Tuxtla Gutiérrez, Chis. 7 Nov.- Bajo una aparente calma, Chiapas enfrenta una crisis profunda de derechos humanos marcada por la violencia estructural, el control armado de territorios y el desplazamiento forzado de comunidades enteras, así lo denunció el presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Raúl Vera López, al presentar un informe sobre la situación actual en el estado.
“En muchas regiones, especialmente en la zona fronteriza, persiste el control armado, el desplazamiento forzado y el sometimiento de comunidades bajo el miedo. Nos enfrentamos a territorios silenciados”, afirmó el obispo emérito de Saltillo.
A pesar de los discursos oficiales que aseguran estabilidad y paz, el Frayba sostiene que la realidad documentada contradice al gobierno federal y estatal. “Lo que hemos constatado son asesinatos, desapariciones forzadas, militarización y despojo de tierras”, agregó el prelado.
El organismo ha registrado más de 16 mil casos de desplazamiento forzado en Chiapas, acompañados de despojos territoriales, agresiones a defensores comunitarios y una creciente militarización. Esta última, advierte el Centro, “no ha traído seguridad, sino que ha agravado la violencia estructural”.
Vera López expresó en una conferencia de publica realizada en las puertas de la sede del poder ejecutivo estatal, su preocupación por las incursiones militares en territorios autónomos zapatistas, al considerar que estas acciones “vulneran la autodeterminación de los pueblos y buscan fracturar los procesos de organización comunitaria”.
El obispo calificó como “negociacionismo oficial” la estrategia gubernamental que presume acuerdos de civilidad mientras mantiene vínculos con estructuras criminales.
“Lo que se presenta como mano dura es, en realidad, una estrategia de control que fusiona al gobierno con la delincuencia organizada”, sostuvo.
El presidente del Frayba denunció una “paz simulada” sostenida por pactos entre autoridades y grupos delictivos, lo que genera una narrativa oficial que oculta la gravedad de la crisis.
“La crisis de desapariciones continúa agravándose”: Pedro Faro
Por su parte, Pedro Faro, integrante del Frayba, alertó sobre el incremento sostenido de desapariciones en el estado, un fenómeno que refleja la expansión de la violencia y la impunidad.
“En Chiapas, la crisis de desapariciones continúa agravándose. De acuerdo con los datos documentados por organizaciones civiles, durante el gobierno de Rutilio Escandón (del 8 de diciembre de 2018 al 7 de diciembre de 2024) se registraron 1,204 personas desaparecidas, de las cuales 971 son hombres y 233 mujeres. En total, en el estado suman 1,746 personas desaparecidas hasta la fecha”, detalló Faro.
Los municipios con mayor número de reportes son Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Frontera Comalapa, Comitán y Palenque, zonas que también han sido escenario de enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas de seguridad.
El defensor, destacó que “uno de los casos más graves ocurrió en 2023, cuando diez comerciantes guatemaltecos desaparecieron en la frontera sur, un hecho actualmente bajo revisión ante un comité internacional. Además, recientemente se reportó el hallazgo de 25 fosas clandestinas en los municipios de La Concordia y Palenque, donde fueron recuperados 31 cuerpos: 29 hombres y 2 mujeres. Hasta el momento, no existen informes oficiales sobre su identificación ni avances en las investigaciones”.
Informó que durante los primeros once meses del actual gobierno estatal -del 27 de octubre de 2024 al 27 de octubre de 2025- las organizaciones han contabilizado 339 personas desaparecidas (230 hombres y 109 mujeres). Los municipios más afectados siguen siendo Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, La Concordia y Arriaga.
Frente a esta situación, mencionó a las colectivas de madres buscadoras que mantuvieron un plantón permanente frente a la Fiscalía General del Estado, denunciando la ineficiencia e indiferencia de las autoridades para localizar a sus familiares.
Desapariciones en zonas zapatistas
Dijo que, en los territorios de autonomía zapatista, el Frayba ha documentado 36 desapariciones vinculadas al conflicto armado interno, entre ellas la de Antonio González Méndez, reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como desaparición forzada.
El organismo también reporta 34 personas desaparecidas pertenecientes a la Zona de Tierra y Libertad (ZTL), además de los 36 casos adicionales confirmados. Las organizaciones sociales sostienen que la mayoría de estas desapariciones ocurren en un contexto de impunidad, colusión estatal y presencia de grupos criminales, por lo que las catalogan como desapariciones forzadas.
“Una política del silencio”
El Frayba advirtió que las desapariciones y la violencia no son hechos aislados, sino parte de una política del silencio que normaliza el horror.
“Las instituciones que deberían buscar a las personas desaparecidas, proteger a sus familias y garantizar justicia han fallado. Esa falla no es accidental, es estructural, persistente y criminal”, subrayó Vera López.
El Centro reiteró que las reformas impulsadas desde el poder central no han fortalecido la justicia ni la protección de los derechos humanos, sino que han debilitado los contrapesos democráticos y erosionado los organismos autónomos.
“México atraviesa una profunda crisis de derechos humanos. Lo que enfrentamos no es solo un espiral de violencia, sino un entramado de impunidad que se refuerza con el debilitamiento institucional”, concluyó el presidente del Frayba.