Por : Rafael Solís
La crisis cubana dejó de ser un asunto insular. Desde el 30 de junio de 2025, la Casa Blanca endureció formalmente su política hacia La Habana mediante un memorando de seguridad nacional, y el 29 de enero de 2026 Donald Trump declaró una emergencia nacional respecto de Cuba y vinculó posibles aranceles a los países que le vendan petróleo.
En paralelo, Washington volvió a colocar a Cuba en la lista de países que, según el Departamento de Estado, no cooperaron plenamente en materia antiterrorista. Eso significa que el expediente cubano ya no se procesa sólo como tema ideológico o bilateral: hoy forma parte de la arquitectura de seguridad nacional de Estados Unidos.
El problema para México es que esta nueva etapa coincide con el momento más delicado de Cuba en años. Entre el 16 y el 17 de marzo de 2026 la isla sufrió un nuevo colapso de su red eléctrica, en medio de una severa escasez de combustible, protestas internas y conversaciones con Washington sobre una posible salida a la crisis.
Al mismo tiempo, Rusia reiteró públicamente su respaldo a La Habana y China expresó en febrero su apoyo frente a la “interferencia externa”. Es decir, el tablero cubano ya no sólo enfrenta presión estadounidense: también se ha convertido en punto de encuentro de rivalidades mayores entre Washington y sus adversarios estratégicos.
Bajo ese contexto, la decisión mexicana de mantener apoyo político y humanitario hacia Cuba deja de ser neutra. Reuters reportó que Pemex suministró a Cuba petróleo y derivados por 496 millones de dólares en 2025, aunque en febrero de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que los envíos estaban detenidos para evitar represalias de Washington; aun así, México siguió enviando ayuda humanitaria.
En estos días, además, el respaldo oficial al llamado de López Obrador para recaudar apoyo económico a favor de la isla volvió a colocar a México en una posición políticamente incómoda: la de aparecer, ante los ojos de Estados Unidos, no como mediador prudente, sino como acompañante de un régimen que Washington busca asfixiar y reordenar.
Ese es el verdadero riesgo para México: no sólo el diplomático, sino el económico. La revisión del T-MEC ya entró en fase crítica y, al mismo tiempo, la administración Trump abrió nuevas investigaciones comerciales que podrían derivar en más presión arancelaria sobre México.
En ese escenario, cualquier gesto que en Washington se lea como tolerancia hacia Cuba, o como parte de una zona gris frente a China, Rusia o Irán, puede convertirse en munición política durante la negociación. El problema no es únicamente lo que México haga, sino cómo será interpretado por un socio que hoy mezcla comercio, seguridad y geopolítica en una sola ecuación.
México llega, además, debilitado a esa mesa. El Índice de Paz México (IPM) 2025 documenta que, aunque hubo una mejora marginal en 2024, el país sigue 13.4% peor que en 2015; la violencia representó un costo equivalente al 18% del PIB, y los pilares más deteriorados son precisamente el buen funcionamiento del gobierno y los niveles de corrupción, dos factores directamente ligados a la impunidad.
En otras palabras, México no enfrenta esta coyuntura desde una posición de fortaleza institucional, sino desde una vulnerabilidad interna que reduce su margen de maniobra y vuelve más costosa cualquier fricción con Estados Unidos.
Ahora bien, conviene distinguir entre riesgo plausible y hecho acreditado. Sí existe una narrativa oficial estadounidense que presenta a Cuba como plataforma de actores hostiles: la Casa Blanca sostiene que La Habana se alinea con países adversarios, aloja capacidades militares y de inteligencia extranjeras y da refugio a grupos como Hezbollah y Hamas.
También es cierto que Marco Rubio ordenó esta semana intensificar la presión diplomática para aislar a la Guardia Revolucionaria iraní y a Hezbollah. Pero de ahí no se desprende, al menos con la evidencia pública consultada, que Cuba sea hoy una de las principales bases operativas de Irán en América como hecho ya consumado.
El riesgo más inmediato para México no es una certeza probada de terrorismo iraní desde la isla, sino que Washington termine fundiendo los expedientes Cuba, Irán, China y seguridad regional en una sola lógica de sospecha.
Por eso el dilema mexicano no debe plantearse entre solidaridad o indiferencia, sino entre ayuda humanitaria y alineamiento político. México puede defender una política exterior soberana y, al mismo tiempo, evitar convertirse en salvavidas estratégico de La Habana cuando el principal socio comercial del país está endureciendo simultáneamente su presión sobre Cuba y su revisión sobre el T-MEC.
La prudencia exige separar la fraternidad con el pueblo cubano del blindaje político al régimen cubano.
Y hay un ángulo adicional que no debe minimizarse. Si en México sigue creciendo la percepción de concentración de poder, debilitamiento de contrapesos y normalización de la impunidad, el costo externo será mayor.
En el discurso de Washington, las autocracias latinoamericanas no son sólo un problema moral, sino una amenaza funcional porque abren espacio a redes ilícitas, alianzas opacas y penetración de potencias rivales. En ese marco, México haría mal en proyectar cercanía política con Cuba justo cuando necesita transmitir certeza jurídica, institucionalidad democrática y confiabilidad estratégica.
La conclusión es incómoda pero clara: para México, el expediente cubano ya no es una expresión romántica de política exterior, sino una prueba de realismo de Estado. Persistir en un vínculo político acrítico con La Habana, en medio de la presión de Trump, la revisión del T-MEC y la propia fragilidad mexicana en seguridad y gobernanza, no sería una muestra de autonomía, sino una apuesta de alto costo.
La solidaridad puede ser legítima; la imprudencia estratégica, no.
Qué complicado.