Enriqueta Burelo
Coincido con mi amigo y colega Héctor Estrada Avelar que 11 personas fueron asesinadas en el municipio de Chicomuselo, y la respuesta ha sido la indiferencia, por lo menos eso se percibe en la superficie, los feminicidios se han ido incrementando en forma exponencial, pareciera que hemos llegado a un punto, donde la violencia ha adquirido cartas de naturalización y lo único que reluce en los chats: “Que tragedia”, y un emoticón de lágrimas.
La violencia criminal en tiempos electorales, tiene diversos fines, provocar el miedo a la participación política y en este sentido las mujeres somos el primer blanco, el vulnerable, desmovilizar al electorado, no estar a cargo de una casilla, no ir a votar, la violencia político-criminal en México tiene afectaciones reales sobre la participación política de las personas, vulnerando así un derecho fundamental de la democracia.
Y nos situamos en otro contexto y otro caso que no es Chiapas, que nos muestra como racionalizamos la violencia, como le damos una explicación ¿lógica?, en marzo de 2018 de tres jóvenes estudiantes de poco más de 20 años que realizaban una tarea escolar en Tonalá, su posterior tortura y asesinato —poniéndoles cuerdas al cuello y luego tensándolas al darle vueltas a un tubo metálico, como si fuera un torniquete—, y finalmente, la disolución de sus cuerpos en ácido para no dejar rastro de ellos.
Todo ello se vuelve racional y comprensible cuando el hecho se describe de esta manera: puesto que un grupo delictivo supuso que los tres jóvenes eran parte de un grupo rival que compite por la “plaza”, aquellos optaron por acabar con ellos para impedir la afectación de sus intereses.
Mas de una década llevamos como país buscando respuesta a la crisis de violencia que nos envuelve: ejecutados, torturados, decapitados, destazados, “levantados”, desaparecidos…son apenas un puñado las palabras con las que ahora describimos nuestra realidad cotidiana, la de todos los estados de la república, pero sin que podamos hallar una explicación satisfactoria sobre el origen o las causas de tal espiral violenta.
Mientras sucedía en los estados del norte en Chiapas no nos preocupamos, como dice el dicho popular “que se haga justicia en los bueyes de mi compadre” no pusimos, bueno, los caballeros, sus barbas a remojar, y en el imaginario popular , surgían las frases, mientras se pacte y pasen a un ladito, pero hoy se necesitarían, muchos pactos, y el crimen organizado ya se diversifico, ya no solo es trasiego de drogas, sino, trata de personas, secuestro, levantones y asesinatos, ya no sabemos salir de la ratonera.
¿Son los asesinos, secuestradores, extorsionadores, “pozoleros” y torturadores de los grupos delictivos solo víctimas del Estado mexicano corrupto y débil, así como de la estructura del sistema neoliberal; o, más bien, son sujetos dotados de libertad, responsables plenos de sus actos, que habiendo podido decirle no a la violencia, ¿ejercieron su voluntad para hundirse en ella y dañar a los demás?
Por acción u omisión, es el Estado el gran responsable de lo que ocurre en el país, paralelo a ello, esta la otra parte. aquel que tiró del gatillo es un hombre que, de haberlo querido, pudo salvarle la vida al otro, y desde ese punto de vista, que parte de culpa asumimos como sociedad.
En el caso de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, se habla de que esta es posible reducirla mediante una estrategia de defensa y activismos feminista conminada con una acción coordinada en materia de salud, finanzas, justicia, y otros ámbitos.
Investigaciones recientes apuntan a que los movimientos feministas fuertes y autónomos son el factor más importante para impulsar el cambio. Poner fin a la violencia contra las mujeres es tarea de todas y todos.
La violencia contra las mujeres es omnipresente, pero no es inevitable, a menos que permanezcamos en silencio, mientras tanto a la violencia desde el crimen organizado como pararla, nos preguntamos, es un callejón sin salida.
Hoy en pleno proceso electoral, la democracia está en riesgo, porque la violencia, vulnera la capacidad de la ciudadanía de elegir libremente a sus gobernantes.