Crearon una área Covid VIP con ventiladores mecánicos de alta frecuencia, de última generación que no podían ser utilizados para los derechohabientes: abogado
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 11 Agos.- La Fiscalía Anticorrupción del Estado (FGE), abrió una nueva carpeta de investigación que “ya no apunta” hacia el doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, sino hacia directivos del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), que crearon una área especial en el hospital “Vida mejor” para atender a particulares enfermos de Covid-19, informó el abogado Antonio Juárez Navarro.
En el lugar, “había ventiladores mecánicos de alta frecuencia, de última generación que no podían ser utilizados para los derechohabientes. Alguien tiene que pagar por eso. Tenemos indicios suficientes y es una carpeta nueva de investigación que no apunta hacia Grajales Yuca, sino a otros rumbos de la gente que tiene que responder por eso”, señaló el litigante en conferencia de prensa.
Afirmó que en el Isstech “hay una mala administración, y alguien creó un área Covid-19 VIP, con lo que quitaban herramientas vitales a los derechohabientes. No digo que una persona rica no tenga derecho, pero no tiene más derecho que un derechohabiente”.
Señaló que el lunes se reunió con el titular de la FGE, Jorge Luis LLaven Abarca, para presentar pruebas que deslindan de responsabilidad jurídica a Grajales Yuca. Durante el encuentro, explicó la defensa, presentó “testigos claves y pruebas idóneas para que el doctor salga en libertad de inmediato”.
“El Fiscal general, lejos del tema de política y derivado de pruebas que presentamos, abrió ayer una carpeta de investigación, y el despacho que dirijo se comprometió con la FGE, y ella con nosotros a dar con los responsables de la mala administración en el Isstech”.
“Personalmente tenía yo la impresión de que la FGE estaba metida en esto por diversas situaciones, pero ayer me reuní” con LLaven Abarca “y me llevé una grata sorpresa”, comentó el abogado.
Explicó que durante la reunión del lunes, a la que asistió también el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Rogelio Estrada Heleria, quien “se comprometió a investigar la corrupción” en el Isstech, “llevamos tres testigos clave, con evidencias sustentables de que alguien estaba utilizado recursos personales para muchas cosas”.
Aseguró que Grajales Yuca no se benefició de esto, “él recibió dinero por un sueldo igual que muchos trabajadores, porque el trabajo devengado merece un sueldo, pero no es algo ilegal”.
Subrayó: “Ya hay una Carpeta de Investigación, no me la platicaron, yo la vi, vi entrevistas objetivas y aportamos datos que apuntan hacia un lugar muy objetivo, y mi compromiso es que no vamos a sesgar nuestras investigaciones, no nos vamos a dejar intimidar por nadie, vamos a dar con los responsables aportando los datos de prueba para deslindar a nuestro representado de esto”.
El abogado refirió que el médico “está siendo acusado de abuso de autoridad, delito que se configura cuando un funcionario público se beneficia personalmente en forma ilícita, pero Grajales Yuca no era médico tratante como funcionario del papá de la querellante porque no era derechohabiente, por lo que la relación que los vinculaba era de medicina o de médico particular.
Por lo que cuestionó: “¿Por qué un médico institucional tenía que trabajar como médico particular en una institución pública?, Porque algún directivo creó un área particular en una área pública, y eso no lo puede decidir el médico”.
Juárez Navarro afirmó que “en el Isstech hay corrupción; y tenemos el compromiso de Llaven Abarca y del Fiscal anticorrupción de combatirla con pruebas”.
El urgenciologo Gerardo Vicente Grajales Yuca, fue detenido por policías estatales el 25 de julio, luego de la denuncia interpuesta por Karen Alejandra Ramírez Molina, por supuesto abuso de autoridad, después de que su padre, Miguel Arturo Ramírez López, exdiputado local y exdirigente partido local Mover a Chiapas, falleciera de Covid-19.
La quejosa acusó al médico de solicitarle medicamentos para atender a su padre en el Hospital de Especialidades Vida Mejor.
La Fiscalía General del Estado (FGE) inició posteriormente otra carpeta de investigación, luego de que Jorge Gustavo Cervantes Yáñez, contagiado con Covid-19, declaró que el imputado le pidió “entre 550 mil y 650 mil pesos” por atenderlo “en una habitación con una curación integral porque estaba yo grave y que era posible que necesitara intubación” en el citado nosocomio.