Por: Rafael Solís
A propósito de la reciente publicación en el New York Times, de la periodista especializada en América Latina, Mary Beth Sheridan, en la cual plantea una perspectiva de México, su gobierno y los presuntos pactos criminales, cuyas circunstancias considera como los grandes obstáculos para la gobernanza y gobernabilidad, quiero compartirles este análisis para que ustedes puedan discernir y formen su propio criterio.
La violencia no escaló solo por más armas o más “capos”, sino porque la delincuencia organizada se convirtió en administración territorial, cobro de rentas y captura institucional: primero policías, luego alcaldías, y hoy decisiones políticas.
Donald Trump insiste en la fantasía de “acabar con los cárteles” a golpe de despliegues y amenazas; la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo responde con soberanía y cooperación “con respeto”. La frase que incendia el debate “los cárteles gobiernan México” funciona como provocación mediática, pero también como síntoma: el punto ciego de Washington —y de buena parte de nuestra clase política— es creer que el problema es un “enemigo externo” enfrentado al Estado, cuando en múltiples regiones el crimen opera con el Estado, desde el Estado, o en sustitución del Estado.
Ahí está la clave de la persistencia: si el narco fuera únicamente una empresa clandestina, bastaría con interrumpir rutas, decomisar cargamentos y capturar liderazgos. Pero la evidencia acumulada apunta a otra cosa: redes criminales que se sostienen por protecciones, intercambios, cooptación y miedo, y que han diversificado sus ingresos hasta parecer un “fisco paralelo” —extorsión, secuestro, robo de combustible, trata, minería ilegal y tráfico de migrantes—.
De la “plaza” al feudo: la violencia como herramienta de administración
Durante décadas, el negocio de las drogas convivió con arreglos locales de tolerancia y protección: no era un mercado libre, era un mercado administrado. En términos históricos, la colusión y el manejo político del tráfico han sido parte del paisaje mexicano desde hace mucho, y no se evaporaron con la alternancia ni con el discurso democrático; simplemente se fragmentaron, compitieron y se volvieron menos “disciplinables”.
La llamada “guerra” y la estrategia de descabezar liderazgos produjeron un efecto conocido: más actores, más disputas, más violencia. Cuando un territorio deja de tener un árbitro —legal o ilegal—, lo que sigue es la pelea por la renta. Hoy, organizaciones como el Cártel de Sinaloa (CDS) o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no solo controlan la producción clandestina y corredores de trasiego: compiten por microterritorios donde el dinero está en el cobro cotidiano —a comercios, transportistas, productores, obras públicas y permisos—.
Y ahí aparece la metamorfosis más peligrosa: el narco deja de ser “negocio” y se vuelve gobernanza criminal. No se limita a mover droga; impone reglas, castiga, decide quién abre, quién vende, quién compite, quién se postula y quién renuncia.
Cuando “seguridad pública” se vuelve ventanilla del crimen
El salto cualitativo no fue solo de violencia, sino de penetración institucional. El ejemplo de Tabasco —con la detención en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad estatal, acusado de encabezar o proteger a La Barredora—, muestra el mecanismo: la frontera entre autoridad y criminalidad no es una línea; a veces es una puerta giratoria. Lo grave no es únicamente el expediente penal, sino el daño estructural: si quien dirige la seguridad se vuelve parte del engranaje delictivo, la persecución deja de ser política pública y se convierte en administración de mercado.
Y no es un fenómeno aislado; recientemente se detuvo al alcalde de Tequila, Jalisco, por un esquema de extorsión presuntamente ligado al CJNG, junto con funcionarios municipales clave. Es la fotografía incómoda del “Estado capturado” a escala local: catastro, obras, seguridad, permisos… todo puede convertirse en instrumento de cobro.
De la captura al chantaje: la política como botín
Cuando el crimen ya “cobra impuestos”, el siguiente paso lógico es asegurarse de que la autoridad formal no estorbe: candidatos intimidados, campañas condicionadas, alcaldes impuestos o eliminados. La violencia político-electoral de los últimos años no es ruido colateral: es parte del modelo de control.
En el proceso electoral de 2024, múltiples reportes documentaron asesinatos de candidatos y funcionarios, en un ciclo considerado de los más violentos; medios hablaron de decenas de víctimas y se registraron más de 30 candidatos asesinados antes de la jornada electoral. No se mata por ideología: se mata por presupuesto, policía municipal, obra pública y “plaza”.
¿Dónde se advierte mayor control territorial?
Ponerle nombre y apellido estatal al “control” siempre es imperfecto, porque el dominio criminal suele ser municipal y regional, no homogéneo en toda la entidad. Aun así, si cruzamos indicadores de violencia asociada a delincuencia organizada, disputas territoriales y evidencia de captura local, aparecen focos rojos recurrentes.
Estados con mayor deterioro/violencia vinculada a crimen organizado —paz más baja, según el Índice de Paz México (IPM) 2025—:
Colima —consistentemente entre los peores por homicidio—.
Guanajuato, Morelos, Baja California y Quintana Roo —siguientes en el grupo más violento—.
Estados donde fuentes especializadas reportan disputas y reacomodos que “redibujan” el mapa criminal —presencia y pugnas de facciones, según Armed Conflict Location & Event Data (ACLED)—:
Sinaloa —fractura interna y escalamiento de violencia—.
Sonora, Baja California y Zacatecas —impacto y expansión de disputas conectadas a esa fractura—.
Estados emblemáticos de presión criminal sobre gobiernos locales y violencia política —casos recurrentes en reportes—:
Guanajuato, Guerrero y Michoacán —violencia dirigida a figuras políticas y disputa territorial—.
Estados con señales de captura o deterioro acelerado en estructuras locales de seguridad/gobierno:
Tabasco —caso Bermúdez/La Barredora; además, el IPM 2025 registra su mayor deterioro reciente—.
Jalisco —casos y señalamientos de extorsión/captura municipal; presencia y expansión del CJNG—.
El dilema de la presidenta de México —y el autoengaño nacional—.
La presidenta puede anunciar operativos, detenciones y cooperación binacional, y al mismo tiempo guardar silencio sobre la pregunta que de verdad duele: ¿qué haces cuando el crimen no solo corrompe, sino que forma parte del andamiaje local que sostiene coaliciones, candidaturas y gobernabilidad cotidiana?
Ahí es donde la amenaza de Trump se vuelve, paradójicamente, coartada perfecta para todos: para Washington, porque simplifica una crisis compleja a “bombardear cárteles”; para México, porque la soberanía —legítima— puede usarse como paraguas retórico que evita el núcleo: romper redes de protección duele, divide, desestabiliza y puede detonar violencia de corto plazo. Y, aun así, no hacerlo sale más caro: normaliza la captura.
No se combate a un “cártel”, se desmonta un régimen de impunidad
El narco en México ya no es solo economía ilícita: es poder. Y el poder no se desmantela con amenazas externas ni con operativos, sino con decisiones internas que cuestan: investigación patrimonial, castigo a la colusión, control civil efectivo de policías, fiscalías que persigan redes —no solo gatilleros— y un rediseño institucional que quite al crimen su principal ventaja: la protección política.
En otras palabras: Trump puede gritar “ataque”; México puede responder “soberanía”. Pero mientras en demasiados municipios la autoridad se negocie, se compre o se imponga con balas, el país seguirá atrapado en la peor versión de la gobernabilidad: la que administra el miedo.
Qué complicado.