La seguridad, reto de Eduardo Ramírez

Fredy Martín Pérez

«Lo que más duele y lastima en Chiapas es la (ausencia de) seguridad», reconoció Eduardo Ramírez Aguilar, el 7 de noviembre, en un evento en Comitán de Domínguez, donde nació hace 47 y donde fue dos veces alcalde por el PRD y PVEM. En ese lugar, al inicio de su su campaña por la gubernatura, prometió un lapso de dos años para pacificar la entidad golpeada desde el 2021, por una guerra entre el Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación y su filial Cártel Chiapas Guatemala.

Desde el 2018, tres años antes de la guerra declarada entre las organizaciones criminales, Chiapas ha registrado un promedio anual de más de 500 homicidios dolosos y desde entonces se mantienen esas cifras, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En Chiapas también hay miles de desaparecidos y desplazados internos y campesinos golpeados por la violencia que se han refugiado en Guatemala. Tres años dd violencia en municipios de las regiones Sierra, Altos, Centro, Frailesca, Frontera y otras.

Este domingo, que Ramírez Aguilar asumirá la gubernatura para el periodo 2024-2030, se ha propuesto pacificar la entidad en un lapso de 700 días, pero no se ha reservado las estrategias a seguir.

En noviembre del 2023, cuando Ramírez Aguilar, alcanzó la candidatura del Morena, al gobierno de Chiapas, habitantes de Frontera Comalapa, uno de los municipios con cientos de desaparecidos, un candidato a la presidencia municipal, un exalcalde y alcalde desaparecidos, le pidieron que llegara al municipio, porque aseguraron estaban cansados de la guerra de los carteles.

El 8 de abril, cuando Ramírez Aguilar llegó a Frontera Comalapa, evocó un fragmento del Himno a Chiapas que habla de la paz. «Estoy empeñado que retornen las horas serenas en Chiapas». Pero no abundó cómo le haría para conseguir la tranquilidad que demandan los chiapanecos.

En la cabecera municipal de Frontera Comalapa, que desde hace tres años está en poder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su brazo armado conocido como Maíz, solo se concretó en buenos deseos. «Aspiro a que en Chiapas tengamos un estado donde no vivamos confrontados; somos un solo pueblo y somos una sola Sierra Madre, no somos distintos, no somos diferentes; la Sierra Madre es muy productiva».

Ese 8 de abril habían llegado a Frontera Comalapa, desde la comunidad Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, dos catequistas, que se oponían a la extracción minera y unirse a los carteles, para pedirle al candidato, que trabajara por la pacificación de ese lugar, pero un mes después, fueron asesinados y sus cuerpos quemados. En total, fueron ejecutados el 10 de mayo, 11 personas.

La estudiante de bachillerato, Yojari Belén Solís Arriola, de 18 años, estaba ahí con sus padres y tíos, para decirle a Ramirez Aguilar que entre diciembre del 2023 y enero del 2024, familias de Socoltenango, La Concordia y Chicomuselo habían dejado sus hogares. Las cifras de desplazados sumaban más de tres mil personas a principios de este año, solo en el área donde confluyen los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia.

En otros puntos, miles más salieron atemorizados por los enfrentamientos de los grupos criminales y el reclutamiento forzoso para obligar a jóvenes y adultos a bloquear caminos y participar en otras labores criminales. Aún no regresan a sus hogares.

Entre los funcionarios que acompañarán para pacificar Chiapas en 700 días, se encuentra
el ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Manuel Velasco (2012-2018) y fiscal entre el (2018-2021), a Jorge Luis Llaven Abarca. El 28 de noviembre, el Congreso lo ratificó en el cargo para un periodo de nueve años.

Pero la designación no fue bien vista por un conglomerado de organismos defensores de derechos humanos. «Manifestamos nuestra profunda preocupación por la reciente decisión» del pleno del Congreso que aprobó el nombramiento de Llaven Abarca como Fiscal General, por nueve años.

Con la llegada de Llaven Abarca, los organismos ven lejos el arribo de la pacificación en Chiapas «Este nombramiento agrava aún más la situación de los derechos humanos en Chiapas», declararon medio centenar de organismos, entre estos el Centro de DH Fray Bartolomé de las Casas, Mexicali Resiste, Colectivo Mujeres Tierra Mujeres, Colectiva Nahualas Feministas desde la Periferia y otros.

Aseguran que su trabajo como secretario de Seguridad, en el gobierno de Manuel Velasco, dejó mucho que desear. «Llaven Abarca ha demostrado ser perjudicial, especialmente en su rol como Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana durante el gobierno de Manuel Velasco Coello».

«Su gestión se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza pública, represión a defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas, hechos que permanecen en la impunidad», aseguran.

Recordaron que los cargos que ha ocupado el exdiputado federal y local, han sido cuestionables, porque desde la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO) torturó a dos jóvenes de San José, Marqués de Comillas. «Fue señalado como responsable de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, como lo demuestra la recomendación 26/2002 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por detenciones arbitrarias y tortura».

En el ínter de su nombramiento, varios medios volvieron a publicar el interrogatorio del director de Seguridad Pública Municipal de Berriozábal, Germán Alegría Estrada, al momento de su captura el 23 de febrero, por una célula del CJNG, donde asegura que Llaven Abarca es «padrino» de la Secretaría de Seguridad en Chiapas, Gabriela Zepeda. El funcionario municipal que fue asesinado, reveló nombres de funcionarios y alcaldes en funciones vinculados al crimen organizado.

Pero no pararon ahí las cosas, porque cuando Llaven Abarca designó a Cynthia Velázquez Sánchez como Fiscal contra feminicidios en Chiapas, colectivas feministas alzaron la voz, en una entidad con 35 feminicidios en lo que va de año, all cuestionar el nombramiento, porque era defensora de un detenido por los delitos de trata de personas, explotación infantil y otros.
Hace tres años, cuando el CJNG y CDS se declararon en una guerra abierta en varias regiones, el EZLN llegó a declarar el 19 de septiembre del 2021, que Chiapas estaba al borde «de la guerra civil».
El investigador de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Gerardo González, asegura que no ve así este conflicto. «No estoy de acuerdo que sea una guerra civil, porque no nos estamos peleando por una postura política».

Insiste que en Chiapas no hay una guerra civil. «No lo estamos en sí». «Yo creo que la gran mayoría de la población queremos la paz».
Las organizaciones criminales CJNG-Chiapas Guatemala y CDS no se están confrontados por insignificancias. «Y eso sí, tengo claro que los carteles tampoco se están peleando por cacahuates. Es decir, en su lucha se están peleando por algo que tiene un valor en el mercado, como las armas, como la trata de personas como la droga».

Agrega que los carteles operan como empresas. «¿Qué controlan estos carteles? Tienen intereses económicos, lavan dinero, se ve en la sociedad que hay un circulante de dinero que seguramente viene del narco. Entonces esos elementos me impiden pensar que estamos en una guerra civil, pero nadie puede negar que vivimos una guerra. La guerra principal sí es entre carteles».

Así con un estado pulverizado por la guerra de los carteles, Eduardo Ramírez Aguilar asume este domingo la gubernatura de Chiapas.