Desde que asumió el cargo, Antonio Santos y Manuela del Carmen Obrador acompañan de cerca al gobernador Ramírez Aguilar, quien ha roto con el “abrazos no balazos” de su antecesor con un grupo especial que combate el crimen en Chiapas
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (Proceso).- El gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar arranca con un “acotamiento” inédito a nivel nacional y estatal. La presidenta Sheinbaum tiene un representante personal en el estado, como un “ministro sin cartera”, y con la delegación de programas federales en manos de la prima hermana del expresidente López Obrador.
En el contexto de las elecciones presidenciales de 2024, arribó a Chiapas Antonio Santos, colaborador de Claudia Sheinbaum en el gobierno en la Ciudad de México.
Santos fue declarado públicamente como su representante personal por la propia presidenta. Dos días antes de la toma de protesta de Eduardo Ramírez, se refirió a Santos como “mi líder”, recordando cuando en 1986 encabezaron el movimiento estudiantil en la UNAM.
Rápidamente Santos acumuló numerosas quejas de la clase política estatal que reprochó que exigiera recursos para sus eventos y su promoción personal.
A Santos no se le conoce oficina alguna; “pero se mueve”, dicen algunos líderes políticos estatales. Es más, su designación como “representante personal” es inédita en el estado y en el país. No se tiene registro de otro caso similar.
En su toma de protesta, el gobernador Ramírez Aguilar dijo al referirse a proyectos de infraestructura que desea impulsar: “Ahí está Toño Santos, esperamos que haga la gestión”.
En tanto, a mediados de septiembre de 2024, a pocos días de finalizar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su prima Manuela del Carmen Obrador Narváez fue designada delegada de los Programas del Bienestar en Chiapas. Su nombramiento causó sorpresa, porque se esperaba que se integrara al gobierno federal.
Sin embargo, ya es considerada como una posible candidata para el relevo sexenal estatal en 2030, puesto que, de acuerdo con los estatutos de Morena, en esas elecciones en el estado tendrá que haber una candidata mujer.
Ese detalle, más el poder del partido en manos de su sobrino Andrés Manuel López Beltrán, hacen que desde ahora sea considerada posible candidata y un poder fáctico en el estado. Habrá que recordar que Andrés Manuel López Obrador ya reside en su quinta La Chingada de Palenque, distrito al que su prima Manuela representaba como diputada federal reelecta.
En cuanto a la relación del gobernador Ramírez con su antecesor Rutilio Escandón (quien forma parte del Grupo Tabasco con Adán Augusto Hernández a la cabeza), si bien dio un giro en la política de seguridad pública estatal ante la exigencia ciudadana por la situación de violencia que le heredó, a nivel local tampoco se cree que irá más allá de criticarlo.
Escandón recibió públicamente la promesa de Claudia Sheinbaum de formar parte de su gobierno y así ocurrió con el nombramiento como cónsul en Miami, Florida, mientras el Grupo Tabasco se ufana de su cercanía política con el expresidente López Obrador.
A partir de la llegada a Chiapas de Antonio Santos; de la permanencia en el poder vía el Senado del líder del Grupo Tabasco, Adán Augusto López Hernández, y de la designación de Manuela Obrador como delegada de los programas federales, en Chiapas se comenzó a comentar que Eduardo Ramírez tendría una suerte de “poderes alternos”.
Giro de 180 grados en seguridad
A un mes de iniciado el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, la estrategia federal de “abrazos no balazos” es historia en Chiapas. En el primer minuto de su administración presentó un grupo de fuerzas especiales que combatirán a la delincuencia en el estado. Se trata del Grupo Pakal, que patrulla las carreteras y los caminos de Chiapas y que contrasta con la inacción del gobierno de Rutilio Escandón.
Este cambio de Ramírez Aguilar contra la delincuencia preocupa a analistas y académicos, que señalan que si bien estas acciones son para ganar confianza y han logrado que la población “vuelva a salir”, no muestran una estrategia integral para combatir al crimen.
“¿Será el Bukele chiapaneco?”, se pregunta el investigador del Colegio de la Frontera Sur Gerardo González Figueroa, quien así compara al gobernador de la 4T con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha aplicado medidas extremas y se le ha acusado de pactar con la Mara Salvatrucha en su llamada “guerra contra las pandillas”.
Con anterioridad, el morenista había declarado que en el Presupuesto de Egresos 2025 habría un incremento de mil millones de pesos para seguridad pública, lo que se cumplió al asignarse para 2025 un presupuesto superior a los 4 mil millones para este rubro.
González Figueroa confía en que cuando se cumplan cien días del gobierno de Ramírez se conocerá la tendencia en cuanto a la seguridad, según el compromiso que hizo el propio gobernador.
“La gente tiene confianza y eso es bueno, incluso están saliendo de sus casas”, dice el investigador, luego de destacar la omisión y el mutismo que guardó durante todo su sexenio el exgobernador Rutilio Escandón Cadenas.
Sin embargo, González muestra su desconfianza, pues dice que hay “mucho ruido” por las acciones de seguridad del gobierno, “pero creo que es pactado”.
“El régimen simula democracia, pero todo es designado. No hay resistencia (de los grupos criminales), lo cual no es tan malo, pero ¿qué les dan a los cárteles y hasta dónde irá ese pacto?”.
Y destaca que Chiapas “sigue con presencia de grupos paramilitares y hay células que controlan de otra manera el territorio como el mismo Pantelhó, Chamula, San Cristóbal de las Casas, Teopisca y Altamirano, por poner ejemplos”.
Revisa Harfuch instituciones de seguridad locales
Cabe destacar que el 8 de enero último, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue a Chiapas, acompañado de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, a la presentación de la Estrategia de Construcción de Paz, que encabezó el gobernador Eduardo Ramírez.
En su alocución, García Harfuch dijo: “No se pueden reducir los delitos si no detenemos a quienes los cometen, y este principio lo entiende muy bien el señor gobernador. Desde el inicio de este gobierno se han incrementado las operaciones, las detenciones, los operativos pero, sobre todo y lo más importante, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad. Si no fortalecemos a las instituciones de seguridad y de procuración de justicia en las entidades federativas, difícilmente tendremos los resultados que queremos”.
Ruptura de apariencias
Eduardo Ramírez no era el favorito para ser el nominado por Morena a la gubernatura del estado; incluso él mismo había casi claudicado, asegurando que se disciplinaría a la decisión del partido.
El día de la nominación de Morena todo cambió; finalmente, Eduardo Ramírez se impuso a quien dicen era la candidata de la presidenta Claudia Sheinbaum, Sasil de León, y a José Manuel Cruz Castellanos, impulsado por el Grupo Tabasco, del que forma parte el exgobernador Rutilio Escandón.
Morena se decidió por quien en Chiapas demostró, eso sí, más popularidad.
Escandón terminaba el primer gobierno morenista en la entidad. Un gobierno que diversas organizaciones sociales y la Iglesia católica acusaron de omiso ante la creciente violencia criminal en varias regiones del estado, especialmente en la Frailesca, la Fronteriza y la Sierra.
Desde 2021, cuando inició la violencia que sufren varias regiones de Chiapas, el silencio del gobierno de Rutilio Escandón fue monumental. Cuando algún incidente escalaba, el propio exgobernador llegó a descalificar los reclamos diciendo que eran “los de siempre, los enemigos de Chiapas son los que inventan hechos de violencia”.
Esta tónica era un eco de la postura del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en las mañaneras en Palacio Nacional decía lo mismo y calificaba de “exageraciones de los medios” la crisis de desplazamiento forzado de miles de pobladores por las incursiones violentas y el control de caminos y carreteras a manos de grupos criminales.
El sexenio concluyó marcado por el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas y con Tapachula, calificada como la ciudad con mayor percepción de inseguridad del país, de acuerdo con la encuesta nacional del INEGI.
Del discurso a los hechos
Durante su campaña política, Eduardo Ramírez se refirió pocas veces a la violencia en Chiapas, una situación que acumulaba las quejas de la ciudadanía.
Su discurso básicamente se refería al rescate de la identidad cultural del estado, a garantizar que habría desarrollo y a señalar que era necesario impulsar la industrialización de la frontera sur, además de ofrecer que su gobierno impulsaría la conectividad del estado y su alfabetización.
Pero todo cambió desde el primer minuto de su gobierno.
El 8 de diciembre, Eduardo Ramírez Aguilar puso en marcha una estrategia de seguridad con tecnología, reconocimiento aéreo y un grupo especial de élite con la encomienda de devolver la tranquilidad y la seguridad a las 15 regiones de Chiapas, donde grupos criminales armados se han apoderado de los caminos, las carreteras y el territorio.
Aunque el gobernador ha señalado que sólo 16 municipios están contaminados por la presencia de algún grupo criminal, y que en el resto los incidentes registrados obedecen a conflictos políticos, sociales e intercomunitarios, los habitantes de las 15 regiones reportan por diversos medios, como las redes sociales, la inseguridad y los delitos que se cometen en sus municipios y comunidades.
Los mandos en la Secretaría de Seguridad Pública estatal cambiaron. De hecho este organismo tiene otro nombre, ahora se llama “Secretaría de Seguridad del Pueblo”. El estado tiene también nuevo fiscal general: Jorge Llaven Abarca.
Desde el primer minuto de gobierno se anunció la aparición de un grupo de reacción inmediata denominado Grupo Pakal o FRIP, siglas de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, integrado por 500 elementos llegados de diversas partes de la República y especializados en combate.
La FRIP rápidamente inició operativos por toda la geografía estatal. En la capital Tuxtla Gutiérrez se puede palpar la intensidad de los patrullajes policiacos por la ciudad. Además, la FRIP recibió la instrucción del propio gobernador Ramírez Aguilar de “patrullar todas las carreteras y los caminos del estado” para asegurar la tranquilidad de la ciudadanía.
El operativo que más impactó fue en Comitán, la ciudad natal del gobernador Ramírez Aguilar. En esa ciudad un despliegue de la FRIP incluyó la encarcelación de 46 policías municipales junto con su director, y la destrucción de 38 “cachimbas” que estaban distribuidas por toda la ciudad. Esas “cachimbas” eran pequeños espacios tipo local comercial, construidos de madera o láminas, que servían para la venta de todo tipo de productos ilegales, incluidos estupefacientes, muchas veces a la vista de todo mundo.
Pero el golpe más impactante hasta ahora ha sido el descubrimiento de las fosas clandestinas en Palenque (municipio donde reside ahora el expresidente Andrés Manuel López Obrador) y La Concordia. Al momento suman 25 fosas clandestinas, donde fueron hallados 31 cuerpos (29 hombres y dos mujeres).
El académico Gerardo González considera que un golpe de autoridad del gobernador sería detener la violencia en Pantelhó y capturar a los autores intelectuales del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez. “Pueden detener al asesino de dos mujeres en San Cristóbal de las Casas, y deben hacer lo mismo con lo del padre”.
El gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, dice el investigador, también debe ser claro si tiene estrategia hacia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que está denunciando acoso, despojo y guerra civil. “Chiapas necesita paz y ésa se construye. La reacción a las cosas sólo responde a lo inmediato, pero no abona a un cambio”.
Como Rutilio Escandón no hizo nada, hoy todo es grande, pero la pregunta es ¿podrá darle a Chiapas un presente diferente?; menos desigualdad, más tranquilidad, menos armas y gobernabilidad. Se debe detener a las presidencias municipales tipo Comitán, porque hay mucho lavado de dinero, armas, drogas.
Mientras tanto, Ramírez se juega su credibilidad y su futuro político con una sola estrategia: la de combatir la inseguridad que aqueja al estado. Será una tarea donde, advirtió en un reciente discurso, “vendrán horas difíciles para el estado”.