenitores.
Después que este tipo de violencia de género fuera reconocida a nivel federal, al incorporar a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al Código Civil Federal y al Código Penal Federal, Chiapas es la entidad número 25 en sumarse a sancionar este tipo de violencia de género, reforma que señala la limitación de la patria potestad en casos de maltrato.
Así como también se prevé una pena de cinco a ocho años de prisión para aquellos que participen en la manipulación de menores con este propósito.
La legisladora Floralma Gómez Santiz, presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez, destacó en tribuna durante la sesión extraordinaria, que la aprobación de las reformas se da en un contexto donde se han documentado 64 casos de violencia vicaria en Chiapas, los que se encuentran en procesos legales, por lo que estas medidas aprobadas para sancionar a los agresores, sirvan para proteger a las infancias y garantizar la integridad de las mujeres.
Hay madres que llevan más de cuatro y hasta ocho años sin poder ver a sus hijos, los que le fueron arrebatados con mentiras por el padre, señaló.
Mayté López, una de las madres a la que le fueron quitados sus tres hijos hace ocho años por el senador del partido Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, y una de las fundadoras del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, estuvo presente durante la sesión. Al término celebró la aprobación de las reformas porque señaló: “esto es una muestra que el amor de una madre, puede lograr por sus hijos”.
Declaró que su caso no se resuelve, porque el senador padre de sus hijos, trafica con influencias en los juzgados y corrupción al ser hijo del ministro en retiro Noé Castañón León.
Mayté López, expresó que estos ocho años sin ver a sus tres hijos ha sido muy doloroso, pero confía en reunirse con ellos algún día. “Mis amores los amo, nunca los he abandonado, y prueba de eso, es el gran logro que tenemos hoy, una ley para que ningunos niños de México, vivan lo que ustedes vivieron, ser separados de su mamá, por venganza de su papá”, dijo al enviar un mensaje a sus tres hijos que actualmente tienen 15, 13 y 10 años”.
Micaela Giacobone Schwart, a quien también le fueron arrebatados sus hijos por ex esposo, Elmar Setzer Pedrero, hijo del ex gobernador Elmar Setzer, dijo que ya es tiempo “que la sociedad y los tres órdenes de gobierno se quiten la venda de los ojos y vean la inminente responsabilidad que tienen para que se acate esta ley, y se deje de solapar esta cruel violencia inhumana que sufren nuestras hijas e hijos y nosotras las madres”.
Agregó que nada justifica este tipo de violencia y es momento de ponerle un alto. “Se deben de proteger las infancias y maternidades sin excusas, es la prioridad más alta de la humanidad, de una sociedad sana y por supuesto un gobierno responsable”.
Qué es la violencia vicaria
La violencia vicaria es aquella que se ejerce contra hijas, hijos, abuelos maternos, hermanos y seres queridos de una mujer para dañarla o causarle un trauma psicológico.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que en la violencia vicaria confluyen conductas de violencia familiar, física, psicológica, de género, económica, patrimonial, institucional, y otras, ejercidas no solo por los agresores, sino directa e indirectamente por las autoridades de procuración y administración de justicia, de protección a la niñez y adolescencia, y jurisdiccionales que conocen de los casos, ya que omiten preservar los derechos de las víctimas y atender el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.