Angélica Jocelyn Soto Espinosa.- CIMACNoticias
Ciudad de México. Por medidas sanitarias ante el COVID-19, mujeres migrantes en México enfrentan desempleo, falta de vivienda e incertidumbre, sobre su situación legal en el país, de acuerdo con organizaciones civiles que acompañan a población migrante.
Como resultado de una estrategia legal de varias organizaciones civiles, el Instituto Nacional de Migración (INM) liberó en abril pasado a más de tres mil personas migrantes detenidas en estaciones migratorias, entre quienes había mujeres, muchas de ellas acompañadas de sus hijas e hijos a quienes “por distintas razones”, según informó el instituto, no se les había resuelto su situación jurídica.
La gran mayoría (cifras oficiales desagregadas por sexo) fueron deportadas hacia los países de Centroamérica y el resto quedó varada en los pocas estancias de acogida que aún recibe familias, explicó en entrevista para Cimacnoticias, María Alejandra Espinosa Moreno, integrante de la organización Formación y Capacitación (FOCA A.C.), que acompaña a mujeres migrantes en la frontera sur del país.
Durante la pandemia y fuera de las estancias, las mujeres migrantes enfrentan una situación de mucha incertidumbre en México, ya que los trámites para avanzar en la solicitud de refugio en la COMAR se detuvieron temporalmente por la jornada de sana distancia. Las mujeres migrantes sí pueden iniciar en línea su solicitud de asilo porque esto fue considerada una actividad esencial, pero el resto del trámite permanece suspendido.
Como documentó Cimacnoticias en enero pasado, antes de la pandemia la COMAR ya tenía un rezago en el reconocimiento de personas refugiadas en México, por lo que mujeres y familias enteras podían pasar hasta un año (detenidos en estaciones migratorios, en albergues o en departamentos rentados) sin que la dependencia les diera una respuesta.
“Es un rezago tremendo, retrasa todo el proceso para las que inician pero también para todas aquellas mujeres que acompañamos y que están a la espera de su trámite. Son mujeres que ya habían logrado salir de albergues, que habían conseguido un empleo, aunque precarizado, y habían conseguido un espacio propio para vivir, pero ahora ellas también se están quedando sin medios de vida. Hay una vuelta para atrás muy seria en posibilidades de integración en México, y pues no saber cuándo se logrará el final del trámite”, analizó Espinosa. De acuerdo con datos de la COMAR, tan sólo de enero a abril de este año, 7 mil 203 mujeres solicitaron la condición de refugiada en México; es decir, cuatro de cada 10 solicitantes fueron mujeres.
COVID-19 reduce movilidad
FOCA explicó que las medidas de confinamiento por el COVID-19 disminuyeron las solicitudes de asilo a nuestro país, ya que mientras en marzo se recibieron cinco mil solicitudes, en abril éstas bajaron a 960.
Esto se debe a que los países del triángulo norte restringieron severamente la movilidad en los países, incluso con el uso de la fuerza. Esto incluso obstaculizó su deportación. No obstante, esto no quiere decir que las mujeres ya no requieran migrar a México por razones humanitarias, de acuerdo con Alejandra.
Por su parte, la directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Gretchen Kruchen, explicó que tras su liberación, muchas personas migrantes fueron abandonadas por las autoridades en las carreteras de la frontera sur para que se “autodeportaran”, lo que significaba un riesgo, ya que el país fronterizo de Guatemala inicialmente cerró su frontera y se resistió a recibir a sus connacionales. De acuerdo con lo documentado por otras organizaciones civiles, varias personas migrantes han tenido que cruzar por la selva o por cruces irregulares para regresar a sus países de origen.
Kruchen criticó que las personas migrantes (3 mil 653 nacionales Guatemala, Honduras y El Salvador, principalmente niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, familias y mujeres embarazadas, de acuerdo cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores) estén siendo deportadas durante la pandemia, ya que esto pone en riesgo su salud porque tienen que viajar en autobuses que no pueden cumplir con todos los protocolos de salubridad y sin hacer pruebas de COVID-19 a las personas deportadas.
Imumi sentenció que la suspensión de los trámites para el reconocimiento de refugio, “significa para las mujeres más tiempo viviendo en la ambigüedad”, ya que durante esta contingencia sanitaria muchas de las mujeres que ellas acompañan han perdido su empleo como consecuencia de las medidas de mitigación por el nuevo virus y necesitan recursos económicos para renta, agua y luz; algunas de ellas también han sido víctimas de violencia con sus parejas o que han requerido servicios de salud.
No obstante, precisó, la situación depende mucho de cada ciudad, ya que el problema migratorio en el caso de México se extiende de frontera a frontera. En el caso de la frontera sur, la situación es también grave porque México se comprometió con Estados Unidos a recibir a 20 mil personas que ese país decidió expulsar o que están en espera de respuesta de sus trámites de asilo y refugio, esto incluye a personas no mexicanas.
Sin preparar a las entidades del norte para esto, México recibe, además de los flujos del sur, a las personas mexicanas deportadas de centros de detención en EU donde hay alto índice de contagio y personas rechazadas en la frontera que pueden ser solicitantes de asilo tanto de México como de otros países.
Pese a esta realidad y las estrategias legales que han emprendido las organizaciones, el Consejo General de Salubridad no se ha pronunciado en específico por la situación de las personas migrantes. “Estamos en una pandemia y es como si la población migrante, solicitante de asilo o refugiada, no fueran incluidas en las respuestas sanitarias”, criticó la experta.
Gobierno desoye a sociedad civil
En un comunicado emitido hoy, diferentes organizaciones civiles del norte, centro y sur del país, entre ellas Imumi, dieron a conocer que han promovido un total de nueve amparos a favor de la salud de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional que se encuentran en el país, no obstante el gobierno mexicano ha sido omiso en su cumplimiento poniendo en riesgo la salud de esta población en el contexto de la actual crisis sanitaria que enfrentamos por coronavirus.
Los amparos promovidos en Tabasco, Ciudad de México (2 amparos), Chiapas, Chihuahua, Tijuana (2 amparos), Veracruz y Nuevo León solicitan al Consejo de Salubridad General, al INM, a la Secretaría de Salud (federal y estatales), a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Gobernación y al Ejecutivo Federal, tomen las medidas necesarias para garantizar a la población migrante y solicitante de protección internacional en México (incluida la población expulsada de Estados Unidos -y que México ha aceptado, y aquella retornada a nuestro país bajo el Protocolo “Quédate en México” acceso a la salud, a una estancia regular, a una vivienda digna, así como la suspensión de las detenciones migratorias, y la libertad de la personas detenidas en estaciones migratorias.
A la fecha, seis amparos se han resuelto a favor de la población migrante, el resto se encuentra en revisión o a la espera, no obstante, autoridades del Estado mexicano no han cumplido con las órdenes judiciales, por el contrario las han evadido, dijeron las organizaciones.
Las autoridades, expresaron, han sido omisas en dar cumplimiento a lo señalado por el Poder Judicial o han simulado su cumplimiento, por ejemplo a través de deportaciones masivas sin debido proceso; liberando a la población migrante dejándola a su suerte; o siendo poco claros sobre las medidas sanitarias, de asistencia, de salud y protección que se están tomando para garantizar la vida y la salud de las personas expulsadas desde EU.
En el caso de la resolución en la Ciudad de México las autoridades responsables no han rendido los informes solicitados, niegan los hechos y no proporcionan documentación o testimonios que acrediten que se están dando cumplimiento a todo lo señalado en la suspensión.
20/AJSE/LGL