“Censura blanda, contrapesos debilitados y la tentación de gobernar con propaganda”
Rafael Solís
Los controles autoritarios del nuevo régimen en México siguen tomando fuerza.
En el papel, lo único que les haría falta es una reforma electoral; sin embargo, a estas alturas del partido esa discusión luce casi irrelevante, porque el control político se extendió ya sobre amplios tramos de los tres Poderes de la Unión.
Al “acordeonazo” con el que, a mi juicio, se terminó por consumar la captura del Poder Judicial de la Federación, se sumó algo más grave: la normalización de la idea de que los contrapesos son estorbo, no garantía.
El problema no es únicamente jurídico; es operacional y cultural. La concentración del poder suele avanzar sin necesidad de decretos espectaculares: se colonizan órganos estratégicos, se centralizan presupuestos, se disciplina a las mayorías legislativas y se vuelve selectiva la rendición de cuentas.
Cuando la pluralidad se reduce a trámite, la fiscalización se transforma en herramienta política; y cuando la crítica se interpreta como traición, el debate público deja de ser una condición democrática para convertirse en “ruido” que debe administrarse.
Bajo ese esquema, el siguiente paso es predecible: controlar el relato.
Lo paradójico es que, hasta ahora, hay un territorio que aún no pueden dominar por completo: la libertad de expresión.
Por eso han ensayado iniciativas en congresos locales —donde también gobiernan— y han empujado mensajes desde el centro con la pretensión de “regular” la conversación pública y “cerrarle el paso a la desinformación”.
En la práctica, el objetivo parece ser otro: inhibir la denuncia, disciplinar a medios y moldear una opinión pública que solo admita la versión oficial, como si estuviéramos obligados a comprar la idea de un país plenamente feliz.
Cuando fueron oposición, denunciaban pactos de silencio para ocultar la verdad. Se atribuían, decían, el monopolio moral de la verdad y la justicia.
Hoy, porque no es lo mismo ser borracho que cantinero, culpan a los medios de comunicación de la percepción negativa de la seguridad pública.
El problema es que confunden percepción con realidad: la realidad se mide en desaparecidos, desplazamientos forzados, extorsión, cobro de piso y control territorial de economías criminales.
Y esa realidad no se evapora por cambiarle el nombre ni por repetir, una y otra vez, que “vamos bien”.
De ahí el giro cínico: promover un pacto mediático para “cerrarle el paso a la desinformación”, recurso que ellos mismos explotaron cuando no tenían el poder. No se trata —todavía— de censura dura, con prohibiciones abiertas; se trata de censura blanda: estigmatización cotidiana, presión institucional, asfixia publicitaria, campañas de descrédito y la insinuación permanente de que quien señala fallas “daña al país”.
La receta es simple: ocultar la denuncia y exigir aplauso. Hablar, sin matices ni preguntas, de grandes logros en seguridad, salud, educación, infraestructura y economía; y, al mismo tiempo, callar el costo humano de la violencia y el fracaso operativo del Estado.
Pero la realidad es otra. La violencia se sostiene y la impunidad se reproduce desde el más alto nivel, mientras las estructuras delictivas se fortalecen y asfixian comunidades enteras.
El riesgo mayor no es solo que existan pactos criminales; es que se vuelvan normalidad, al grado de que la cohabitación entre autoridad y delincuencia parezca natural.
Cuando eso ocurre, la democracia se vacía, la confianza pública se fractura y el miedo termina funcionando como método de gobierno.
Defender la libertad de expresión no es un lujo ni una consigna: es un requisito mínimo para recuperar la deliberación democrática, documentar abusos y exigir resultados.
Sin periodismo local protegido, sin datos verificables y sin ciudadanía con derecho a decir lo que vive, cualquier estrategia de seguridad se vuelve propaganda.
Y sin verdad pública, la justicia termina siendo una promesa vacía.
El país no necesita un “pacto” para callar. Necesita gobierno que rinda cuentas. Porque cuando el poder teme a la palabra, no es la palabra la que debe bajar la voz: es el poder el que debe dejar de mentir.
Qué complicado.