Sarampión: el precio de la desatención
Rafael Solís
Un país no se mide por la grandilocuencia de sus discursos, sino por la forma en que protege a quienes no pueden defenderse. Por eso, cuando el sarampión —una enfermedad prevenible— vuelve a matar a bebés y niñas y niños pequeños, la tragedia no es “un dato”, es el retrato de un Estado que llegó tarde.
En Ciudad de México, la autoridad sanitaria local corrigió lo que primero informó como el fallecimiento de una niña: la primera muerte atribuida al sarampión en la capital fue, en realidad, un bebé de 3 meses, con defunción ocurrida el 30 de diciembre de 2025 y dictaminada posteriormente.
En Tlaxcala, el sector salud reportó la muerte de un lactante de un año y un mes, con esquema de vacunación incompleto. Y mientras tanto, el brote nacional no es menor: autoridades de salud han informado 29 defunciones y más de 9 mil casos confirmados —corte a mediados de febrero de 2026—, con una concentración importante de muertes en Chihuahua.
Aquí está el punto que duele: el sarampión no es un “misterio clínico”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo recuerda con crudeza: es altamente contagioso, puede causar complicaciones graves y muerte; y las complicaciones son más frecuentes en menores de cinco años. Más aún: la OMS subraya que, aun existiendo una vacuna segura y costo-eficaz, la mortalidad global reciente se ha concentrado “en su mayoría” en niñas y niños no vacunados o insuficientemente vacunados, especialmente menores de 5 años.
Es decir, cuando muere un bebé por sarampión, no estamos frente a un infortunio inevitable; estamos ante el costo de haber tolerado brechas de vacunación, fallas de prevención y un sistema que reacciona cuando ya es tarde.
Y aquí conviene la pregunta incómoda: ¿cuál es el costo-beneficio de las “¿Becas del Bienestar” cuando su diseño y operación se vuelven el centro del modelo político, pero el Estado no garantiza lo básico —como la prevención en salud— con la misma intensidad?
Porque el presupuesto revela prioridades. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PEF), por ejemplo, aparecen montos enormes para becas:
Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”: 75 mil 043 millones 880 mil pesos.
Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez”: 41 mil 282 millones 230 mil pesos.
Jóvenes Escribiendo el Futuro: 10 mil 752 millones 500 mil pesos.
Y, en el agregado que se ha difundido públicamente sobre el PEF 2026, el “conjunto de Becas Benito Juárez” rondaría 184 mil 595 millones de pesos, dentro de un paquete donde “programas de bienestar” se estiman en 987 mil millones. En ese mismo marco, también se presumen asignaciones para infraestructura y proyectos emblemáticos: 30 mil millones al Tren Maya y 25 mil millones al Tren Interoceánico.
Nadie discute que apoyar la permanencia escolar importe. El problema aparece cuando el apoyo monetario pretende sustituir —en el imaginario político— lo que sólo puede dar el Estado: servicios de salud oportunos, vacunación sistemática, vigilancia epidemiológica, personal suficiente, cadena de frío, campañas casa por casa, seguimiento comunitario.
Una beca puede comprar útiles; no compra inmunidad colectiva. Un programa social puede aliviar el mes; no reemplaza un sistema preventivo. Y cuando el régimen convierte la política social en vitrina permanente —con propaganda, padrones opacos, “lealtades” y uso electoral de la gratitud— corre el riesgo de lo que ya vimos en otras latitudes: la sustitución del ciudadano por el beneficiario, y del derecho por la dádiva.
Esa ruta, accidentada y dolorosa, la transitaron modelos que terminaron cerrando espacios, degradando instituciones y asfixiando contrapesos; Cuba y Venezuela son recordatorios suficientes.
Por eso la discusión no es “becas sí o no”. La discusión seria es: ¿becas con qué contrapesos y con qué evaluaciones?
¿Cuánto reducen efectivamente la deserción, y en qué regiones?
¿Qué parte del gasto se va en operación y qué parte llega a la persona?
¿Qué mecanismos evitan el clientelismo —reglas claras, auditorías, transparencia del padrón, evaluación independiente—?
¿Por qué no vincular el apoyo educativo a una agenda mínima de prevención, esquema completo de vacunación infantil, chequeos de primera infancia, seguimiento nutricional?
Porque el costo-beneficio verdadero no se mide en spots ni en aplausos: se mide en vidas. Y cuando el sarampión vuelve a cobrarse la de un bebé de 3 meses, la pregunta deja de ser técnica y se vuelve moral: ¿en qué momento normalizamos que el presupuesto sirva más para consolidar estructuras políticas que para blindar lo elemental?
Lo más grave es que este dilema ya estaba escrito desde hace tiempo en otras áreas del debate público: sin garantía de derechos sociales, la cohesión se rompe. Un enfoque que presume “bienestar” pero no asegura salud, educación y prevención termina siendo un edificio con cimientos débiles. Incluso en materia de seguridad —y esto aplica igual para salud pública— el enfoque exclusivamente reactivo fracasa: es indispensable atender causas estructurales y fortalecer servicios como salud y educación.
Al final, la historia del sarampión en 2026 nos deja una verdad incómoda: la propaganda puede repartir dinero; la prevención salva vidas. Y un país que acepta muertes evitables en su infancia está pagando, muy caro, el precio de sus prioridades.
Qué complicado.