Ciudad de México.- Tras la COVID-19, 43 millones de mujeres volverán a la pobreza en el último año, por lo que urge que más países tengan políticas de recuperación económica con perspectiva de género, sistemas de cuidado, y más presupuesto para las mujeres y más políticas sobre educación, empleo formal y salarios igualitarios.
Así lo explicaron hoy funcionarios de distintos países y personas expertas en Derechos Humanos y economía en la mesa Justicia económica y derechos, del segundo día del Foro Generación Igualdad, que se lleva a cabo en México del 29 al 31 de marzo y cuyo objetivo es hacer un balance sobre el avance de los Estados en el cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing.
En esta mesa participó el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OECD, Ángel Gurría: la secretaria de Desarrollo del gobierno de España, Ángeles Moreno Bau; la secretaria General; la secretaria General de la International Trade Union Confederation, Sharan Burrow; la ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Suecia, Ann Linde; la COO del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación del gobierno de Sudáfrica, Charlotte Lobe, COO; Diane Ndarbawa, President, Manki Maroua, Camerún; la presidenta de política global y promoción de The Bill y Fundación Melinda Gates; Director General de Desarrollo Internacional Política, Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo del Gobierno de Alemania, Jürgen Zattler; y una representante de la Comisión de Huairou, Violet Shivutse.
Durante la sesión, las y los ponentes coincidieron en decir que la pandemia por COVID 19 significó un retroceso en los derechos económicos de las mujeres, a un nivel en el que 43 millones de mujeres volverían a la pobreza en el último año.
Este retroceso fue consecuencia, coincidieron, de que a 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing, 50 por ciento de las mujeres se emplea en el sector informal, la desigualdad salarial equivale a que una mujer trabaje siete años sin sueldo, y a que el trabajo de cuidados sigue recayendo especialmente en las mujeres.
Las panelistas también explicaron que aún existen normas y leyes restrictivas y discriminatorias para las mujeres, y que no incluyen especialmente a las mujeres rurales. El progreso que se ha tenido en materia económica es mínimo, expresaron.
Frente a ello, las y los participantes lanzaron una serie de propuestas, entre ellas algunas de corte asistencial, como la de que los Estados inviertan más en la protección económica de las mujeres, apoyar los negocios de mujeres, brindar más créditos, y otras de tipo estructurales, como políticas para eliminar la discriminación y aumentar el número de países con políticas sobre cuidados, educación, puestos justos y salarios equitativos. Entre las propuestas también se planteó que los países incrementen sus presupuestos en servicios públicos, planes universitarios y empleo digno para mujeres.
Tras escuchar a las y los panelistas, algunas personas participantes señalaron que las voces de las mujeres en su calidad de trabajadoras, sindicalistas, campesinas, empresarias u otros roles, deben ser incorporadas en la toma de decisiones de cualquier tipo, ya que hasta ahora no han sido lo suficientemente escuchadas a pesar de que, en todos estos años, ellas ya han creado redes económicas que les ha permitido desarrollarse económicamente y han discutido muchas veces sobre sus circunstancias y cómo mejorarlas.
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