8M en México: no hay fiesta sin justicia

Por: Rafael Solís

En México, el 8 de marzo no debería “festejarse con júbilo” como si se tratara de una meta alcanzada, sino conmemorarse: recordarlo con solemnidad, con memoria y con exigencia. Porque el termómetro real no son los discursos ni los slogans —por emotivos que parezcan—, sino la vida cotidiana de millones de mujeres que siguen habitando el miedo, la violencia y la impunidad.

Los datos nacionales son difíciles de ignorar. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, estima que 70.1% de las mujeres de 15 años y más ha vivido al menos una situación de violencia a lo largo de su vida; y 42.8% la vivió tan solo entre octubre de 2020 y octubre de 2021. No es una “minoría” ni un “tema de agenda”, es una realidad estructural que atraviesa barrios, escuelas, centros de trabajo y hogares.

Y aquí aparece una verdad incómoda: muchas violencias empiezan en lo íntimo, no en lo lejano. La misma ENDIREH reporta que 39.9% de las mujeres que han tenido relación de pareja vivió violencia en la relación actual o última. Además, 41.8% de las mujeres vivió algún tipo de violencia durante la infancia; y, en el ámbito escolar, 32.3% de quienes asistieron a la escuela sufrió violencia a lo largo de su vida como estudiantes. Cuando una niña aprende temprano que su cuerpo no es plenamente suyo, o que denunciar “solamente complica las cosas”, el país no avanza, se acostumbra a la herida.

La expresión más brutal es la violencia letal. En 2024 el Índice de Paz México (IPM-2025) registra 3 mil 427 homicidios de mujeres y 829 feminicidios —aproximadamente una de cada cuatro muertes violentas de mujeres fue tipificada como feminicidio—. Eso equivale, en promedio, a más de nueve mujeres asesinadas al día y más de dos feminicidios diarios.

Y aun esa cifra convive con un problema adicional: la tipificación desigual entre entidades y la debilidad investigativa, que distorsionan el diagnóstico y, por tanto, la respuesta pública.
En delitos sexuales y violencia de género, el subregistro no es un detalle técnico: es parte del problema. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 —referida a hechos de 2024—, estima 4 mil 160 delitos sexuales por cada 100 mil mujeres, y señala que se cometen ocho delitos sexuales contra mujeres por cada uno contra hombres. Pero, al mismo tiempo, la ENVIPE reporta una cifra oculta de 93.2%: delitos que no se denunciaron o que no derivaron en carpeta de investigación. ¿Cómo sostener, entonces, que “vamos bien” cuando la mayoría de los hechos ni siquiera llega a investigación formal?

La violencia también cambió de escenario, hoy se cuela por la pantalla. El Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2023, estima que 22% de las mujeres usuarias de internet vivió ciberacoso en el periodo observado; y entre mujeres de 20 a 29 años, la prevalencia llega a 30.7%. No es un “problema menor”, es control, intimidación, sexualización no consentida y persecución que se traslada —muchas veces— al mundo físico.

En ese contexto, amurallar Palacio Nacional —más allá del argumento operativo de seguridad—, se lee como símbolo: el poder se protege a sí mismo mientras la ciudadanía exige protección para las mujeres. Y el propio debate está vivo: esta semana se reportó que el gobierno federal considera nuevamente instalar vallas frente a Palacio por la marcha del 8M. Si la frase “llegamos todas” pretende ser más que retórica, la prioridad debería ser otra: que lleguen vivas, que lleguen seguras, que lleguen con justicia.

Cambiar la perspectiva “aunque incomode” implica dejar de administrar el problema con narrativa y empezar a enfrentarlo con políticas públicas medibles. Por ejemplo:

Prevención temprana —infancia y adolescencia—: escuela segura, detección de violencia en casa, atención psicológica y rutas de protección reales.
Respuesta inmediata y protección efectiva: refugios, órdenes de protección que se cumplan, y acompañamiento integral sin revictimización.
Investigación con capacidad y urgencia: ministerios públicos especializados, peritajes oportunos, coordinación policial-investigativa y estándares homogéneos de tipificación.
Combate frontal a la impunidad: si 93% no llega a investigación, el mensaje social es devastador: “no pasa nada”.
Datos transparentes y comparables: sin cifras confiables no hay política eficaz; sin evaluación, todo se queda en campaña permanente.
Corresponsabilidad social: el Estado debe liderar, pero la cultura que normaliza el maltrato también se confronta con educación, medios responsables y participación comunitaria.
Finalmente, quiero destacar que informes recientes —febrero-marzo 2026—, consignan desapariciones de jóvenes —incluidas adolescentes—, lo que indica una crisis continua en el Estado de México y estudiantes universitarias en Morelos.

Universidad Autónoma del Estado de Morelos —marzo 2026—:

Kimberly Joselin Ramos Beltrán (18 años): desapareció el 20 de febrero y fue hallada sin vida el 2 de marzo de 2026.
Karol Toledo Gómez (18 años): desaparecida el 2 de marzo de 2026. También hallada sin vida días después.
Alondra María Stephanye Contreras Galarza: reportada como desaparecida por sus familiares desde el 5 de marzo de 2026.
Adolescentes en el Estado de México:

Enero de 2026 inició con alerta por desapariciones de menores de edad en el municipio de Atizapán de Zaragoza: Isis Michelle Guazo Soberanes (15 años) y Naomi Guadalupe Vázquez Mendoza (12 años).
Jalisco —2025-2026—:

La Universidad de Guadalajara también reporta un incremento en la desaparición de estudiantes en el rango de edad de 15 a 19 años; aunado al reclutamiento forzado por grupos criminales.
A nivel nacional entre el 12 y el 18 de enero de 2026, se reportaron 160 personas desaparecidas en el país, en su mayoría adolescentes y jóvenes. La crisis de desapariciones aumentó, con un acumulado que supera las 118 mil personas desaparecidas a nivel nacional, con tasas altas concentradas en Ciudad de México, Guanajuato y Chiapas. El porcentaje de mujeres desaparecidas ha mostrado un incremento, superando el 26% a nivel nacional y alcanzando cifras mayores en áreas urbanas.

En este marco de conmemoración, el 8 de marzo en la Ciudad de México se prevé la participación de al menos nueve contingentes de mujeres que comenzarán a concentrarse a partir de las 11:30 horas para que el primer contingente salga a las 12:00 horas en dirección al amurallado zócalo. Los puntos de reunión contemplados son la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre Paseo de la Reforma, así como el Ángel de la Independencia, Monumento a la Revolución y la Diana Cazadora.

Conmemorar el 8M no es resignación. Es memoria activa: no dejar de visualizar la violencia, no dejar de escuchar los reclamos y no aceptar que la “normalidad” sea el miedo. En México, hoy, la celebración plena todavía no alcanza; lo que sí urge —con toda claridad— es acción pública efectiva y justicia sin simulación.

Qué complicado.