Organizaciones denuncian irregularidades y afectaciones por proyecto carretero San Cristóbal–Palenque

San Cristóbal de las Casas, Chis. 12 Marzo.- Organizaciones de la sociedad civil y colectivos que integran la Caravana de documentación del proyecto de autopista San Cristóbal de Las Casas–Palenque expresaron su preocupación por las afectaciones sociales, ambientales y culturales derivadas del proyecto carretero que el gobierno de Chiapas denomina actualmente “Carretera Ruta de las Culturas Mayas”.

El pronunciamiento emitido luego de que la caravana -integrada por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), CEDIAC, DESMI y el colectivo Brigada Común, en coordinación con el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE)- recorrieran comunidades en las zonas impactadas por la obra.

De acuerdo con las organizaciones, el Poder Ejecutivo de Chiapas publicó en febrero de 2025 dos acuerdos para realizar una consulta pública sobre la carretera; sin embargo, señalan que el proceso no contempló adecuadamente la participación de los pueblos originarios. Además, afirman que durante la consulta realizada el 23 de marzo de 2025 no se informó con claridad el trazo completo de la vía ni los posibles impactos del proyecto.

Indicaron también que, aunque el 8 de junio de 2025 se dio el banderazo de inicio de la obra, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de los primeros tramos fue publicada hasta octubre del mismo año. Según el pronunciamiento, esto ha impedido que las comunidades puedan tomar decisiones informadas sobre las posibles afectaciones en sus territorios.

Denuncias legales y presiones comunitarias

Las organizaciones señalaron que desde el inicio del proyecto diversas comunidades han promovido amparos judiciales para exigir el respeto a derechos como el acceso a la información, la consulta previa y la libre determinación. No obstante, indicaron que los tribunales han negado suspensiones que frenen temporalmente la obra, argumentando razones de interés social y orden público.

Denuncian presiones hacia comunidades que se oponen al proyecto. Según testimonios recabados por la caravana, en algunos casos se han reportado amenazas, hostigamiento e intimidaciones, tanto por parte de autoridades como de representantes de empresas vinculadas a la construcción.

También señalaron que se ha advertido sobre la posible intervención de cuerpos de seguridad, como las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal o el Ejército Mexicano, para continuar los trabajos en zonas donde existe resistencia comunitaria.

Impactos ambientales documentados

Durante su recorrido por municipios como Palenque, Salto de Agua y Chilón, las organizaciones reportaron diversos impactos ambientales asociados a la construcción de la autopista.

Entre los principales señalamientos destacan la deforestación de zonas de bosque, incluida vegetación de tipo mesófilo de montaña, así como riesgos para especies consideradas en peligro de extinción, como el bagre de Chiapas, la musaraña lacandona y la planta lacandonia.

También se reportó que el trazo carretero pasa cerca de manantiales que abastecen de agua a comunidades, además de afectar caminos agrícolas y veredas que permiten el acceso a parcelas, lo que -según el pronunciamiento- podría impactar la producción campesina y el derecho a la alimentación.

Las organizaciones añadieron testimonios sobre posible destrucción de vestigios arqueológicos, así como deslaves e inundaciones en poblados cercanos a zonas de extracción de material pétreo para la obra.

“La extracción de material pétreo para la construcción de la carretera destruye los cerros y pone en riesgo la vida de personas que habitan cerca, en los últimos meses se ha visto la afectación por deslaves de cerros e inundaciones en poblados a causa de la obra en construcción”.

Señalamientos sobre programas sociales

El documento también denuncia presuntos condicionamientos en programas sociales. Según las organizaciones, en algunas comunidades el programa federal Sembrando Vida habría sido utilizado para presionar la aceptación del proyecto carretero.

Señalan que en ciertos casos se ha informado a beneficiarios que sus tierras ya habrían sido “pagadas” por recibir apoyos del programa, o que se les solicita firmar documentos en blanco o entregar certificados agrarios para acceder a fertilizantes u otros apoyos productivos.

Asimismo, algunas personas afectadas habrían recibido ofertas de pago consideradas insuficientes por sus parcelas.

Exigencias de las organizaciones

Ante este panorama, los colectivos y organizaciones firmantes reiteraron su rechazo a proyectos que, señalan, vulneran la autodeterminación de los pueblos originarios y afectan el territorio.

Entre sus principales demandas destacan: garantizar acceso completo a la información del proyecto; realizar una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, conforme al Convenio 169 de la OIT y a la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Cese a la criminalización de personas defensoras del territorio y de derechos humanos; que jueces y magistrados resuelvan los amparos en curso con perspectiva de derechos humanos y de pueblos indígenas, así como eliminar cualquier condicionamiento de programas sociales relacionado con la aprobación del proyecto.

El pronunciamiento conjunto concluye con la consigna: “Sin información no hay consulta, sin consulta no hay consentimiento y sin consentimiento no hay justicia. ¡Sí a la vida, no al despojo del territorio!”

El documento fue respaldado por 68 colectivos, organizaciones y redes nacionales e internacionales, entre ellas asociaciones ambientalistas, colectivos comunitarios, radios libres, organizaciones indígenas y centros de derechos humanos.