En el contexto actual es necesario y urgente reconocer las particularidades que viven las mujeres con discapacidad en México y exigir que las mismas se tomen en cuenta en la elaboración e implementación de las políticas públicas y los programas de atención frente a la pandemia por COVID- 19.
Las mujeres con discapacidad son diversas entre sí y tienen diferentes historias de vida. Son niñas, jóvenes, adultas y adultas mayores; ejercen trabajos de cuidado o son cuidadas por otras mujeres; viven en situación de dependencia o son independientes; son internadas en contra de su voluntad en hospitales psiquiátricos o están privadas de su libertad en centros penitenciarios; son heterosexuales, lesbianas o tránsgenero, entre varias identidades sexogenéricas; viven en situación de calle o en albergues. Pero, a pesar de la diversidad de identidades e historias, todas ellas se enfrentan a una sociedad que históricamente las ha invisibilizado, discriminado y violentado.
Ante la situación de emergencia sanitaria y las medidas de distanciamiento social para contener la propagación del virus, preocupa la falta de información en modos, medios y formatos accesibles, la ausencia de una política con enfoque de género y discapacidad que provea de apoyos a quienes más lo necesitan, la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de salud, las afectaciones a la salud física y mental, la sobrecarga en las tareas de cuidado, la precarización económica, la falta de vigilancia en los espacios de encierro y la discriminación que afectan y afectarán a las mujeres con discapacidad.
La violencia psicológica, física y sexual, además de la dependencia económica que enfrentan muchas mujeres con discapacidad no son problemas novedosos. Se sabe, por ejemplo, que en un alto porcentaje las mujeres con discapacidad son víctimas de abusos a manos de sus familiares más cercanos. En ese sentido, preocupa que el aislamiento social, las presiones económicas debido a la disminución en los ingresos, el hacinamiento y la convivencia prolongada sean un detonante de la conflictividad en el ámbito familiar y aumenten los factores de riesgo a ser víctimas de violencia.
De manera especial también preocupa la situación de las mujeres con discapacidad que viven institucionalizadas ya sea en albergues, clínicas de tratamiento, hospitales psiquiátricos, centros penitenciarios, entre otros. Estos espacios, ajenos al escrutinio público, constituyen ámbitos de mayor riesgo de infección debido a las condiciones de hacinamiento, la insalubridad de las instalaciones, la falta de insumos para la higiene personal (agua potable suficiente, jabón y gel antibacterial), el personal insuficiente en número y poco capacitado para atender una crisis de esta naturaleza, así como los servicios médicos deficientes y sin equipo necesario.
Por lo anterior, las políticas adoptadas en el contexto de la crisis actual deben responder a la obligación del Estado mexicano de asegurar y promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad mediante acciones concretas que atiendan las necesidades particulares de las mujeres con discapacidad como un colectivo de atención prioritaria en esta situación de riesgo.
Así, es fundamental que toda la información y las comunicaciones relativas a la emergencia sanitaria sean accesibles para todas las personas con discapacidad. Asimismo, que se pongan en marcha y se hagan públicos los apoyos específicos para las mujeres con discapacidad, que se implementen alternativas a la institucionalización de manera urgente y que, sobre todo, se garantice que la condición de discapacidad no justificará un acceso desigual a la atención y los apoyos que todos requerimos en esta emergencia sanitaria. Todo ello escuchando y amplificando la voz de las propias mujeres con discapacidad quienes, mejor que nadie, conocen los ajustes y apoyos que requieren para mantenerse a salvo.
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