En los últimos días unas 12 mil personas han abandonado sus hogares, 5 mil de la cabecera municipal y 7mil de varios poblados tras la ola de violencia perpetrada por Los Autónomos durante la semana pasada
Fredy Martín Pérez
Yajalón.- En el 2020, una comisión de habitantes de Tila se apostó durante varias horas en la casa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palenque, donde le entregaron un legajo para alertar de los riesgos que significa vivir bajo el yugo del grupo paramilitar Los Autónomos. Pidieron que no los dejara “en el abandono”. El mandatario “trabajar las demandas”, pero el 11 de septiembre de ese año, se registró un enfrentamiento donde fueron asesinados cinco pobladores
Cuatro años después, 12 mil personas han abandonado sus hogares, 5 mil de la cabecera municipal y 7 mil de varios poblados conocidos como anexos, que se cansaron del hostigamiento de los paramilitares, para refugiarse en el auditorio y Unidad Deportiva de Yajalón, en el ejido Petalcingo y en casas particulares de varios municipios.
Los habitantes recuerdan que, el 16 de diciembre del 2015, Los Autónomos habían declarado que Tila se iba a regir por “usos y costumbres”, por lo tanto, hordas de encapuchados y armados quemaron la biblioteca, Registro Civil, Hacienda del Estado, Telecom, los cajeros de bancos Banorte y Banamex. El pueblo se paralizó.
El ayuntamiento que ha sido acaparado por Limber Gregorio Gutiérrez Sánchez, militante del PVEM, durante 21 años, tiempo en el que se ha rotado el poder con su esposa y colabores, se replegó a Petalcingo y El Limar, donde construyó un edificio conocido como la Casa blanca, que opera como sede alterna del cabildo.
Los autónomos empezaron a cobrar derecho de piso a comerciantes y a obligar a jóvenes y niños a unirse al grupo armado. Los servicios básicos como recolección de basura, agua, mantenimiento de calles y otros, dejaron de prestarse.
El santuario del Cristo Negro, donde miles de peregrinos católicos de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, el 15 de enero, en Semana Santa y Jueves de Corpus, dejaron de frecuentar el templo, por el temor a ser asaltados o asesinados por Los Autónomos, también conocidos como Fuerzas Armadas de Tila (FAT).
El Jueves de Corpus, cuando los paramilitares mantenían su asedio contra los pobladores, un grupo de comerciantes que llegó a la feria del Jueves de Corpus, desmontó los puestos y huyó del lugar, junto a los primeros desplazados que dejaban el pueblo.
Los habitantes que piden no ser identificados aseguran que, en el 2015, cuando los paramilitares declararon que Tila se iba a regir por “usos y costumbres”, buscó a arrebatar 130 hectáreas de tierras de la cabecera municipal, donde hay 836 con carpeta básica o herederos de ejidatarios pero que no acreditan ante el Registro Nacional Agrario, aunque 267 tienen títulos de propiedad y pagan catastro municipal.
Los autónomos intentan apoderarse de las casas y terrenos, que no son tierras de cultivo, sino propiedades ubicadas en la zona urbana. En la actualidad hay ejidatarios que están en el pueblo y otro grupo que está ligado a Los autónomos.
El hostigamiento de los autónomos llegó hasta habitantes de comunidades, que este martes, como Cantioc, Vista de Unión Juárez y otros cantones que salieron solo con lo que tenían puesto, para buscar refugio temporal en la cabecera municipal de Yajalón, ejido de Petalcingo y otros municipios.
Los desplazados informaron que durante la noche del lunes se registraron disparos de armas de fuego de alto poder, por lo que decidieron no esperar más y abandonaron sus hogares.
Este martes, elementos de la Guardia Nacional y Ejército ingresó a la cabecera municipal de Tila, pero los desplazados que sostuvieron una reunión con funcionarios federales y estatales, declararon que “no hay condiciones para retornar”.
Los representantes de los desplazados aseguraron que los funcionarios se negaron a firmar un acuerdo, para un retorno “digno y seguro” a Tila, por lo que continuarán en Yajalón, Petalcingo y casas particulares y deslizaron que serán “los propios desplazados quienes decidan cuándo quieren volver”.
Los desplazados temen que vuelva a repetirse los hechos de mayo, cuando los miembros de la FAT expulsaron a la Guardia Nacional y Ejército de la cabecera municipal, después de seis meses de permanecer en el lugar. Por eso, no quieren volver, mientras los paramilitares no sean desarmados y detenidos.
Las FAT están integradas por unos 60 hombres, muchos jóvenes y adolescentes que han sido reclutados forzosamente. La demanda para el regreso de los desplazados es su “desarme inmediato”.
Adelaida Martínez que participó en la reunión con funcionarios del gobierno federal y estatal, dio a conocer que “no hay condiciones de seguridad” para el retorno y cifró en 12 mil el número de desplazados hasta este martes.