Municipios de Chiapas gastan recursos en supuesta atención médica, cuidados, alimentos y mobiliario para atender a población infantil que migra, pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detecta que los servicios no se ejercieron, además de irregularidades con las adquisiciones y el personal contratado.
EMEEQUIS/Áxel Chávez.– Municipios de Chiapas con alto nivel de marginación, y que son paso de caravanas migrantes, cargaron al erario, como Servicios de Asistencia Social Integral, atención médica, cuidados, alimentos y mobiliario para atender a población infantil que migra, pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que los gastos no se hicieron o hubo irregularidades con las adquisiciones o el personal contratado.
Incluso, el ente federal aseguró que hay instalaciones que no operan –y aún así tienen nóminas y servicios facturados como si atendieran a menores en condición de vulnerabilidad– o que hay equipo no localizado, o guardado en cajas, lo cual representa un gasto sin beneficio social.
La auditoría 613 al municipio de Pijijiapan, por Servicios de Asistencia Social Integral, arrojó una observación por 1 millón 931 mil 769.60 pesos por no acreditar el pago a “productos de primera necesidad” y “gastos de operación” en el albergue que atiende a niños y niñas migrantes.
Pijijiapan, ubicado en la costa de Chiapas, se encuentra en una región caracterizada por altos índices de pobreza estructural. Según el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2025, 39 mil 452 pobladores, que equivale al 68.3%, vive en pobreza y 17.8% en el nivel extremo.
Asimismo, es un punto crítico de descanso y tránsito para caravanas migrantes (principalmente de Cuba, Centroamérica y Haití) que buscan llegar a Ciudad de México o a Estados Unidos, desde finales de 2024 y en 2025. Según estimaciones locales, más de mil 200 personas solían estar varadas, con denuncias de redadas del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional, mientras buscaban permisos de tránsito.
Observaciones en Motozintla.
El proyecto fiscalizado se llama “Fortalecimiento para la atención de NNA (niños, niñas y adolescentes) migrantes en Pijijiapan, Chiapas”, en la que, a consideración de los auditores, no hubo documentación comprobatoria y justificativa de las operaciones de gasto revisadas.
Se trata de dos de tres vertientes en las que se destinaron los 1.9 millones de pesos que demanda la Auditoría: “Adquisición de productos de primera necesidad” y “Gastos de operación para el fortalecimiento de los centros o establecimientos”. En el segundo concepto, fueron observados 536 mil 400 pesos, mientras que el primero concentra el mayor faltante por justiciar: un millón 395 mil pesos.
La otra vertiente del programa es “Acciones de infraestructura y fortalecimiento de los centros o establecimientos de asistencia”, en el que se gastaron 730 mil pesos, pero no hubo observaciones.
La ASF expuso que al no acreditar el destino y el ejercicio del recurso en productos de primera necesidad y en acciones de infraestructura y fortalecimiento del alberge, existe el riesgo de que “el recurso no esté siendo ejercido para su objetivo”.
En Pijijiapan, la necesidad de atención a personas en traslado implica el cuidado médico, la alimentación y el alojamiento, así como la asistencia de trámites y el resguardo de seguridad. De acuerdo con organizaciones de defensa de derechos humanos locales, los menores caminan hasta 150 kilómetros desde Tapachula hasta este lugar, lo que les acarrea llagas en los pies y lesiones musculares.
La auditoría 608 al municipio de Motozintla –todas corresponden a la tercera entrega de la cuenta pública 2024–, igualmente por Servicios de Asistencia Social Integral, reveló que el ayuntamiento pagó a personal de salud para atender niñas y niños migrantes.
Observaciones en Pijijapan.
Sin embargo, no acreditó que el personal tuviera las credenciales profesionales para cumplir los objetivos, con base en los lineamientos de la Ley General de Salud, artículos 79 y 83, y de la Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional del Estado de Chiapas, artículo 2; así como la Ley para el Ejercicio Profesional del Estado de Chiapas, en su artículo 6.
Por lo tanto, presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 947 mil 520.42 pesos, por la falta de cédulas profesionales que acrediten que el personal contratado cumplía las especificaciones que requerían los puestos.
Ubicado en la Sierra Madre de Chiapas, Motozintla es un municipio con una población de más de 76 mil habitantes donde el 66% vive en pobreza multidimensional; también, otro paso de migrantes.
Para la ASF, esta irregularidad evidenció discrecionalidad en la contratación de personal de la salud sin acreditarlo profesionalmente, por lo que pone en riesgo de un servicio inadecuado a población vulnerable.
En Villa Comaltitlán, Chiapas, la auditoría 625 arrojó que se destinaron 5 millones de pesos para la operación del Centro de Asistencia Social para migrantes, que incluían obra, equipamiento y nómina, pero el complejo no opera, por lo que no cumple su cometido. Asimismo, el equipamiento hallado sigue en cajas y sin usar, lo que, a decir del órgano inspector, es un gasto público sin beneficio social.
Entre el monto observado están 2.5 millones de pesos usados como “pagos a los trabajadores” y 1 millón 242 mil 357.32 pesos del programa E040 “Servicios de Asistencia Social Integral”, porque no hay evidencia de que ese monto se hubiera destinado a atender o asistir a niñas, niños y adolescentes en situación de migración, porque el centro no opera.
Observaciones en Pijijapan.
Sin embargo, no acreditó que el personal tuviera las credenciales profesionales para cumplir los objetivos, con base en los lineamientos de la Ley General de Salud, artículos 79 y 83, y de la Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional del Estado de Chiapas, artículo 2; así como la Ley para el Ejercicio Profesional del Estado de Chiapas, en su artículo 6.
Por lo tanto, presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 947 mil 520.42 pesos, por la falta de cédulas profesionales que acrediten que el personal contratado cumplía las especificaciones que requerían los puestos.
Ubicado en la Sierra Madre de Chiapas, Motozintla es un municipio con una población de más de 76 mil habitantes donde el 66% vive en pobreza multidimensional; también, otro paso de migrantes.
Para la ASF, esta irregularidad evidenció discrecionalidad en la contratación de personal de la salud sin acreditarlo profesionalmente, por lo que pone en riesgo de un servicio inadecuado a población vulnerable.
En Villa Comaltitlán, Chiapas, la auditoría 625 arrojó que se destinaron 5 millones de pesos para la operación del Centro de Asistencia Social para migrantes, que incluían obra, equipamiento y nómina, pero el complejo no opera, por lo que no cumple su cometido. Asimismo, el equipamiento hallado sigue en cajas y sin usar, lo que, a decir del órgano inspector, es un gasto público sin beneficio social.
Entre el monto observado están 2.5 millones de pesos usados como “pagos a los trabajadores” y 1 millón 242 mil 357.32 pesos del programa E040 “Servicios de Asistencia Social Integral”, porque no hay evidencia de que ese monto se hubiera destinado a atender o asistir a niñas, niños y adolescentes en situación de migración, porque el centro no opera.