Denuncia “aparente complicidad de la Guardia Nacional y del Ejército, que tiene la complacencia del gobierno federal y estatal”.
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 25 Julio.- En la región Sierra y frontera de Chiapas, “la situación es desesperante” por la presencia permanente de los cárteles de la droga disputándose el territorio “yendo y viniendo ante la indiferencia y complicidad aparente de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano con la complacencia de un gobierno federal y estatal que, argumentando desconocimiento o el tener una imagen distinta de la situación no interviene para proteger a la población”, denunció la Diócesis de Tapachula.
En Chiapas, desde el pasado 14 de julio bandas del crimen organizado mantienen enfrentamientos irrumpiendo en los poblados, lo que ha llevado a cientos de familias a huir de sus hogares, como los habitantes de la comunidad San José del municipio de Amatenango de la Frontera que salieron hacia el vecino país de Guatemala; mientras que los habitantes de comunidades de Mazapa de Madero, Siltepec entre otros, se han desplazado de manera interna hacia el municipio de Motozintla.
Anoche pobladores de Amatenango de la Frontera reportaron que estaban viviendo una pesadilla con el cruce de convoyes de camionetas con hombres fuertemente armados y bombardeos con drones. Aseguran que familias enteras han quedado atrapados en el fuego cruzado.
La Diócesis de Tapachula en un mensaje dijo que “es muy complicado vivir así; por un lado, secuestrados en casa propia, obligados a hacer lo que no deben, con un profundo sentido de impotencia ante lo incomprensible de la situación que viven; ya que la gente de los cárteles dispone a su antojo de la población, y por el otro, la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano que hacen nada por la población a la que ven sufrir día a día”.
En el documento firmado por el obispo emérito de Tapachula y arzobispo electo de León, Guanajuato, Jaime Calderón Calderón, entre otros clérigos, exigen a los tres niveles de Gobierno cumplan su deber, no permanecer indiferentes y proteger a las regiones de Chiapas que sufren esclavitud y sometimiento. Solicitan también al gobierno entrante, tenga en su memoria el sufrimiento del pueblo.
La Diócesis señala que “al rezago y la pobreza ancestrales que han padecido, los habitantes de esas zonas tienen ahora que vivir secuestrados en sus comunidades, pagar el derecho de piso al cártel que les corresponda según dónde vivan, ser obligados por turnos para estar en los retenes que impiden el libre tránsito llamados filtros, so pena de ser multados y agredidos si no cumplen con este deber impuesto”.
Además, deben “pagar a precios muy altos la escasa mercancía que se vende en los negocios, que de sus ganancias deben sacar la cuota que les dé derecho a mantener su trabajo y, en últimas fechas -20 y 22 de julio del 2024-, ser amedrentados, amenazados y obligados a participar como escudos humanos en los enfrentamientos de los cárteles de la droga”.
En la denuncia, la diócesis explica que tampoco niega que los cárteles controlan a las comunidades a través de las mismas comunidades a los que, “pagando un sueldo, han hecho olvidarse del sufrimiento y la muerte de sus propios hermanos.
“La pobreza y el abandono de décadas, unido a la ambición por el dinero fácil, ha sido el caldo de cultivo que está desembocando en esta situación de desesperación, sufrimiento y muerte lenta de nuestros hermanos de la frontera y la sierra”, manifestó.
Las parroquias de la región Sierra que pertenecen a la diócesis de Tapachula, aseguran que el crimen organizado los amenaza y “nos quieren someter al silencio para que, más allá de nuestro territorio diocesano, no se sepa ni se crea lo que estamos viviendo y sufriendo día a día”.
Por lo que, desde su desesperación, piden a los pobladores “buscar la forma de contar nuestra vida, de decir nuestra palabra, de dar a conocer lo que vivimos. Muchos tenemos familiares y conocidos más allá de nuestra comunidad y de nuestro estado de Chiapas, no nos quedemos callados, pidamos que nos ayuden a dar a conocer la historia triste y dolorosa de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras comunidades”.
A la autoridad civil de los distintos niveles de gobierno le dice: “seguimos esperando que intervengan para hacer lo que les corresponde: restablecer el estado de derecho en nuestras comunidades. ¿Qué necesitan para salir de su indiferencia y defender al pueblo que les tuvo confianza con su voto para que ustedes cuidaran él?”. ¿Hasta cuándo van a vivir tratando de esconder una realidad triste y dolorosa que nosotros vamos cargando día a día?”
La Diócesis suplica y ruega al gobierno; “cumplan con su deber y protejan a nuestro pueblo. No los necesitamos teniendo destacamentos que vivan entre nuestra gente solo como espectadores; necesitamos que intervengan y defiendan a nuestras comunidades que están viviendo una situación de esclavitud y sometimiento en pleno siglo XXI. Necesitamos que, superando su indiferencia y temor, cumplan su deber y defiendan a este pueblo de sus agresores”.
Finalmente señala: “Por lo que se ve, por la indiferencia de las autoridades y por muchas otras razones, pareciera que esto se va a prolongar (…) quiera Dios que este tiempo de transición en el gobierno federal y estatal no vaya a ser argumento para dejarnos en el olvido de la próxima administración, sino que, antes bien, el gobierno entrante tenga buena memoria, nos tenga presente y no se olvide de nosotros que ya hemos sufrido demasiado”.
El gobierno de Chiapas ha permanecido en silencio.