Colectivos exigen que la investigación esté basada en la versión de las víctimas, no de los soldados.
Tuxtla Gutiérrez, Chis.- 2 Oct.- El Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur afirmó que entre los migrantes fallecidos por la persecución militar en el municipio de Villa Comaltitlán, murieron cuatro hombres adultos, una niña y una joven, y se reportan por lo menos diez personas lesionadas en el hospital.
Al denunciar que tras varias horas de sucedido el accidente, no hay suficiente claridad de los hechos, la Ongs que agrupa a organizaciones nacionales e internacionales, señala que los migrantes fallecidos son de Nepal, India, Arabia Saudita, Egipto, Pakistán y Cuba.
La agrupación destacó que el reconocimiento de los hechos que hace la Secretaría de la Defensa Nacional está centrado en la versión de los propios elementos militares, por lo que reclama que la investigaciones deben de ser centrada en el testimonio directo de las víctimas, en condiciones dignas, de total imparcialidad y garantías de seguridad, para que de esta manera, “reconocerse la responsabilidad de la cadena de mando correspondiente, y la responsabilidad institucional y política”.
Afirmó que “los hechos no son ni accidentales ni aislados, son consecuencia de las políticas migratorias restrictivas que el Estado mexicano sigue implementando. Especialmente son consecuencia directa de ordenar el despliegue militar para la contención de los flujos migratorios bajo una lógica de persecución y no de protección hacia las personas en movilidad, violentando y deshumanizando a las personas, poniendo en riesgo su integridad física, emocional y su vida”.
Además “evidencian la omisión del Estado para garantizar los derechos humanos y la vida de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional”. Y constata la política migratoria en México ha sido llevada desde enfoques y estrategias equivocadas, generando mayores factores de violencia y de desprotección, cuyas lamentables consecuencias viven personas y familias migrantes”.
En Chiapas, asegura el colectivo en un comunicado, “continúa el avance de los grupos criminales, poniendo en riesgo a las personas migrantes y con necesidades de protección internacional que transitan por el territorio, donde son expuestas al abuso, la extorsión y la muerte
“El Estado mexicano ha sido omiso ante la situación de violencia en la región; así como en sus obligaciones de investigación y sanción de violaciones a derechos humanos y delitos que diversos agentes públicos han cometido, tanto por omisión como en colusión con dichos grupos criminales”.
Refirió que hace un año, el 1 de octubre de 2023, se registró otro accidente en el municipio de Pijijiapan, donde murieron 10 personas migrantes que eran transportadas en un camión. En 2021 se denunció otro accidente similar en Tuxtla Gutiérrez, donde murieron 55 personas que viajaban en un camión de carga.
El 31 de octubre de 2021, falleció una persona cubana y otras dos personas fueron lesionadas, tras los disparos de elementos de la Guardia Nacional contra un vehículo particular donde iban 13 personas migrantes.
Al expresar su solidaridad con las victimas y sus familias, la Ongs, pide que se les repare el daño integralmente, incluyendo medidas de restitución, satisfacción y garantías de no repetición, incluyendo su regularización migratoria.
Así como se garanticen los derechos de las 17 personas que fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración por parte de la SEDENA, en su calidad de víctimas de delito grave y violaciones a derechos humanos, la cual debe prevalecer por encima de su situación migratoria.