La redacción.- CIMANoticias
Ciudad de México. El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, entre otras organizaciones, demandaron al gobierno mexicano investigar y esclarecer con perspectiva de género el asesinato de una mujer haitiana, ocurrido el pasado 28 de octubre de 2021, en la desembocadura del Río Suchiate, con los límites fronterizos entre México y Guatemala.
Las organizaciones detallaron en diversos comunicados que el asesinato de la mujer fue cometido por elementos de la policía migratoria, quienes se encuentran prófugos, por ello demandaron al gobierno mexicano que desarrolle una averiguación con perspectiva de género para que la familia de la víctima pueda acceder a la justicia.
Este hecho, resaltaron, es una evidencia más de la política migratoria violenta y represiva que el gobierno mexicano ha desempeñado desde agosto de 2021 contra personas migrantes sin importar si son menores de edad, están embarazadas, tienen una discapacidad o cuentan con el derecho de pedir asilo en el país. Estas acciones violan los derechos de esta población, los deja en mayor vulneración y los condena a morir al no tener acceso a la salud, a un trabajo, a una casa o dinero para comprar alimentos.
La actual política migratoria, añadieron, se enfoca en perseguir y criminalizar a las personas migrantes, a pesar de que ellas han declarado numerosas veces que “migran para buscar mejores oportunidades de vida”, ya que desde marzo de 2020, la Comisión Mexicana de Ayuda de Refugiados (COMAR) no ha dado respuesta a sus solicitudes de asilo ni les ha concedido un permiso para poder laborar. lo que es aprovechado por los grupos criminales para introducirlos en la explotación laboral o sexual.
Las mujeres haitianas, de acuerdo con un comunicado de Imumi, llegaron a México debido a que 2 millones de personas vivían en pobreza extrema, 2 de cada 3 no tenía un trabajo fijo, una de cada 3 necesitaba asistencia alimentaria, 22 por ciento de la infancia padecía desnutrición, y 70 por ciento de las haitianas fueron víctimas de violencia sexual. Situación que se agravó luego de que su presidente, Jovenel Moise fue asesinado en julio de 2021.
Agregaron que en particular las personas afrodescendientes y las mujeres se encuentran en mayor riesgo de padecer violencia de género o sexual por parte de los agentes migratorios o grupos criminales. De septiembre a enero de 2021, fueron detenidas 7 mil 722 personas haitianas de manera indebida, de ellas sólo 198 accedieron a una defensa y se han realizado expulsiones masivas en autobuses hacia las fronteras de Guatemala y Honduras, según datos de la Asociación Interamericana de Defensoría Pública.
Las expulsiones, explicaron, son realizadas mediante una complicidad del gobierno estadounidense y el mexicano. Mientras el primero envía a personas migrantes mediante vuelos, el segundo emplea a sus agentes migratorios del Instituto Nacional de Migración y a casi 27 mil elementos de la Guardia Nacional para obligar a esas personas, que salieron de Chiapas o llegan a los aeropuertos, a subir a autobuses que las llevan a las fronteras de Guatemala y Honduras y las hacen cruzar a pie.
Esta colusión fue señalada por organizaciones civiles de distintas partes del mundo durante una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que destacaron que entre agosto y octubre de 2021, el gobierno estadounidense envió 100 vuelos a Chiapas y Tabasco y más de 22 mil personas fueron expulsadas a México, de las cuales 23 por ciento fueron mujeres y 8 por ciento menores de edad.
Este panorama, dijeron, envía el mensaje a la población mexicana que las personas migrantes “no son importantes y no tienen derechos”, lo que incrementa expresiones de racismo, discriminación y xenofobia.
Recalcaron que se mantendrán atentas del proceso legal que se desarrolle para tratar el asesinato a fin de garantizar la justicia para ella y su familia, así como de que proporcionen las condiciones básicas de seguridad y ejercicio de derechos para las migrantes y de quienes requieren protección internacional.
“Ni una migrantes menor”, concluyeron. Es necesario decir que estas mismas organizaciones junto con muchas más han denunciado la violencia del INM y la GN contra la población migrantes ante la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los agresores sean castigados, sin embargo esto no ha producido ningún avance, incluso la administración vigente no ha reconocido esta problemática.
Las autoridades de este país se han limitado a decir que “el INM sólo busca cumplir con sus obligaciones, que lamentan las agresiones”, pero no más. Unos días antes del asesinato de la mujer haitiana, el INM informó en un comunicado que respetaría los derechos de las mujeres y brindaría Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias a embarazadas y menores de edad para reducir para reducir el riesgo de enfermedades de caminar bajo 40 grados sin zapatos.
Esta mañana, el “Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano” denunció que la GN disparó contra un vehículo en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, que transportaba 13 personas migrantes, de las cuales una falleció y otras dos tienen lesiones graves, por ello solicitaron se inicie una averiguación sobre este hecho y los responsables sean castigados.
“Ningún lugar seguro”
Representantes de Amnistía Internacional presentaron los resultados de su investigación “Las personas haitianas en movimiento necesitan protección internacional urgente”, en la cual evidenciaron que más de 26 mil personas haitianas solicitaron asilo en México en 2021, pero la mayoría no ha sido resulta por las medidas restrictivas del gobierno de este país, como las expulsiones ilegales, que viola el principio de no devolución.
A su vez todo ello -enfatizaron- está sobrecargando el sistema y dando lugar a condiciones de inseguridad y a indigencia debido a la falta de acceso a vivienda adecuada, alimentos y otras necesidades básicas. “Hoy pedimos a los Estados de la región que pongan fin a las deportaciones a Haití y apliquen con urgencia medidas de protección a las personas haitianas”, declaró la directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevera Rosas.
Demandaron que los gobiernos, en específico el mexicano, cumpla con sus obligaciones respecto al derecho internacional y brinde protección a las personas haitianas en movimiento para así reducir los peligros a los que se exponen, más aún sin estar vacunados y en contexto de pandemia.
21/AEG/LGL