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Ciudad de México. El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia, José Miguel López Rodríguez, determinó que la defensora Kenia Hernández Montalván debe seguir su proceso penal en prisión porque “se manifiesta en muchos lados” e “incomoda a particulares y funcionarios”; al tiempo que afirmó que no merece ser juzgada con perspectiva de género porque “no es sumisa, no es vulnerable y sí se sabe defender”.
Así lo explicó en conferencia de prensa virtual este 2 de noviembre, Antonio Lara Duque, uno de los defensores legales de Kenia por parte del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).
Kenia Hernández — integrante del Colectivo Zapata Vive– fue detenida el pasado 25 de octubre por el delito de ataques a las vías de comunicación durante una protesta ocurrida en 2019 por la desaparición de uno de sus compañeros. Esta es la tercera vez, en menos de seis meses, que les acusada por un delito; las otras dos ocasiones se le acusó de robo con violencia.
No habrá perspectiva de género
Si bien el nuevo delito que se le imputa a Kenia es federal, no requiere prisión preventiva oficiosa, es decir, podría llevarlo en libertad como consiguió en las dos acusaciones anteriores.
No obstante, de acuerdo con el CDHZL, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia, José Miguel López Rodríguez, determinó que Kenia requería prisión preventiva justificada porque “se manifiesta en muchos lados, se manifiesta en Puebla, Guerrero, Estado de México, y eso es demasiado y la manifestación que realiza incomoda a particulares y funcionarios, y por si fuera poco lo hace en pandilla porque se manifiesta con más de tres personas”.
Este juez también dijo que el caso no se juzgaría con perspectiva de género, como ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que –al decir del funcionario del Poder Judicial de la Federación– “Kenia no puede ser juzgada bajo una óptica de perspectiva de género porque sólo aplica para las mujeres cuando son sumisas, vulnerables o no saben defenderse. Como Kenia no es sumisa, no es vulnerable y sí se sabe defender, es mejor tenerla en el Penal Federal de Morelos”.
El protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género que emitió la SCJN en 2015, tras revisar la sentencia del caso de Mariana Lima Buendía, establece que todos y todas las impartidoras de justicia tienen el deber de juzgar con perspectiva de género.
La perspectiva de género es un método que debe ser aplicado aun y cuando las partes involucradas en el caso no la hayan contemplado en sus alegaciones y se hace cargo de detectar los impactos diferenciados que una norma genera y de buscar soluciones a través del derecho, dice la SCJN.
Lo que determina si en un proceso se debe o no aplicar la perspectiva de género es la existencia de situaciones asimétricas de poder o bien de contextos de desigualdad estructural basados en el sexo, el género o las preferencias/orientaciones sexuales de las personas. Tampoco la materia del asunto e instancia en la que se resuelve determina si se debe aplicar o no la perspectiva de género.
“Lo que determina la pertinencia de aplicar la perspectiva de género no es el hecho de que esté involucrada una mujer, que se trate de un asunto en materia de civil, ni que esté en jurisdicción constitucional. En cada caso habrá que hacer un análisis orientado a detectar relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad. Si los resultados de dicho análisis perfilan ese tipo de relaciones y desigualdades, la perspectiva de género ofrece un método adecuado para encontrar una solución apegada a Derecho” dice el protocolo.
Antecedentes
Kenia Hernández es integrante del “Colectivo Zapata Vive”, y tiene trayectoria en la defensa de personas presas políticas, pueblos indígenas y mujeres de los estados de Guerrero, Estado de México, Puebla y CDMX. La defensora ha asegurado que, antes de ser perseguida judicialmente, recibió hostigamiento, amenazas y campañas de difamación en su contra.
El pasado 6 de junio, Kenia fue detenida bajo la causa penal 853/2020, por orden de aprehensión por el juez de control de Ecatepec. Se le acusó de un supuesto robo de una cartera con 500 pesos y un celular, con violencia. Kenia consiguió seguir el proceso en libertad una semana después, con la única medida cautelar de firmar mes con mes el proceso.
No obstante, fue detenida por segunda ocasión el 18 de octubre; esta vez bajo la causa penal 630/2020, emitida por un juez de control de Toluca, Estado de México. Fue llevada a Almoloya en Edomex. Nuevamente se le acusó de robo con violencia y arma de fuego, pero esta vez en las casetas de peaje.
La noche del 24 de octubre, Kenia consiguió que se ordenara su libertad. No obstante, ese mismo día, el juez federal de control con residencia en Acapulco giró una nueva orden de aprehensión contra ella por presuntos ataques a las vías de comunicación, la cual se cumplió la madrugada del domingo 25 de octubre.
Kenia sería recluida en Acapulco; sin embargo, la propia Fiscalía General de la República reconoció que su vida corría peligro en Guerrero, por lo que ordenó que fuera trasladada al Penal Federal 16, en Morelos.
En las primeras dos detenciones, Kenia y sus acompañantes fueron agredidos físicamente y los elementos de seguridad no presentaron ninguna orden de aprensión antes de llevársela. Para su primera detención se utilizó un reporte de espionaje aportado por una empresa concesionaria de casetas en las que ella se ha manifestado por la libertad de sus compañeras y compañeros; y en la segunda detención, Kenia estuvo desaparecida varias horas hasta que las autoridades la presentaron en el penal de Almoloya.
“Además de la libertad y la integridad de Kenia, está en riesgo la libertad de expresión y de manifestación de todos aquellos quienes recurrimos a la protesta pública como un ejercicio válido para hacer valer nuestros derechos y nuestras exigencias como sociedad”, dijo Lara Duque.
Durante esta conferencia de prensa, integrantes del Colectivo Zapata Vive que iniciaron un plantón afuera de la FGR denunciaron que a siete noches y seis días en el plantón, 500 elementos de la policía fueron a desalojarlos con violencia y destruyeron sus casas de campaña con navajas. Había menores de edad presentes.
20/AJSE/LGL