La nómina del cinismo

Por: Rafael Solís

Hay un momento —silencioso, casi imperceptible— en el que una sociedad deja de indignarse y empieza a administrar el escándalo. Ya no pregunta ¿Cómo es posible?, sino ¿Cuánto fue? y ¿a quién le tocó? En México, la impunidad y la corrupción no son solo vicios públicos: se han vuelto un sistema operativo que sostiene —o corroe— la estabilidad política, económica y social. Y lo más grave no es su presencia —que de por sí es devastadora—, sino su normalización: la pérdida de asombro frente a lo inaceptable.

Impunidad y corrupción funcionan como engranes: la corrupción compra impunidad y la impunidad protege la corrupción. La primera abre puertas, borra huellas, dobla procedimientos; la segunda garantiza que, aun si el delito se asoma, no habrá consecuencias proporcionales. Ese binomio es el mejor incentivo para el crimen organizado, pero también para cualquier red que pretenda capturar instituciones: si el riesgo de castigo es bajo, el delito se convierte en inversión.

La evidencia de ese mercado se refleja en costos nacionales que ya no pueden maquillarse con discursos. El Índice de Paz México (IPM) 2025 advierte que la violencia tiene un impacto económico equivalente a una porción enorme del PIB y que los pilares de bajos niveles de corrupción y buen funcionamiento del gobierno son los que más se relacionan con mejores niveles de paz: cuando fallan, crece la violencia y se estrecha la legitimidad.

De la mordida a la captura institucional

Lo que antes se leía como corrupción menor —la mordida cotidiana, el trámite agilizado— hoy convive con una corrupción estructural: la que se instala en presupuestos, contrataciones, corporaciones de seguridad, fiscalías, juzgados y hasta circuitos empresariales. Es ahí donde el daño deja de ser individual para volverse macroeconómico y político: sube el costo de hacer negocios, se encarece la inversión, se distorsiona la competencia, se desincentiva la denuncia y se pulveriza la confianza pública.

Cuando la ciudadanía asume que todo está arreglado, el Estado pierde su atributo esencial: la credibilidad de que la ley es regla y no excepción. Esa erosión no necesita un golpe de Estado; basta una suma de pequeñas renuncias: policías que voltean, funcionarios que firman, empresarios que callan, operadores judiciales que dejan pasar. Cada eslabón, por separado, puede parecer anecdótico; juntos conforman una arquitectura de impunidad.

Tapalpa: contabilidad del poder criminal

El ejemplo reciente más elocuente es el hallazgo de narco nóminas en cabañas de Tapalpa, Jalisco. Los reportajes de El Universal describen registros —a mano y digitales— con ingresos, egresos y pagos que dibujan al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización con disciplina contable y estructura laboral: sueldos, logística, gastos operativos y, en el mismo renglón, presuntos sobornos a autoridades.

Ahí está el dato que debería incendiar conciencias: según lo difundido, la contabilidad no solo contempla pagos a halcones o sicarios, sino menciona entregas y pagos que alcanzarían a ámbitos institucionales (corporaciones, personal y redes de protección). No es solo dinero sucio circulando: es dinero sucio comprando Estado.

La narconómina también revela algo incómodo: el control territorial no se sostiene únicamente con armas, sino con servicios: renta de inmuebles, abastecimiento, combustibles, redes tecnológicas, vigilancia, y una administración que imita al gobierno donde el gobierno no llega o llega tarde. La criminalidad se vuelve, entonces, una forma de gobernanza paralela: impone reglas, recauda, castiga, ayuda, y al mismo tiempo captura piezas del aparato formal.

Neutralizar al líder no neutraliza el sistema

En este marco se inscribe la operación del 22 de febrero de 2026 en Tapalpa contra Rubén Oseguera Cervantes (El Mencho) —nombre que suele aparecer con variaciones en la conversación pública—, cuya captura y muerte ha sido reportada por diversas fuentes y coberturas periodísticas.

Pero el punto de fondo no es la biografía del capo, sino la lección política: la estructura sigue, aun si cae el vértice. La reacción violenta posterior —bloqueos, incendios, desestabilización regional— muestra capacidad operativa, disciplina territorial y, sobre todo, la existencia de redes que van más allá del mando visible. La neutralización es un evento; la impunidad es un régimen.

De hecho, la misma cobertura sobre la región sugiere cómo el crimen se incrusta en economías locales mediante lavado, turismo e inmobiliario, generando un círculo vicioso: el dinero ilícito sostiene negocios, los negocios normalizan el dinero, y la política termina administrando esa normalidad por temor, conveniencia o captura.

El verdadero motor: la certeza de que no pasa nada

Por eso la normalización es más grave de lo que parece. No es apatía: es un aprendizaje social. La gente deja de exigir justicia no porque apruebe el delito, sino porque no espera consecuencias. Y esa expectativa —la certeza de la impunidad— se vuelve el motor que mueve todo: campañas financiadas, plazas pactadas, contratos asignados, investigaciones congeladas, expedientes que nunca llegan a sentencia.

Romper ese ciclo no se logra con retórica punitiva ni con golpes aislados. Se logra con una arquitectura de integridad que haga caro delinquir y difícil comprar impunidad:

Seguir el dinero con inteligencia financiera real y decomisos que afecten redes, no solo operadores.
Blindar instituciones locales —municipios y policías— con controles verificables y carreras profesionales, porque ahí se decide la captura territorial.
Fortalecer investigación y justicia, reduciendo incentivos a la corrupción: salarios dignos, evaluación, trazabilidad de expedientes y sanción efectiva.
Rendición de cuentas sin simulación, porque la impunidad prospera donde la fiscalización es decorativa.
Ciudadanía sin resignación, porque la tolerancia social es la última capa de protección del sistema corrupto.
México no está condenado a vivir entre nóminas clandestinas y escándalos reciclados. Pero sí está obligado a reconocer lo esencial: la impunidad y la corrupción ya no son fallas del sistema; se han comportado como su columna vertebral. Y ningún país se mantiene estable cuando lo que sostiene su vida pública es, precisamente, lo que la envenena.

Qué complicado.