Ocho grupos de trabajo se crearon entre autoridades de los tres niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil para rescatar los humedales de María Eugenia y La Kist, ubicados en San Cristóbal de las Casas, ya que de las 232 hectáreas de superficie, 75 “han sido transformadas por invasiones, rellenos y construcción de infraestructura”, lo que pone en riesgo el abastecimiento de agua.

Uno de los acuerdos más sobresalientes, es lograr que los humedales de montaña de San Cristóbal, pasen de ser propiedad privada a un bien nacional, dijo en un comunicado la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La dependencia señaló que por “la problemática ambiental que presentan los humedales”, “se necesita una atención integral y coordinada” de los tres niveles de gobierno y de la participación de la sociedad civil.

“Los humedales de montaña (María Eugenia y La Kist), son ecosistemas muy especiales, además de raros y frágiles, de suma importancia por los servicios ecosistémicos que brindan a la ciudad y están reconocidos como Sitios Ramsar, de importancia internacional”, destacó Semarnat.

En un predio situado en los humedales de María Eugenia, existen cinco construcciones: una grande, dos pequeñas y dos en proceso, que no cuentan con los permisos correspondientes; ya existe una orden de demolición de la edificación grande que cuenta con tres pisos, pero el propietario solicitó un amparo, reveló una fuente del ayuntamiento de San Cristóbal.

Semarnat indicó que los ocho grupos de trabajo conformados en una reunión efectuada la semana pasada, cuentan con sus respectivos coordinadores para la atención estratégica judicial, financiera, manejo y concertación social y gobernanza.

Mientras que en este encuentro participaron 45 personas, entre representantes de los tres niveles de gobierno -incluido el sector ambiental, la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría de Protección al Ambiente- y de la sociedad civil local, además de la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH) y la diputada federal del partido Morena, Marta Dékker Gómez, entre otros.

Los grupos de trabajo están relacionados con denuncias y la elaboración del protocolo de respuesta rápida para detener actividades ilícitas; revisión del decreto y planes de manejo; revisión del ordenamiento y política ambiental; tenencia de la tierra; factibilidad de expropiación; difusión y educación ambiental; concertación y agrupación de propietarios y, coordinación general.

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