Chiapas vivir en una guerra no reconocida

Es «zona de conflicto no reconocido» por la disputa entre Sinaloa y el CJNG

Ani Cortés

La Trinitaria.. El lunes 25 de marzo, cuatro hermanos circulaban por la Panamericana en una camioneta Jeep, pero al llegar al kilómetro 210, en La Campana, un grupo de hombres les impidió avanzar hacia Frontera Comalapa, donde tenían previsto levantar un altar para honrar a su madre, que dos días antes había fallecido. Esa madrugada, dos grupos criminales chocaron entre Berriozabal y Ocozocoautla, con un saldo de dos muertos y un herido, varios vehículos y camiones destruidos y quemados.

El choque entre el Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación, provocó que la base social en los límites con Guatemala, se mantuviera en alerta. Los primeros levantaron retenes sobre la Panamericana y cruces fronterizos clandestinos, mientras que los otros, se atrincheraron en su bastión: Frontera Comalapa.

Cinco días después, habitantes de Frontera Comalapa se quejaban que no había combustible para los vehículos y gas LP para cocinar, mientras que las verduras, granos, carne y otros alimentos, escaseaban en el mercado y las tiendas del pueblo. No había transporte público.

Desde hace tres años, una importante porción del territorio chiapaneco que hace frontera con Guatemala, atraviesan “por un conflicto armado no reconocido basado en la disputa territorial de estructuras de la delincuencia organizada por el control de mercancías, servicios, personas, productos legales e ilegales, así como de la propia vida de la población local”, establece el informe Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos, dado a conocer por organizaciones de la sociedad civil el 9 de abril.

El conflicto arrancó en un territorio de 764 kilómetros cuadrados, en Frontera Comalapa, con la ejecución del “jefe de plaza”, José Fernando Cruz Montejo, alias El Poni, de 30 años y tres de sus guardaespaldas de 26 a 28 años de edad, (dos ellos El Panda y Caturro), el 27 de diciembre del 2020, en La Quespala.

El 30 de abril del 2021, El Komander estrenó el corrido El Chaparrito donde exalta que Cruz Montejo fue “jefe de plaza” por ser “buena pieza” y “por su inteligencia”, trabajando en la línea fronteriza, pero también “por los patrones siempre respetado”.

Al inicio del 2021, las comunidades mexicanas vieron la llegada de los primeros camiones tipo monstruo de blindaje artesanal, que habían ingresado por cruces fronterizos clandestinos de Guatemala, para enfrentar a sus adversarios del Cártel de Sinaloa. En las comunidades, se levantaron barricadas, muros, se colocaron cadenas y cavaron zanjas para evitar el paso de sus enemigos. Cientos de personas huyeron desde los primeros combates. Se hablaba de levantones y desaparecidos.

El 22 de junio por la tarde, César Noyola Estrada, de 30 años de edad, desapareció a la altura del kilómetro 204 de la Panamericana, cuando viajaba en una Hummer con placas CY 99798, pero 16 días después, fue emboscado en Tuxtla, Gilberto Rivera Estrada, El Junior, del Cártel de Sinaloa. La guerra parecía no tener regreso. Habían atentado contra el hijo de Gilberto Rivera Amarillas, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa hasta 2016 personaje querido por los políticos, empresarios y el pueblo chiapaneco.

Frontera Comalapa, de 293 comunidades, con por 97 mil habitantes, se había divido en dos bandos: Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nuevo Generación. En la cabecera municipal donde vive casi el 50% del total de habitantes, fueron obligados a unirse a MAIZ, a pagar derecho de piso. Negarse a colaborar significaba la desaparición y ser tableado. De pronto los negocios, tiendas, hoteles y otros aparecieron con el logo de una mazorca, para reafirmar su lealtad a la nueva organización criminal.

La información sobre levantones y ejecuciones se esparció por la Sierra, lo que provocó que familias que llegaban a comprar productos básicos o vender semillas, papas, aves y otros, dejaran de llegar. En Guatemala, autoridades decían a sus connacionales: “Si quieren morir, vayan a Frontera Comalapa”.

Visitar el pueblo se convirtió en una actividad de alto riesgo, porque a los sicarios del MAIZ que hacían guardia en retenes, exigían una identificación oficial, justificar el motivo del viaje y entregar el teléfono celular para que lo revisaran.

Por la guerra, negocios cerraron, pero cientos de jóvenes huyeron del lugar, otros dejaron de hacer ejercicio o escuchar marimba en el parque central, dice Rigoberto Jiménez, nombre ficticio de un habitante que ha conocido a decenas de desaparecidos de su pueblo.

-¿Vivir en Frontera Comalapa le ha provocado miedo?, se le pregunta.

-Todos los días, responde.

Desde hace algunos meses, la guerra saltó de zona Fronteriza y Sierra a otras regiones como la Frailesca, Centro, Costa, Selva e Istmo, donde se han registrado enfrentamientos, levantones y ejecuciones extrajudiciales, con un nuevo actor, el Cártel Chiapas Guatemala. Del 25 de marzo al 9 de abril, en La Concordia y Ocozocoautla, sicarios chocaron entre ellos, con el Ejército y la Guardia Nacional. El 31 de marzo murieron cinco sicarios y 13 fueron detenidos, 4 de ellos de Guatemala. Solo en marzo ocurrieron 61 ejecuciones, mientras que del 1 al 15 de abril 44, según un recuento con datos de autoridades.

Carlos Orgaz, miembro del Grupo de trabajo región frontera, establece que Chiapas “se encuentra en una profunda crisis de derechos humanos”, generada por la guerra entre las organizaciones criminales por el control geoestratégico que traerán los proyectos del Tren Maya, Corredor transístmico y la refinería Dos bocas. Chiapas es un territorio “clave para el control de economías legales como ilegales, hablando de tráfico de armas, tráfico de personas, obviamente tráfico de drogas”.

Como consecuencia de las hostilidades de las organizaciones criminales, del 21 de junio a enero del 2024, 10 mil 500 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado, mientras que de diciembre del 2018 a septiembre del 2023, se tiene un registro 812 personas desaparecidas, dice.

“Chiapas representa una región de suma importancia”, donde las organizaciones criminales luchan “por el control del territorio”, pero “dañando el tejido social” y “dañando la vida comunitaria”. “Las estructuras criminales han tomado el control de las comunidades”, explicó el investigador durante la presentación del informe: Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos.

Agrega que el control de la población en estos territorios, “es bajo amenazas” y “violencia física” de los habitantes. “En próximos años veremos impactos de esta violencia a nivel cultural, a nivel comunitario”. Una caracterizas que “no hay que obviar que solo por mencionarla nos pone en alerta, es el reclutamiento forzado” de la población, expone.

Chloe Stevenson, del Grupo de trabajo región frontera, mencionó que el pleito de los cárteles, ha provocado que el municipio de Bella Vista, municipio de 89 comunidades, con unos 22 mil habitantes, el 30% de su población haya huido del lugar para buscar refugio en otros municipios o la frontera norte para ingresar a los Estados Unidos.

Documentó que, en mayo del 2021, 3 mil 500 personas de comunidades de Frontera Comalapa dejaron sus hogares, mientras que enero de este año, habitantes de La Concordia, Socoltenango y Chicomuselo, entre 2 a 3 mil personas se desplazaron, por enfrentamientos entre los criminales.

Cientos de familias de Guatemala que llegaban al corte de café a la Sierra no lo hicieron esta vez, ante el temor de ser desaparecidos o reclutados por los criminales, asegura Carlos “N”, dueño de una cafetería en uno de los pueblos mágicos de Chiapas. En años pasados compraba has 600 kilos de café orgánico en Motozintla y Siltepec, pero este año, solo encontró 200, porque “la fruta no se cortó por la falta de mano de obra y el cobro de piso”, dio a conocer.

El investigador Daniel Villafuerte, del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, considera que actualmente “prácticamente toda la geografía chiapaneca se encuentra marcada por la violencia criminal”, que va desde las regiones Costa, Sierra Mariscal, Valles Centrales, Los Altos (con epicentro en Pantelhó y Chenalhó), Selva (en Ocosingo y Altamirano, Norte, (Pichucalco y Reforma) y Centro (con Berriozabal, Ocozocoautla y Jiquipilas) y Meseta Comiteca (La Trinitaria).

“En problema de la violencia criminal tiene un grado de complejidad por la cantidad de variables que intervienen (…) El llamado crimen organizado tiene un poder constituido, un aparato de fuerza con mucha capacidad de fuego. Una organización con división del trabajo, un poder económico con millones de dólares y que cuenta con una base social”, explicó el investigador.

Guillermo Trejo, del Laboratorio de violencia y justicia transicional de la Universidad de Notre Dame, refiere que la violencia “en Chiapas, en la zona fronteriza, en particular, quizá sea el último gran estallido de una de estas guerras criminales que las hemos experimentado en distintas partes” de México. Y como resultado de esta “vorágine bélica”, se ha dado un “deterioro acelerado” a los derechos humanos como no se había visto en esta entidad.