Juana Alonso Santizo fue acusada de pertenecer a una banda de secuestradores de migrantes y tras 8 años de un proceso penal lleno de violaciones, según organizaciones, ahora vuelve a su país
Fredy Martín Pérez.
Ocho años y seis meses permaneció en prisión Juana Alonso Santizo, indígena chuj, acusada de pertenecer a una banda de secuestradores de migrantes, que operaba en la frontera norte, pero este domingo volvió a su país que dejó cuando tenía 27 años de edad, con el propósito de buscar trabajo en los Estados Unidos.
Originaria del municipio de San Mateo Ixtatán, en el departamento de Huehuetenango, Juanita, como es conocida, salió de su hogar a finales de octubre del 2014, cansada de falta de oportunidades en su comunidad, que habitada por indígenas de la etnia chuj, que desde los finales de los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado, emprendieron el éxodo a los Estados Unidos.
Eso guatemaltecos que salieron rumbo a los Estados Unidos, eran “guiados” por los kanjobales de la comunidad vecina de San Pedro Soloma, que temerosos se acercaban hasta el parque nacional Lagos de Montebello, en el municipio de La Trinitaria, desde donde los migrantes por su propia cuenta, se aventuraban a seguir hacia Comitán y de ahí a San Cristóbal de las Casas, Tuxtla y la frontera norte.
Poco a poco perdieron el miedo y años después, los coyotes de San Pedro Soloma, cobraron fama, por lo que las familias de guatemaltecos que querían llegar a los Estados Unidos, empezaron a pagar a los “guías” para llegar a la frontera note, cuenta una autoridad local de Nentón, que pide no ser identificado porque es conocido de los hijos y nietos de los primeros coyotes kanjobales.
Juanita tenía 27 años de edad, cuando le dijo a su padre que quería ir a los Estados Unidos para trabajar y mandar dinero a su comunidad como lo han hecho los migrantes de San Mateo Ixtatán y de miles de comunidades guatemaltecas.
Pero al llegar a Reynosa, Tamaulipas, Juanita y otros migrantes de Honduras, fueron secuestrados en una casa, hasta donde llegó la Policía Estatal para rescatarlos, pero una mujer de origen hondureño acusó a la guatemalteca de “ser parte de la banda” criminal.
Los familiares de la guatemalteca han dicho que Alonso Santizo dejó su hogar en agosto del 2014, pero durante el trayecto entre su comunidad a Reynosa, no tuvo comunicación con los otros migrantes del grupo, porque no hablaba español. Cuando llegó a la frontera norte, el coyote le dijo a la joven que “estaba cerca de entrar” a los Estados Unidos, explicaron.
Así pagó 500 quetzales, unos mil 500 pesos, pero se pospuso el cruce de la frontera, porque en esos días tenía gripa, “estaba en sus días” y se sentía mal de salud, hasta que fue secuestrada con dos hondureñas, una mujer adulta y su hija.
Desde que fue detenida la guatemalteca, permaneció en prisión sin oportunidad de tener un traductor en su lengua originaria, para enfrentar al proceso que se le siguió por el delito de secuestro.
La hondureña que acusó a la guatemalteca no se supo más de ella, porque a lo largo de los más de ocho años y seis meses, nunca más se le citó para ratificar la denuncia.
Organismos de derechos humanos y defensores del migrante, denunciaron en su oportunidad que hubo violaciones al debido proceso, porque a Juana no tuvo un traductor que la asistiera durante las audiencias, pero tampoco estuvieron presentes funcionarios consulares de Monterrey.
Incluso el abogado de Juana solicitó al consulado de Guatemala en Tijuana, que se le asistiera en las audiencias con un traductor del idioma chuj, pero no se consiguió.
Según la averiguación previa 102/2014, la casa de seguridad de los polleros, se ubicaba en la calle Circuito Laguna de Barril, en la colonia Villa Diamante 108, en Reynosa, pero al momento que llegó la Policía, la mujer de origen hondureño acusó a la guatemalteca de ser parte de la banda de secuestradores.
Desde el año pasado, grupos de defensores de derechos humanos pidieron que se revisara el expediente de Juanita.
La oficina de la ONU para Derechos Humanos en México, visitó a Juana en la prisión y denunció las “pésimas condiciones” en que se encontraba en el penal.
Pidió al consulado general de Guatemala en México, que Alonso Santizo fuera asistida por un intérprete en la legua chuj y recibiera la protección consular.
Además, los representantes de la ONU acompañaron a un tío de Juana a “denunciar los actos de tortura de que fue víctima a la oficina de la Procuraduría General de Justicia en Reynosa y Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
La embajada de Guatemala en México consiguió que la Fiscalía General de Tamaulipas, “aceptara revisar el caso con altas posibilidades de logar su desistimiento” del acto que se asienta en el expediente 148/2016, que residió en el Juzgado Primero de lo Común.
“La cancillería de Guatemala confía plenamente en que el caso se logre resolver de manera efectiva y obtener al corto plazo la libertad de Juana Alonso Santizo”, consideró la dependencia en un comunicado en enero pasado.
El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, familiares de la mujer se manifestaron en la ciudad de Huehuetenango, para pedir su liberación, pero en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, a Guatemala, el pasado 5 de mayo, conoció el caso de Juanita y su liberación era cuestión de días. Hoy la mujer volvió a su país.