Exige el Frayba la liberación de seis indígenas choles del municipio de Cancuc

El organismo hizo un llamado al Poder Judicial de Chiapas a garantizar el cese a la criminalización judicial en contra de personas defensoras de pueblos originarios

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 5 Marzo.- La liberación de un indígena chol José Díaz Gómez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y de cinco tseltales defensores del territorio, originarios del municipio de Cancuc, exigió el el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Este martes defensores y familiares protestaron frente al poder judicial del estado, al que acusan de “ser una fábrica de culpables”; pues aseguran que a José Díaz Gómez, preso en el penal del municipio de Catazajá, “le fue fabricado un delito como represalia por su adherencia política zapatista, por lo que permanece en prisión preventiva desde el 25 de noviembre de 2022”.

El organismo señaló que el proceso de José, “se ha visto postergado maliciosamente. El Juzgado de Control que lleva la causa ha aprobado en tres ocasiones la ampliación del plazo de investigación en beneficio de la Fiscalía, pese a que ésta no ha realizado ninguna investigación adicional”.

Explicó que “este tipo de dilaciones han sido identificadas como parte de un patrón en que fiscales y jueces extienden el proceso y en consecuencia la prisión sin sentencia, con un fin de simulación. Durante este lapso ha sido cambiada en múltiples ocasiones su defensa pública, vulnerando los derechos a una defensa continua y diligente”.

El Frayba manifestó que ha solicitado en tres ocasiones, el cambio de medida cautelar, “lo que permitiría llevar a cabo su proceso en libertad, a fin de mitigar las afectaciones a su salud y economía familiar, pero la respuesta ha sido negativa”.

El colectivo que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López denunció también “la criminalización penal en contra de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, defensores del territorio”.

Explicó que “los tres primeros fueron aprehendidos por policías municipales y estatales; Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano el 29 de mayo de 2022 en Cancuc.

Posteriormente entregados a la Fiscalía Indígena, la cual cometió actos de incomunicación y desaparición forzada por más de veinticuatro horas; fabricó una versión completamente distinta de la detención asentando que los tres habían sido aprehendidos el 30 de mayo –es decir, un día después– en San Cristóbal por portación de enervantes”.

Afirmó que “durante su detención se fabricaron pruebas para inculparlos de un segundo delito que no cometieron, y se solicitó una orden de aprehensión por el mismo. Tras ser liberados por el primer delito, fueron inmediatamente detenidos por la segunda carpeta de investigación fabricada y llevados directamente” al penal de San Cristóbal de las Casas.

“El día 1 de junio del mismo año, familiares de los tres detenidos y dos testigos, en compañía del personal del Frayba y de una organización internacional de observación de derechos humanos, se trasladaron al Juzgado de Control donde se llevaría a cabo la audiencia inicial contra los tres defensores.

Estando fuera del penal, arribaron policías ministeriales quienes se llevaron a los dos testigos de nombres Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, sumándolos a la lista de defensores criminalizados”.

Informó que este martes 5 d marzo a las 15 horas llevó a cabo la reposición del juicio oral en el Juzgado de Control y enjuiciamiento con sede en San Cristóbal, por lo que exigió que “se garantice el cese a este uso indebido de la maquinaria penal en contra de los cinco defensores del territorio, a través de una sentencia que reconozca las violaciones cometidas”.

El Frayba hizo un llamado al Poder Judicial del Estado a “garantizar el cese a los procesos de criminalización en contra de personas defensoras indígenas en Chiapas, para lo cual es importante que sus jueces escuchen las denuncias de las víctimas sobre las violaciones a derechos humanos cometidas con el fin de construir delitos en su contra; que estudien detenidamente las pruebas fabricadas para cerciorarse de sus inconsistencias y que no sean parte de la prolongación indebida de la prisión preventiva que es una forma más de castigo al ejercicio de los derechos políticos”.

Manifestó que con el fin de exigir la liberación de los seis detenidos “distintas voces nos manifestamos hoy 5 de marzo afuera de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado”.