Tuxtla Gutiérrez, Chis. 6 Sep.- A un año del terremoto del 7 de septiembre de 2017, el gobierno no ha concluido la entrega de ayuda para la reconstrucción de sus viviendas, por lo que muchas familias siguen viviendo en galeras, con parientes o en casas sin terminar, informó la Red Nacional Todos los Derechos Para Todas y Todos, Servicio Internacional por la Paz y los Centros de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y Digna Ochoa.
En un informe elaborado después de un recorrido del 4 al 6 de este mes por las zonas afectadas, la misión, aseguró que sólo en los municipios de Tonalá, Arriaga y Pijijiapan, más de cuatro mil damnificados “no recibieron un sólo peso”.
Fernando Ríos, de la Red Nacional Todos los Derechos Para Todas y Todos, señaló en conferencia de prensa que a las personas que fueron censadas y recibieron la tarjeta correspondiente para que les depositaran el dinero, sólo recibieron 80 mil de los 120 mil pesos ofrecidos.
“Muchas casas están en obra negra, sin techo, sin piso y la gente está viviendo con familiares, en galeras, casas de campaña o como puede”, afirmó por su parte, Nataniel Hernández del Centro Digna Ochoa, cuya sede se encuentra en el municipio de Tonalá, uno de las 97 localidades declaradas en desastre.
La Misión de Observación Civil, integrada por diferentes agrupaciones no gubernamentales, aseguró que el 40 por ciento de las 42 mil familias afectadas, según el registro del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), no fueron censadas, por lo que no recibieron apoyo.
“Este es el terremoto institucional, la situación de los damnificados es lamentable, parece que es un tema en el olvido”, aseveró.
Fernando Ríos, añadió que existe un déficit de 800 millones de pesos que el gobierno estatal no ha aportado para la conclusión la ayuda ofrecida a las familias damnificadas censadas.
“Nuestra percepción es que sólo se ha atendido un 40 por ciento de la problemática; el gobierno estatal tiene un gran déficit, ya que ha dejado de responder a las necesidades imperantes de miles de afectados al no cumplir el compromiso hecho con la Secretaría para el Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de aportar la parte que le corresponde”, subrayó.
Indicó que “desde el inicio hubo muchas irregularidades de Sedatu, desde el inicio del censo, ya que el 30 por ciento de afectados no fueron registrados y no obtuvieron ningún apoyo; muchas casas catalogadas con daño parcial se cayeron o fueron derrumbadas por estar inhabitables”.
Alejandra, una de las afectadas que habita en la cabecera municipal de Tonalá, en la costa de Chiapas, y que desde hace varios meses renta una casa, porque las autoridades todavía le adeudan 35 mil pesos de los 120 mil que le ofrecieron, como a la gran mayoría de los damnificados, dijo que “la vida ya no es igual a como era antes del 7 de septiembre; todavía hay mucha tristeza”.
“He solicitado un préstamo para terminar mi casa, porque apenas llevo el 60 por ciento de avance. Nuestra esperanza es que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador nos apoye que así lo prometió en la campaña”, expresó.
A un año del terremoto comentó que nada ha cambiado, “únicamente ya no hay escombros en las calles, pero hay mucha tristeza, porque varias casas siguen caídas o están a media construcción y sus dueños ha tenido que irse a otras colonias o barrios”.
Fotos: Frayba