La liberación de Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), preso “injustamente” en el penal de Ocosingo desde diciembre de 2020, acusado de homicidio, exigió la Junta de Buen Gobierno (JBG) denominada El pensamiento rebelde de los pueblos originarios.
La JBG señaló que “ha realizado una investigación profunda y verdadera de lo ocurrido y el resultado es que” Gómez Vázquez es inocente del delito (de homicidio) del que se le acusa injustamente”.
En un comunicado afirmó que a Gómez Vázquez “lo están criminalizando e inventando pruebas para tenerlo preso injustamente. Lo atacan por ser zapatista; es la verdad, porque para los malos gobiernos el ser zapatista es un delito que se castiga con calumnias, persecución, cárcel y muerte”.
Señalaron que las autoridades oficiales del ejido El Censo, municipio de Ocosingo, de donde es originario Manuel, “saben que es mentira de lo que se le acusa, pero tienen miedo de decirlo porque están amenazados de muerte por los familiares de los asesinos que fueron quemados”.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), explicó que entre el 4 y el 5 de diciembre de 2020, en el ejido el Censo “se suscitaron una serie de hechos de violencia que dejaron como saldo 4 personas privadas de la vida”.
Explicó que después de los hechos, Manuel “fue detenido ilegalmente el 4 de diciembre por un grupo civil armado y autoridades comunitarias; recibió tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes; el 5 de diciembre de 2020 fue entregado a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y policías de investigación de la Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE)”.
El Frayba añadió que fue puesto a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ocosingo hasta el 9 de diciembre de 2020.
Sostuvo que la Fiscalía de Justicia Indígena “no realizó una investigación diligente y científica, imputándole un homicidio a Manuel, quien en el momento de los hechos se encontraba junto a su familia en su domicilio”.
Subrayó que el indígena “está siendo criminalizado judicialmente junto a su familia, por ser parte de las bases de apoyo del EZLN, ya que la Fiscalía carece de medios de pruebas para acusarlo; por el contrario, fabricó pruebas a modo, toda vez que no presenta a declarar a los supuestos testigos, lo que ha dado como consecuencia que en dos ocasiones la audiencia de Juicio Oral se haya diferido”.
Aseguró que “no existen necropsias por los homicidios y el Poder Judicial del Estado se ha excedido en la prisión preventiva que en ningún caso será superior a dos años”.