San Cristóbal de las Casas, Chis.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó el desplazamiento forzado de 30 personas tseltales, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), ocurrido el 12 de febrero de 2026 en el ejido Jotolá, municipio de Chilón, Chiapas.
Ocho familias campesinas fueron obligadas a abandonar sus hogares en medio de violencia extrema. Entre las personas desplazadas se encuentran 17 niñas y niños, una mujer embarazada, dos personas adultas mayores y dos menores de edad con discapacidad. Actualmente, las familias sobreviven en condiciones precarias en el lugar de refugio.
De acuerdo con el Frayba, a las 8:00 de la mañana del 12 de febrero fue detenido Francisco Moreno Hernández por la Policía Municipal de Chilón. Posteriormente, alrededor de las 11:00 horas, aproximadamente cien personas irrumpieron en las tierras donde habitaban las ocho familias desplazadas.
Entre los agresores se identificó la participación de la Guardia Estatal, la Policía Municipal, funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Tribunal Unitario Agrario.
El ataque dejó cinco viviendas destruidas, pertenencias robadas y quemadas, animales domésticos asesinados y al menos tres personas sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. En ese contexto fue detenida María de Jesús Sánchez, quien —según la denuncia— fue torturada durante su traslado por un elemento de la Fiscalía Indígena y amenazada con ser desaparecida.
Judicialización y medidas cautelares
Ese mismo día, Francisco Moreno Hernández y María de Jesús Sánchez fueron puestos a disposición del Juzgado de Control de Yajalón, acusados del delito de despojo agravado.
El 17 de febrero continuó la audiencia, en la cual el juez determinó vincularlos a proceso. A Francisco Moreno Hernández se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pese a que la Fiscalía no argumentó la necesidad de dicha medida, por lo que actualmente se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 12, en Yajalón.
En el caso de María de Jesús Sánchez, se dictó la medida cautelar de firma periódica semanal.
Además, existen ocho órdenes de aprehensión adicionales contra integrantes del CNI, lo que, según el Frayba, forma parte de una estrategia de criminalización que busca legitimar la violencia y el desplazamiento, aumentando la vulnerabilidad de las familias afectadas.
Impactos humanitarios y psicosociales
Las consecuencias del ataque afectan derechos fundamentales como la integridad y seguridad personal, el derecho a la vivienda y a la tierra, así como el acceso a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.
En el lugar de refugio se reportan ansiedad, miedo, insomnio y estrés. Adultos mayores presentan agravamiento de enfermedades crónicas. Niñas y niños manifiestan pesadillas, decaimiento y afectaciones emocionales. Un bebé de dos meses sufre vómito y diarrea, mientras que una mujer embarazada de cuatro meses padece dolores abdominales.
El organismo subrayó el derecho a la no discriminación en el caso de María de Jesús, mujer desplazada y madre de cuatro hijas e hijos, cuya situación de vulnerabilidad se agrava por la violencia y el desplazamiento.
El Frayba responsabilizó a los gobiernos federal y estatal por el desplazamiento y exigió: Libertad inmediata para Francisco Moreno Hernández, cancelación de las ocho órdenes de aprehensión, cese de la criminalización contra integrantes del CNI; investigación exhaustiva y sanción a los responsables.
Aplicación inmediata de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU y cumplimiento de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas.
Atención integral urgente a mujeres embarazadas, personas adultas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad.
Finalmente, convocó a la solidaridad nacional e internacional ante lo que considera una estrategia sistemática de despojo y represión contra comunidades indígenas que defienden la tierra y el territorio.