Denuncian agresión y detención de tsotsiles evangélicos en Zinacantán

San Cristóbal de las Casas Chis. 16 Enero. – Un grupo de tsotsiles evangélicos de las comunidades de Pinal Salinas y Tzajalnab, en el municipio de Zinacantán, denunciaron haber sido víctimas de agresiones físicas y detenciones arbitrarias por parte de pobladores católicos. El conflicto se originó ante la negativa de los afectados a aceptar cargos religiosos y financiar festividades católicas.

Los hechos ocurrieron durante un culto religioso realizado afuera de una vivienda en la localidad de Salinas. Karen Ruiz Gómez, una de las afectadas, relató que vecinos católicos mantuvieron vigilancia sobre la reunión antes de pasar a la agresión directa.

“Atravesaron un vehículo conducido por una persona ebria y una máquina tiró grava para obstruir el camino”, narró.

Tras tomar fotografías del acto, los agresores detuvieron y golpearon a varios asistentes, incluyendo a Lorenzo Moisés Hernández Pérez y a su padre, Mariano Hernández Guillén.

De la agresion se reportan al menos 11 personas detenidas y varios heridos por golpes y pedradas.

Años de hostigamiento y privación de servicios

Los afectados denunciaron que este incidente no es aislado, sino que forma parte de un acoso sistemático que data de hace más de cuatro años.

Como el corte de servicios; tres familias llevan años sin energía eléctrica ni agua potable.

Aislamiento: Les han bloqueado los caminos para impedir el paso de vehículos, así como también se les impide que los niños y niñas asistan a la escuela primaria Lázaro Cárdenas.

Por lo que la comunidad exige que abandonen la Iglesia del Séptimo Día para restablecer sus derechos.

“Estamos de acuerdo en desempeñar cargos comunitarios, pero de su religión no. Exigimos que haya libertad religiosa”, manifestó Ruiz Gómez ante la Fiscalía Indígena.

Intervención de autoridades

Antonio Vázquez Méndez, secretario de la organización Manos a la Obra, señaló que el conflicto estuvo a punto de escalar a una expulsión total el pasado 15 de septiembre.

Aunque la intervención del alcalde José Martínez Pérez frenó el desalojo, la privación de servicios y las amenazas de muerte han persistido.

Los denunciantes exigen a las autoridades del estado de Chiapas que se establezca una mesa de diálogo inmediata o, en su defecto, se aplique la ley contra quienes resulten responsables de las agresiones y la privación de la libertad de los 11 retenidos.