Tuxtla Gutiérrez, Chis. 18 Sep.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), documentó la ejecución del carpintero Carlos Humberto Mendoza de los Santos, de 32 años, originario de Palenque Chiapas, asesinado por militares de la Séptima Región Militar el pasado 16 de mayo en Macuspana, Tabasco.
En rueda de prensa en el Frayba, Lidia Jiménez Antonio, originaria del ejido Lacanjá, municipio de Ocosingo, esposa de Mendoza de los Santos, narró que su cónyugue fue asesinado alrededor de las 18:30 horas cuando salía de su casa a Villahermosa, a comprar una pieza para su vehículo.
En el camino pasó al ejido Celia para que le dieran un presupuesto para el mantenimiento de unas puertas porque era carpintero. “Desde las 20 horas le marqué y el teléfono manda a buzón. Insistí mucho y no regresaba la llamada, hasta que a las 23 horas me avisaron que habían visto su carro a la orilla de la carretera, rodeado de militares”.
Lidia explicó que acompañada de familiares se dirigió al lugar y “al llegar vi su carro estrellado en el cerro con los cristales despedazados. Una persona que estaba al lado me dijo que el conductor estaba muerto.
“Preguntamos a los militares qué había pasado y dijeron que no podían decirnos nada. Uno de ellos me apuntó con un arma amenazante. Fuimos al Servicio Médico Forense de Macuspana a reconocer el cuerpo de Carlos Humberto. Cuando llegué a la fiscalía, estaba rodeada de militares”, relató.
Lidia comentó que encontró el cuerpo de su esposo en posición de manejo y muy rígido. “Al salir, los militares seguían ahí y les reclamé que me habían dejado sin mi esposo y a dos niños esperando a su papá, que la justicia de Dios es divina y que así como ellos nos dejaron sin él, sus familiares se quedarían así algún día, esperándolos”.
Al subrayar que su esposo no era sicario, sino carpintero, Celia Jiménez Antonio exigió que el crimen no quede impune. Pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) castigue a los militares responsables del asesinato de su marido, y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que repare los daños ocasionados a la familia, “porque los militares dijeron que habían asesinado a un sicario”.
“Mi esposo era una persona humilde, tranquila y trabajadora, toda la comunidad lo conocía y respetaba. Era carpintero”, insistió Lidia.
18 Regimiento de caballería, responsables directos de la ejecución extrajudicial: Frayba
Por su parte el Frayba en un comunicado señaló que Carlos Humberto, era originario de Palenque, de oficio carpintero, tenía 32 años y era padre de dos niñas de 11 y 4 años de edad; y junto con su familia, pertenecía a la organización Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbres (PADUC), conformada por comunidades ch’oles, tzeltales y mestizas que se dedican a la defensa de su territorio.
El organismo que preside el obispo Raúl Vera, dijo que “militares al mando del comandante Armando García Triana, dispararon arbitrariamente en contra del civil desarmado Carlos Humberto, a quien posteriormente criminalizaron y estigmatizaron, al asegurar que era un sicario”.
Agregó el Centro: “son responsables directos de la ejecución extrajudicial, 22 integrantes del 18 Regimiento de Caballería Motorizada, perteneciente al destacamento del Ejército Mexicano, ubicado en el ejido Medellín, municipio de Catazajá, Chiapas, de la 38 Zona Militar 1, con sede en Tenosique, Tabasco”.
El Frayba informó que “el pasado 30 de julio, 16 militares que se transportaban en dos vehículos de la Sedena, notificaron a Lidia en su domicilio, que tiene diez días para entregar pruebas a la jurisdicción castrense para que los militares sean sancionados administrativamente.
Lo anterior dijo el organismo, forma parte de actos de hostigamiento, intimidación y vigilancia en contra de la familia de Carlos Humberto, quienes temen por su vida, integridad y seguridad personal.
Finalmente el Frayba manifestó su “preocupación porque, a 4 meses de la ejecución extrajudicial de Carlos Humberto, la PGR no tiene avances sustantivos para señalar y sancionar a los responsables”, por lo que la exhortó “a que garantice una debida diligencia en la investigación con acciones suficientes y necesarias para evitar que esta ejecución extrajudicial cuya responsabilidad es del Ejército mexicano, no quede en la impunidad”.