Por: Rafael Solís
No quiero dejar pasar más tiempo para platicarles cómo vemos las cosas en México dada la relación binacional con los Estados Unidos de América (EUA), que desde el inicio de ambos gobiernos no hemos visto un mayor acercamiento entre sus mandatarios, fuera de las 15 llamadas telefónicas y una conversación fortuita con motivo del sorteo del Mundial de Futbol de 2026 que organizó la FIFA en el vecino país del norte.
Tengo que enfatizar que desde su regreso a la presidencia por segunda ocasión —20 de enero de 2025—, el presidente Donald Trump reconfiguró la relación con México, desde una perspectiva de seguridad nacional total, al pasar el debate de la cooperación a la exigencia de resultados y aplicar instrumentos no tradicionales como palancas de política exterior —aranceles, restricciones migratorias y designación de los cárteles como organizaciones terroristas—.
Los aspectos que así lo reflejan son la declaratoria de emergencia en la frontera sur de EUA con el discurso de detener por completo la migración irregular y el narcotráfico, lo que reactivó medidas como la detención ampliada y el retorno de solicitantes de asilo —Protocolos de Protección a Migrantes (MPP)—.
En esa misma línea, el gobierno estadounidense vincula explícitamente la crisis de drogas en su territorio y la migración irregular con la cooperación de México; incluso, amplía el marco de amenaza extraordinaria para justificar medidas económicas si no hay resultados en la neutralización de redes criminales y flujos ilícitos.
Este enfoque aumenta la capacidad de Washington para imponer costos —económicos y reputacionales—, pero eleva el riesgo de diplomacia punitiva; el problema regional se vuelve rehén de señales domésticas y de la política electoral permanente.
Bajo esta perspectiva tendríamos que decir que los factores críticos en la agenda binacional están claramente visualizados por la política migratoria del presidente Trump, porque la articula como control operativo —barreras físicas, detención, remociones rápidas— y externalización de costos hacia países de tránsito y origen.
En su disposición sobre sus fronteras, se ordena retomar los MPP y se anuncia el fin de programas de parole —permiso temporal humanitario—, incluyendo procesos para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esto presiona a México en dos frentes, al tener que administrar retornos y movilidad en su territorio y negociar cooperación a cambio de certidumbre comercial y trato preferencial.
Ahora bien, esto ubica a México en un dilema; es decir, cooperar reduce fricciones inmediatas, pero puede traducirse en cargas administrativas y humanitarias internas; resistir preserva soberanía narrativa, pero eleva el riesgo de represalias económicas.
Si analizamos el tema del narcotráfico y el fentanilo, el presidente Trump ubica este asunto en un estatuto cuasi-bélico al impulsar la designación de los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).
En paralelo, EUA refuerza el ataque financiero: Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) emitió órdenes bajo nuevas facultades para limitar transacciones vinculadas a lavado asociado a drogas, incluyendo señalamientos a instituciones mexicanas.
En el plano político, el incentivo de Washington es claro, porque pide más cooperación operativa —aseguramiento de laboratorios, decomisos y extradiciones— y más depuración institucional.
Desde el lado mexicano, hay cooperación relevante reportada por fuentes oficiales estadounidenses —despliegues, traslados de objetivos y acciones contra laboratorios—, pero el límite estructural es la soberanía y la estabilidad política interna.
El hecho es que catalogar a los cárteles como terroristas puede mejorar coordinación financiera y persecución transnacional; pero también abre incentivos a acciones unilaterales y a desencuentros diplomáticos.
Reportes recientes muestran tensión explícita por la idea de intervención directa; es decir, uso de la fuerza estadounidense en territorio mexicano.
El tratado comercial —T-MEC— ya no opera sólo como marco económico, sino como mecanismo de presión cruzada.
La primera revisión conjunta está fijada para el 1 de julio de 2026; el proceso permite recomendaciones, consultas y la discusión sobre su extensión a 16 años o la ruta hacia revisiones anuales.
Esto hace que, para el presidente Trump, el comercio sea una herramienta para cobrar cooperación en migración y drogas.
Además, informes del Congreso describen cómo las acciones arancelarias de 2025 incluyeron explícitamente componentes relacionados con fentanilo y migración en la región.
Sin duda alguna, atar seguridad a comercio genera incertidumbre para inversiones y cadenas de suministro; pero también fuerza a México a priorizar resultados verificables para blindar el vínculo económico.
Otro de los factores que debemos observar en esta relación binacional son los casos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, porque en el hemisferio, el presidente Trump combina sanciones, coerción comercial y control de flujos como parte de un rediseño del orden regional; por ejemplo, tarifas potenciales a países que importen petróleo venezolano —25%— y medidas recientes para resguardar ingresos petroleros venezolanos bajo control estadounidense.
En Cuba, la tensión diplomática sigue alta —incluida la disputa pública sobre supuestas conversaciones— y se han anunciado restricciones de entrada que incluyen a Cuba y Venezuela.
Washington ha explorado medidas comerciales severas para Nicaragua —hasta 100% en tarifas propuestas bajo la lógica de prácticas “irrazonables” en derechos laborales/humanos—.
En este contexto, se diría que aunque México no sea el objetivo directo en estos casos, el endurecimiento regional incrementa flujos migratorios y reordena alianzas; además, empuja a Washington a exigir alineamientos tácitos, que indudablemente, tropiezan con la política exterior mexicana de no intervención.
En el caso de la corrupción, el presidente Trump tiende a tratarla como la infraestructura que permite al crimen capturar territorios y rutas.
En esa lógica, medidas como revocación de visas a políticos y funcionarios por interés nacional se vuelven instrumentos de disuasión y presión política.
Reuters reportó revocaciones de visas a por lo menos 50 políticos y funcionarios mexicanos como parte de una escalada de presión vinculada a cárteles y redes delictivas, que tiene costos reputacionales para redes corruptas, pero puede tensar la cooperación si se percibe como intervención o selectividad política.
Ahora bien, después de tratar de entender los factores que tensan la relación binacional, tendríamos que preguntarnos ¿qué gana y qué arriesga cada parte? EUA gana capacidad de imponer costos rápidos —aranceles, visas y designaciones—, y alinear burocracias a objetivos medibles —decomisos, aseguramiento de laboratorios y expulsiones—; sin embargo, arriesga y erosiona la legitimidad internacional, litigios internos y una espiral de medidas que dañen el comercio y la cooperación.
Por su lado, México gana margen de negociación si convierte cooperación en certidumbre comercial y apoyos para inteligencia financiera y control de armas e insumos para la delincuencia organizada, pero arriesga con la sobrecarga migratoria, prevalencia de la militarización y fricciones por soberanía, además de costos políticos internos.
Si las cosas están así, entonces tendríamos que tratar algunos escenarios y alternativas de solución:
1.-Escalada coercitiva y relación condicionada.
Washington intensifica aranceles o amenazas y presiona por acciones más intrusivas; México responde con cooperación selectiva para garantizar la soberanía.
Bajo esta perspectiva, se sugiere crear un Mecanismo de Verificación Binacional —indicadores sobre el combate y aseguramiento de fentanilo, laboratorios, precursores, lavado y armas—, para sustituir amenazas por cumplimiento verificable, blindando al T-MEC de la agenda de seguridad nacional.
2.-Cooperación pragmática en el T-MEC.
Ambos gobiernos usan la revisión de julio de 2026 como paquete de negociación, para generar certidumbre comercial a cambio de metas de seguridad y migración.
En esta lógica, se plantea un paquete 3×3:
En el caso del fentanilo, mayores controles de precursores, inteligencia operativa y golpe financiero —Anti-Money Laundering (AML)—.
Sobre la migración explorar la posibilidad de otorgarse vías legales focalizadas, gestión de retornos con estándares y el combate al tráfico de personas.
En la economía plantear reglas claras de inversión y para las cadenas de suministro; cláusula de no represalia vinculada a verificación.
3.-Pacto regional de seguridad humana.
Reconocer que la migración y crimen organizado son problemas regionales, con un enfoque de corresponsabilidad; se reactiva la coordinación con Centroamérica y Caribe, y se integra prevención social y fortalecimiento civil.
Para fortalecer este pacto se debe transitar de respuestas militarizadas a un enfoque de seguridad ciudadana —policías civiles profesionalizadas, inteligencia con controles, prevención y rendición de cuentas—, como se argumenta en reflexiones recientes sobre el nuevo paradigma de seguridad en México.
4.-Balkanización regional
Las sanciones y coerción en el Caribe y Centroamérica —Venezuela, Cuba y Nicaragua—, aumentan flujos y polarización; México queda atrapado entre presiones humanitarias y exigencias de control.
Por ello, México impulsaría una agenda de estabilidad, basada en cooperación técnica —migración y seguridad financiera—, sin alineamiento ideológico, y acuerdos operativos con EUA con límites claros —soberanía, derechos y jurisdicción—.
Qué complicado.