La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares en favor de las indígenas Juana Montejo González, María Hortensia Gómez Sánchez, Maribel Gómez Santiz y Josefa Sánchez Gómez, acusadas de pertenecer a una red de trata de personas.
Las cuatro mujeres, famillares entre si, fueron detenidas a mediados de julio pasado en San Cristóbal de las Casas, en el contexto de las investigaciones para dar con el paradero del niño Dylan Esaú Gómez Pérez, localizado finalmente sano y salvo el 14 de agosto.
En un comunicado señaló: “La CNDH advirtió violaciones graves a los derechos de las mujeres privadas de su libertad, por lo que ejerció su facultad de atracción e inició un expediente de queja para investigar el caso”, con la finalidad de “salvaguardar la integridad física y sicológica de cuatro mujeres indígenas que se encuentran recluidas” en los penales de El Amate, y en el de San Cristóbal de las Casas.
El organismo solicitó a las autoridades estatales, “garantizar los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, alimentación, salud, integridad personal y sicológica, seguridad jurídica, debido proceso y presunción de inocencia”.
Así mismo, “garantizar el respeto de sus especificidades culturales, prohibir su incomunicación, evitar actos de intimidación y tortura, además de que puedan ejercer su derecho a un internamiento en el centro penitenciario más cercano a su domicilio”, a que Juana Montejo González, María Hortensia Gómez Sánchez, Maribel Gómez Santiz, están presas en El Amate.
Además de detener a las cuatro mujeres, la policía estatal “rescató” a 23 menores de edad, con el argumento de que eran explotados laboralmente, por lo que fueron entregados al DIF estatal. A la fecha sólo ha regresado cinco menores a sus familias.