CDMX
Por la comisión de una serie de omisiones que derivaron en el desplazamiento forzado de cinco mil 266 pobladores de los municipios chiapanecos de Chalchihuitán y Chenalhó, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de esa entidad, el morenista Rutilio Escandón Cadenas, el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alejandro Gertz Manero, y el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín, entre otras autoridades estatales y municipales.
En la recomendación 87/2018, el organismo inculpa a las autoridades de los tres niveles de gobierno de vulnerar los derechos a la libertad de circulación y residencia, a no ser desplazado forzadamente, a la asistencia humanitaria, y a las medidas de ayuda inmediata, a la seguridad personal, a la vida, al acceso a la justicia en su modalidad de inadecuada procuración de justicia, así como los derechos económicos, sociales y culturales de los afectados.
Con base en las pruebas analizadas, sostiene que no garantizaron la ayuda inmediata tras los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2017 en los cuales varias personas ingresaron al municipio de Chalchihuitán con armas de fuego, dispararon contra la población y ocasionaron la muerte de una persona, así como el desplazamiento de otros cinco mil 266 habitantes de las comunidades de Canalumtic, Pom, Ch´enmut, Bololchojón, Bejeltón, Tulantic, Cruztón, Cruz Cacanam y Tzomoltón todas pertenecientes a Chalchihuitán y Majompepentic, del municipio de Chenalhó, Chiapas.
Para resarcir los daños, la CNDH pide a las autoridades diseñar e implementar un programa de reparación colectiva a las víctimas directas e indirectas de quienes perdieron la vida durante el desplazamiento forzado, y se les brinde atención médica y psicológica. También inscribir en el registro nacional de victimas a quienes sufrieron daños en sus viviendas, perdieron sus cosechas y animales de granja, como también a todas aquellas que lo requieran.
En el mismo sentido, ordena realizar un censo para corroborar el número de víctimas que salieron de su domicilio por esta causa, realizar un diagnóstico sobre la situación actual de estas personas y del conflicto territorial; diseñar e implementar campañas de información para hacerles saber sus derechos y a quien pueden exigirle su cumplimiento y respeto, así como programas de salud en apoyo del DIF y los sistemas locales de salud.
Al igual que la implementación de protocolos de seguridad, que incluyen un programa de desarme en esas localidades, así como protocolos de actuación para garantizar sus derechos a la vida, salud, alimentación, vivienda y educación, entre otros.
Además, solicita al Subprocurador Jurídico continuar con la integración y perfeccionamiento de las respectivas carpetas de investigación, para esclarecer los hechos y lograr la identificación y detención de los probables responsables; y colaborar con la CNDH en la queja ante la Visitaduría General de la PGR por la dilación injustificada en la determinación de las carpetas de investigación.
Del mismo modo, deberá intervenir el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, para la asignación de recursos al programa de Apoyo para el Acceso a los Derechos Indígenas Desplazados; y las presidencias municipales de Chalchihuitán y Chenalhó, para los trabajos de deslinde que realicen en sus límites territoriales.
Por último, la Comisión instó al ayuntamiento de Chalchihuitán investigar y las medidas oportunas de manera inmediata los hechos de violencia que se suscitaron en las últimas semanas del mes de diciembre de 2018, presuntamente por el síndico municipal de ese lugar, contra las víctimas de desplazamiento forzado interno.
La recomendación fue dirigida al gobernador del estado, Rutilio Escandón; al Fiscal General de la entidad, Jorge Luis Llaven Abarca; al Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en Suplencia del Procurador General de la República, Alejandro Gertz Manero; al Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón; al Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino López; a la Presidenta Municipal de Chalchihuitán, Margarita Díaz García, y al Presidente Municipal de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez.
Con información de la CNDH y Apro
