Marx y el circo del bienestar

Rezago educativo: la deuda que no cabe en un libro

Por: Rafael Solís

Hay una escena que se repite en miles de aulas: niñas y niños que ya cursan cuarto o quinto de primaria, pero leen a trompicones, no comprenden lo que acaban de pronunciar y resuelven operaciones básicas como quien camina en arena movediza. Ese es el rezago educativo real: no el que se maquilla en discursos, sino el que se instala en la vida cotidiana como una desigualdad temprana que después se vuelve destino.

El problema empieza por una confusión conveniente: “rezago” se usa como si fuera una sola cosa. En México conviven, al menos, dos rezagos. El de escolaridad —personas que no han concluido la educación básica— y el de aprendizajes —estudiantes que asisten a la escuela, pero no aprenden lo esencial—.

En el primero, la medición oficial de pobreza de CONEVAL incluye la carencia por rezago educativo como una de las privaciones sociales. En el segundo, el diagnóstico es todavía más punzante: el Banco Mundial estima que en México 47% del alumnado no alcanza el nivel mínimo de competencia al final de primaria —indicador asociado a lectura y aprendizaje básico—. Y cuando la medición sube de grado y se asoma a los 15 años, el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA 2022) vuelve a mostrar el mismo patrón: desempeño por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en matemáticas, lectura y ciencias.

Este rezago no nace de la nada. Tiene raíces reconocibles y, sobre todo, acumulativas:

Desigualdad socioeconómica y territorial: aprender cuesta menos cuando hay alimentación suficiente, un hogar con tiempo, libros, conexión, y una escuela con servicios mínimos. Cuando no, la escuela compite contra la supervivencia.
Brechas rurales, indígenas y de movilidad: lengua, distancia, multigrado, carencia de docentes especializados y materiales pertinentes. La igualdad “en papel” se rompe en el camino de terracería.
Infraestructura y condiciones escolares: el rezago se multiplica cuando faltan aulas, agua, sanitarios, materiales, conectividad o cuando la violencia desplaza y fragmenta comunidades.
Tiempo efectivo de aprendizaje: entre trámites, festivales, interrupciones, paros, rotación docente, ausencias y grupos sobredimensionados, el “tiempo escolar” no siempre es “tiempo de aprender”.
Gobernanza educativa frágil: sin diagnósticos consistentes, sin acompañamiento docente y sin correcciones rápidas, las fallas se vuelven rutina. La propia política pública reconoce la necesidad de atender el rezago como reto estructural.
La Nueva Escuela Mexicana: el problema no es el lema, es el aterrizaje

En teoría, la Nueva Escuela Mexicana (NEM) se presenta con un enfoque crítico, humanista y comunitario, y afirma colocar al centro el máximo logro de aprendizaje. El Plan de Estudio 2022, además, apuesta por el “codiseño” contextual y por una reorganización curricular.

El conflicto aparece cuando esa promesa se enfrenta al aula real. La NEM llegó con cambios de marco, lenguaje y estructura, pero sin el músculo operativo proporcional: capacitación docente suficientemente amplia y práctica; guías claras para secuenciar aprendizajes fundamentales —lectura, escritura, matemáticas—; materiales revisados con rigor; y, sobre todo, una estrategia nacional de recuperación de aprendizajes con metas verificables. El resultado, en no pocas escuelas, es que el docente carga con el costo del rediseño: interpretar, traducir, improvisar, justificar y “hacer que funcione” con lo que hay.

Dicho sin rodeos: cuando el sistema está en rezago, la prioridad debería ser lo básico bien hecho. Si la lectura comprensiva y el pensamiento matemático no se consolidan temprano, lo “integral” termina siendo una suma de intenciones.

Libros de texto: cuando el aula se vuelve campo de batalla

En ningún lugar se ve más claro el choque entre política y aprendizaje que en los libros de texto. El rediseño de materiales se convirtió en debate nacional por dos razones: la forma —proceso señalado como opaco y apresurado por diversos críticos— y el fondo —acusaciones de sesgo ideológico, además de errores y deficiencias—.

El costo educativo de esa polémica no es abstracto. Cada vez que el libro se discute más por su filiación política que por su valor pedagógico, se pierde algo que la infancia no puede reponer: confianza —de familias y docentes— y tiempo —de enseñanza efectiva—. Y el tema no está cerrado: hace unos días estalló una crisis interna en la Secretaría de Educación Pública (SEP) con la destitución de quien encabezó materiales educativos, en medio de disputas precisamente por cambios a los contenidos y por el rumbo de los libros.

Esto revela algo esencial: si los materiales se diseñan como bandera de proyecto —y no como herramienta técnica para aprender—, el libro deja de ser piso común y se vuelve trinchera.

CNTE: entre la agenda laboral y el derecho a aprender

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) suele justificar su movilización como defensa de la educación pública y de derechos laborales, y es cierto que buena parte de sus demandas se ubican en ese terreno —basificación, condiciones laborales, pensiones, etcétera—. El problema es el método cuando se traduce en suspensión de clases como palanca principal.

En noviembre de 2025, la SEP reportó que un paro de 48 horas afectó alrededor de 10% de las escuelas, con impacto concentrado en entidades específicas. Para un país con rezago de aprendizajes, dos días menos no son “solo dos días”: son menos lectura guiada, menos práctica matemática, menos retroalimentación. Y el golpe es más duro donde ya hay pobreza educativa: justo en los territorios donde la escuela es, muchas veces, el único amortiguador de desigualdad.

Aquí está la contradicción de fondo: cuando los intereses gremiales —legítimos en su origen— se convierten en dinámica recurrente de interrupción escolar, terminan chocando con el interés superior del sistema: garantizar aprendizajes básicos universales. La política educativa no puede sostenerse sobre la normalización del conflicto.

¿Y entonces?

Si se quiere hablar en serio de rezago educativo, hay que dejar de tratarlo como slogan y empezar a abordarlo como política de Estado:

Recuperación intensiva de aprendizajes —lectura y matemáticas— en los primeros grados, con tutorías, práctica diaria y seguimiento.
Diagnóstico útil y transparente: evaluar para corregir, no para castigar. —Hoy existen esfuerzos diagnósticos para educación básica, pero deben traducirse en acompañamiento real y recursos—.
Materiales sin propaganda: libros técnicamente robustos, revisados por expertos, con corrección pública de erratas y versiones mejoradas sin convertir cada página en disputa facciosa.
Profesionalización docente con soporte: menos carga administrativa y más coaching pedagógico en aula.
Acuerdos con el magisterio que protejan el calendario escolar: el derecho a la protesta no puede cancelar el derecho a aprender; debe haber mecanismos de negociación que no pongan a la niñez como rehén.
El rezago educativo no se resuelve con un nuevo nombre de modelo ni con un rediseño editorial cargado de consigna. Se resuelve cuando el Estado —y todos los actores que lo presionan o lo capturan— aceptan una regla simple: la educación básica no es arena de adoctrinamiento ni moneda de cambio. Es el único lugar donde el país puede decidir, a tiempo, si su infancia tendrá futuro o solo una narrativa sobre él.

Qué complicado.