Los choques entre grupos criminales causaron 279 desplazados y decenas de muertos, entre ellos el sacerdote Marcelo Pérez.
Fredy Martín Pérez
El año pasado fue hasta ahora el más violento para Chiapas, como consecuencia de la guerra entre las organizaciones criminales que se disputan el control del estado. Esto ha provocado el desplazamiento de 279 mexicanos hacia Guatemala, además del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez y del reportero Víctor Culebro. Además, fueron ejecutados dos catequistas y sus familiares; mientras, instructores pedían a los católicos que operan en la Sierra Madre no unirse a ellos.
Los homicidios dolosos en la entidad han aumentado en los últimos años. De enero a noviembre del 2024 se cometieron 620 homicidios. En este mismo periodo del 2023, fueron 457; en el 2022 se cometieron 342; en 2021 fueron 399 y el 2020 se registraron 393 homicidio dolodos, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, el 20 de octubre, al terminar su homilía en el templo del barrio de Cuxtitali, cimbró a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, que desde 1959, cuando llegó a Chiapas, el obispo Samuel Ruiz García, solo había registrado el encarcelamiento de párrocos o expulsiones del país.
“Es un golpe a los procesos, a las luchas por la paz”, sostiene el teólogo Jorge Santiago.
Fue el 12 de mayo, cuando un grupo criminal sorprendió a las 11 personas en sus viviendas en Nueva Morelia, del municipio de Chicomuselo.
Después de asesinarlos a balazos, quemaron los cuerpos. “Demostraron su oposición a unirse al crimen organizado”. “No nos aliamos contigo, porque nuestro corazón es de Dios”. “Ese fue su delito…”, exaltó el obispo auxiliar de la diócesis de San Cristóbal, Luis Manuel López Alfaro, en una misa multitudinaria 15 días después de la masacre.
El 1 de octubre, el primer día de gobierno de Claudia Sheinbaum, una patrulla de soldados de la 36 Zona Militar atacó a disparos de armas de fuego, a un grupo de migrantes de Asia, El Caribe, Centro y Sudamérica, que viajaba en un camión de redilas, en el municipio de Villa Comaltitlán, donde murieron seis personas y diez más resultaron gravemente heridos.
El investigador del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Gerardo González Figueroa, asegura que el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, ha causado “un gran riesgo” para activistas, defensores de los derechos humanos y comunicadores de Chiapas.
El párroco “jugaba un papel por la justicia y por la paz”, en las comunidades donde desarrollaba su labor pastoral.
Su ejecución es una intimidación. “Entonces podemos tener muchas interpretaciones del mensaje de esa muerte: una amenaza a defensores de derechos humanos, a periodistas”. “Eso es un mensaje muy fuerte”.
Por este caso, la autoridad debería investigar y llegar “hasta sus últimas consecuencias”, con el fin de hacer justicia. “Pero si solamente lo vemos como un caso más, como un caso aislado, como una víctima de la guerra, ya estamos mal. Si el poder hegemónico no empieza a hacer justicia en este país, el acumulado de injusticias, de impunidad, de tantas muertes de niños, de mujeres, pues seguirá siendo impune”, sostiene González Figueroa.
Y agrega: México, “ya es una fosa”, “Es una gran fosa común. Ya no es Chiapas, y no es Guerrero, ya no es Michoacán; el país entero”. “Yo nunca pensé ver al país con tantos muertos, con cuántos desaparecidos, donde pues da miedo transitar por las carreteras”, expone.
México es un país que “está enlutado las 24 horas”. “Y eso es terrible”, considera el investigador del área de salud del Ecosur, el principal centro de investigaciones en el sureste mexicano.
Explica que la ordenación del sacerdote Marcelo Pérez, fue resultado de la teología liberacionista que impulsó el obispo Samuel Ruiz García, que en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, que reivindicó a la teología india, con la incorporación de expresiones autóctonas en en los servicios.
Fue a la llegada del obispo Felipe Arizmendi Esquivel, en el año 2000, que se impulsa la formación de los sacerdotes de pueblos originarios. En la actualidad hay unos 364 diáconos que llevan servicios religiosos en comunidades apartadas. “Había que reconocer el trabajo de catequistas, diáconos y todos los servidores que tenía la iglesia, a la salida de don Samuel y la llegada de don Felipe Arizmendi Esquivel”, dice el investigador.
Es pues, con el impulso de la teología indígena, que el padre Marcelo Pérez egresa del seminario diocesano de San Cristóbal de las Casas, en el 2002.
“Yo no se si sea correcto llamarlo hijo de la teología de la liberación, pero sin duda es hijo de la teología india y él siendo andreseño, es decir, de origen de San Andrés, su primera encomienda religiosa es en Chenalhó”.
Después don Felipe Arizmendi Esquivel ordena su traslado a la parroquia de San Antonio de Padua, de Simojovel, donde permaneció por diez años. Ahí encabeza su primera lucha, no solo contra la minería masiva del ámbar, gema milenaria, sino también contra la prostitución y drogadicción.
“Aparece una lucha que no se había dado propiamente en Chiapas, que es la lucha contra las cantinas, contra los prostíbulos, contra la trata de personas. Y eso ocasionó mucha incomodidad en los grupos caciquiles, en los grupos de poder de Simojovel, con muchas amenazas en su contra”.
Durante el 2024, los grupos criminales acrecentaron sus hostilidades en la Sierra Madre, donde con el reclutamiento masivo de hombres adultos y adolescentes, que eran obligados a participar en bloqueos de caminos y enfrentamientos armados con sus adversarios.
Así, atemorizadas, las familias abandonaron sus hogares en Chicomuselo, Frontera Comalapa, Bella Vista, Motozintla, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Jaltenango, Siltepec, La Grandeza, Mazapa de Madero y otros municipios, para buscar refugio con familiares y conocidos en el Altiplano, centro de Chiapas, pero otros emigraron al norte, Ciudad de México, Puebla y otros estados.
Los enfrentamientos provocaron que para la cosecha de café en la temporada del 2023-2024, los jornaleros de Guatemala, que entran por miles, no llegaran a las fincas y a las pequeñas propiedades al corte del grano.
Pero la violencia se extendió a casi todo el estado. En Pantelhó, el 11 de marzo, en la comunidad La Piedad, un grupo armado, asesinó a un niño de diez años y su hermano de 17. Quedaron heridos una niña de diez y un adolescente de 15 años.
El día 31 de ese mes, cinco hombres fueron asesinados en Nuevo Paraíso, municipio de La Concordia.
El 1 de abril, fue atacado un rancho y se registró un enfrentamiento en las cercanías del embarcadero Zaragoza, en la presa La Angostura.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, aseguró que eran 25 los muertos por estos choques armados, pero el gobierno federal dijo que eran 10 fallecidos y 13 guatemaltecos detenidos con armas, vehículos y drogas.
El 28 de junio, el Cártel de Sinaloa, emboscó en una comunidad del municipio de La Concordia, a un grupo de hombres del Cártel Chiapas Guatemala, que viajaba en un camión tipo volteo, donde perdieron la vida 19 hombres.
Las autoridades llegaron después de varios días al sitio, para trasladar los cuerpos ya en descomposición al Servicio Médico Forense (Semefo).
En Frontera Comalapa, que está bajo el control de una organización criminal, desde hace tres años, el exalcalde de Frontera Comalapa, Irán Mérida Matamoros, (2008-2010), que fue raptado el 14 de diciembre del 2023, reapareció en un video el 29 de abril, donde revela la operación de los criminales en ese lugar.
El 27 de abril, un grupo armado se llevó al candidato del PT a la alcaldía de Frontera Comalapa, Rey David Gutiérrez Vázquez y el 3 de septiembre, raptan al alcalde electo de ese lugar, Anibal Roblero Castillo, cuando se encontraba en una cafetería en Tuxtla.
La violencia imparable en Chiapas, obligó a las diócesis de San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tuxtla, a convocar a una marcha por la paz, el 13 de septiembre, donde participaron obispos, sacerdotes, entre ellos Marcelo Pérez, religiosas y laicos que llegaron de las nueve regiones de Chiapas.
Cansados de exhortos y prédicas de los sacerdotes de las tres diócesis, convocaron a la peregrinación en la capital de Chiapas.
“Las tres diócesis nunca se habían unido y siempre habían sido como muy pasivas”, explica González Figueroa. “La iglesia como institución salió. Se había tardado en salir. Le tocó salir a dar su voz y su manifestación”.
Para el teólogo Jorge Santiago, colaborador del obispo Samuel Ruiz, el asesinato del párroco Marcelo Pérez, representa una agresión a los procesos de conciliación de la Iglesia. “Es un golpe a los procesos, a las luchas por la paz y la organización de las comunidades, de resistencia de los pueblos que no pueden ser otras, que la justicia, liberación y búsquedas de un bienestar común”.
“Hay un conjunto de personas que se han comprometido en estas búsquedas. Uno de ellos era el padre Marcelo”, sostiene.