Tuxtla Gutiérrez, Chis, 21 agosto. – La Colectiva Feminista Cereza, que se dedica a la defensa de los derechos humanos, especialmente los de las mujeres en situación de reclusión, denunció el traslado ilegal e involuntario de tres mujeres internas del Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5 de San Cristóbal de Las Casas.
El traslado de Guadalupe, Rocío y Cinthia se llevó a cabo durante la mañana del miércoles de la semana pasada y ha sido calificado como una clara represalia por haber denunciado de manera colectiva las graves irregularidades dentro del penal, particularmente las omisiones que derivaron en la muerte de su compañera Génesis, la cual fue considerada por la colectiva como una muerte evitable.
Las tres mujeres, junto a otras 57 internas del área femenil del CERSS 5, firmaron una carta dirigida a la Fiscalía General del Estado (FGE) y presentaron una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
En el documento, las internas señalaron a las autoridades penitenciarias, incluida la alcaidía y la dirección del penal, como responsables por omitir atención médica a Génesis, una interna de nacionalidad hondureña que cumplía 40 años por homicidio, que falleció, presuntamente tras sufrir un ataque de asma. También denunciaron una serie de abusos, corrupción y negligencias dentro del CERSS 5.
Hasta el momento, la Fiscalía de la Zona Altos no ha iniciado una investigación seria, y ha intentado minimizar el caso tratándolo como una muerte natural, señaló la colectiva Cereza.
El traslado de Guadalupe, Rocío y Cinthia, fue ejecutado sin la autorización de un Juez de Ejecución, violando lo establecido en los artículos 49, 50 y 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los cuales garantizan un proceso previo con audiencia para este tipo de medidas.
Aunque las autoridades han intentado justificar el hecho como “voluntario”, esta afirmación ha sido categóricamente desmentida por las organizaciones y familiares, manifestó la colectiva feminista.
Además, denunciaron que el subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales, Zein, junto con el director del CERSS 5, han amenazado con trasladar al resto de las mujeres que firmaron la denuncia, lo que refuerza la hipótesis de un traslado punitivo como medida de intimidación.
La Colectiva Cereza enfatizó que las personas privadas de la libertad tienen el derecho de denunciar abusos sin temor a represalias, y que el Estado está obligado a proteger sus derechos y garantizar su seguridad.
Por lo que demandan el regreso inmediato de Guadalupe, Rocío y Cinthia al penal de San Cristóbal de las Casas; la apertura de una investigación imparcial y el castigo a todas las autoridades responsables de estas violaciones a los derechos humanos.
Al gobernador de Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar, le piden intervenga de manera inmediata para ordenar el retorno de Guadalupe, Rocío y Cinthia al CERSS 5 y garantizar su integridad. A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que inicie una investigación exhaustiva y sancione a los responsables de esta represalia, en particular al subsecretario Zein y al director del penal.
Al Juez de Ejecución de Sentencias que actúe como garante de los derechos de las personas privadas de libertad y exija el informe justificativo del traslado dentro del plazo legal de 24 horas.