Gabriela Coutiño
Hace días también, en redes sociales los chiapanecos veían entre divertidos y asombrados, la celebración de un cumpleaños. El anfitrión era Navor Francisco Ballinas Morales, el Rector de la Universidad Politécnica de Chiapas.
¿Cuántos aficionados futboleros del estado de Chiapas pueden presumir que celebraron una fiesta en un estadio de soccer?
Solo lo pueden hacer los más poderosos. Conociendo la historia de la “Estafa Maestra”, una fiesta así, únicamente la pueden organizar los poderosos e impunes, agregarían los más mordaces.
La fiesta incluso requirió una respuesta oficial del club que administra el inmueble.
En la mira de la Auditoría Superior de la Federación desde el inicio del que sería considerado el “programa social estrella” de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el Rector de la Politécnica ni sufre ni se acongoja.
La Auditoría Superior de la Federación es muy clara cuando en sus auditorías dice que: “emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General en el Gobierno del Estado de Chiapas realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos”
El programa de la “Cruzada Nacional contra el Hambre” inició en el 2013 y desde ese año, comenzaron las irregularidades que también involucran en nuestro estado a la Universidad Autónoma de Chiapas en lo que la opinión pública nacional conoce como “La Estafa Maestra”.
Pero a pesar de ello ¿Dónde está la Contraloría General de Chiapas?. Brilla por su ausencia.
Por eso la Auditoría Superior de la Federación tuvo que preparar en coordinación con la Procuraduría General de la República las carpetas de investigación a las dos universidades chiapanecas. Así lo describimos en un texto.
En otro texto, describimos que no obstante el desaseo; la Universidad Politécnica de Chiapas repitió con SEDATU el esquema utilizado con la SEDESOL.
La sorpresa es que la Cuenta Pública 2016 realizada por la Auditoría Superior de la Federación, descubre que el esquema de transferencia de recursos iniciado con SEDESOL, continuado con SEDATU, se repitió con el ISSSTE.
El daño al erario público, sostiene la ASF, es de 13.2 millones de pesos, respecto al convenio de la Universidad Politécnica de Chiapas con SEDATU. En cuanto al convenio con el ISSSTE, este daño es de 50.2 millones de pesos. El daño total es de 63.4 millones de pesos.
En estos otros dos casos. ¿Dónde está la Contraloría General de Chiapas?
El esquema utilizado ya es conocido e involucra a la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 1 de la Ley de Adquisiciones permite que las contrataciones a empresas productivas del Estado y subsidiarias queden excluidas de la aplicación de esta ley.
Básicamente, lo que sucede es que la dependencia contratada dice tener la capacidad suficiente para cubrir, sin contratar a un tercero para ello, por lo menos el 51 por ciento del monto total del contrato. Pero resulta que lo que la dependencia declara no es cierto, y es entonces que se subcontrata a universidades públicas.
En ese sentido, la “Auditoría Forense: 16-4-99034-12-0195 195-DS” practicada a la Universidad Politécnica de Chiapas, detalla el esquema de operación de la Universidad chiapaneca con SEDATU y el IMSS.
La auditoría completa puede verse y descargarse aquí:
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/Documentos/Auditorias/2016_0195_a.pdf
En ella, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cita que:
“La ASF ha emitido, conforme a sus facultades, diversas acciones preventivas y correctivas, que no han surtido los efectos buscados y, en consecuencia, se continúa con estas prácticas irregulares”
La ASF también aclara que las dependencias contratadas no tienen la capacidad para cumplir con los servicios requeridos. También que el esquema utilizado “avala una operación incierta con esquemas creados con la intención de asignar de manera directa supuestos servicios y adquisiciones con proveedores -elegidos por los mismos servidores públicos involucrados- emiten facturas que amparan operaciones inexistentes a empresas” las cuales a veces son “proveedores ficticios, no localizados, inexistentes, algunos con nexos entre empresas, donde comparten mismos domicilios, apoderados y representantes legales, o se encuentran sancionados por el SAT”.
Tal como es el caso de la Universidad Politécnica de Chiapas; la ASF es contundente:
“Las revisiones forenses muestran claramente la trazabilidad y acciones desplegadas para desviar el recurso; el esquema fraudulento se amplió en años recientes”.
Lo que hizo la Universidad Politécnica fue contratar los servicios a un menor costo, lo que hizo que ni SEDATU y el ISSSTE obtuvieran las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad de los que requerían.
Los productos exigidos en los convenios, lo que técnicamente se llaman “entregables” no tenían metodología, el contenido de cada uno de los apartados en su mayoría fue extraído de diversas páginas de internet y puesto de forma textual, por ello la ASF no identifica la aportación, análisis o conclusión del trabajo de la Universidad Politécnica de Chiapas, mucho menos el impacto de sus aportaciones. Además dice la ASF, existe información que se repite en varios apartados.
Continúa la ASF diciendo en su informe que en los entregables se repitieron varios párrafos. Y para Ripley; en el apartado de bibliografía, en los convenios, la Politécnica de Chiapas identificó documentos que refieren haber sido consultados durante el año 2016, siendo que los entregables, según evidencia entregada por la universidad, fueron proporcionados el 24 de noviembre y 1 de diciembre de 2015.
La Universidad Politécnica de Chiapas no pudo acreditar ante la ASF la manera en que seleccionó a los proveedores, ni su experiencia, ni se especificó la manera en que determinaron el costo de los servicios.
Ante el desaseo encontrado, la ASF decidió realizar visitas domiciliarias a los proveedores subcontratados por la Universidad Politécnica de Chiapas.
La sorpresa fue mayúscula:
Hubo empresas que no fueron localizadas, ni físicamente en su domicilio fiscal ni en el sitio de internet que reportaron. Fue el caso de la empresa “Advisor Groups Soluciones Integrales y de Proyección”, tampoco se localizó a las empresas Contabilidad y Soluciones Inner, S.A. de C.V. y Conseil Best, S.A. de C.V, otra empresa, Proactiva Índigo de Puebla, S.A. de C.V., no sustentó la ejecución de los servicios.
Finalmente, los datos de la ASF sobre la trama Politécnica de Chiapas, SEDATU e ISSSTE, en donde subcontrataron los servicios, está condensada en dos gráficas denominadas:
“Flujo de recursos federales pagados por la SEDATU a la UPCH al amparo de los cuatro convenios específicos de 2015 pagados en 2016. CP 2016” y;
“Flujo de recursos públicos federales pagados por la SEDATU e ISSSTE a la UPCH que fueron reconocidos como beneficio propio y aplicados a otros fines distintos a los convenios. CP 2016”
Ante la evidencia presentada por la Auditoría Superior de la Federación y la pasividad de la Contraloría General del Estado; es muy sencillo entender esa reproducción del esquema; se realizó porque existe impunidad.
En ese sentido, después de la evidencia que involucra a la Universidad Politécnica con SEDATU e ISSSTE; ¿Alguien duda de ello?
La pregunta es: ¿Quién o qué hace que el Rector esté impune?