Por: Fredy Martín Pérez
Juárez, Chiapas. – Una adolescente de 14 años, víctima de una violenta agresión sexual y física en el municipio de Juárez, al norte de Chiapas, cumple una semana sin recibir justicia ni atención médica, mientras su agresor permanece en libertad bajo la presunta protección de las autoridades locales.
María Teresa López Morales, madre de la menor, denunció ante los medios de comunicación que el ataque ocurrió el pasado 12 de febrero alrededor de las 06:30 horas, cuando su hija se dirigía a la escuela.
Un sujeto desconocido la interceptó en la vía pública y la obligó a entrar al Centro Social de Juárez, donde cometió el abuso.
Tras la agresión, el sujeto la amordazó y la ató de pies y manos; la menor logró liberarse y pedir ayuda horas más tarde.
Un calvario burocrático
La búsqueda de justicia ha sido un camino de obstáculos. El día de los hechos, el Ministerio Público de Juárez se negó a recibir la denuncia bajo el argumento de que “no había luz”.
Esto obligó a la madre a trasladarse con la víctima hasta el municipio de Reforma, a 33 kilómetros de distancia, donde tuvieron que esperar horas para ser atendidas y para que arribara un médico legista.
A siete días del crimen, el presunto agresor —quien fue captado por cámaras de seguridad de un domicilio cercano— sigue libre.
“Hasta ahorita no tengo respuesta de las autoridades competentes. Mi hija está sufriendo como yo. No es justo, quiero justicia”, declaró López Morales entre lágrimas.
Presunta complicidad en el Ayuntamiento
La madre de la víctima señala directamente al Ayuntamiento de Juárez, encabezado por el alcalde Oscar Serra Cantoral (PVEM), de ocultar información vital. A pesar de que el crimen ocurrió en un edificio público, las autoridades municipales se han negado a revelar quién tenía las llaves de acceso al Centro Social ese día.
“Saben quién es, saben dónde vive, pero casualmente las autoridades no lo ven. Aquí hay mano negra”, denunció la madre, quien sospecha que la falta de resultados se debe a su precaria situación económica.
Sin atención médica ni psicológica
Además de la impunidad judicial, la adolescente no ha recibido seguimiento médico ni apoyo psicológico por parte del Estado, dejándola en un estado de vulnerabilidad emocional extrema. “A mi hija le rompieron sus sueños; la lastimaron física y emocionalmente”, lamentó María Teresa.
Sociedad civil convoca a marcha
Ante la inacción de la Fiscalía de Distrito, la colectiva 50+1 condenó enérgicamente la agresión, calificando como inadmisible que un recinto público municipal fuera el escenario de un acto tan atroz.
Como medida de protesta y exigencia de justicia, familiares y ciudadanos han convocado a una marcha este sábado 21 de febrero a las 16:00 horas, para exigir que el caso no quede en el olvido y se logre la captura inmediata del agresor.