Denuncian deforestación, afectaciones a manantiales y falta de consulta previa, libre e informada a pueblos originarios
San Cristóbal de Las Casas, Chis. 28 Febrero.- Habitantes de Chilón y otros municipios de la zona norte de Chiapas, acompañados por organismos de derechos humanos y defensores del medio ambiente, reiteraron su oposición a la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque, al señalar que el proyecto se edifica “sin cumplir con los requisitos legales mínimos y sin garantizar los derechos de los pueblos originarios”.
Durante el conversatorio “Sí a la vida, no al despojo del territorio. El caso de la supercarretera San Cristóbal-Palenque”, realizado la tarde de este sábado en el templo de San Nicolás, en el centro de San Cristóbal de Las Casas, los participantes dieron a conocer los resultados de una caravana de observación que recorrió la zona afectada para documentar daños y recabar testimonios.
En un pronunciamiento conjunto, denunciaron que la obra avanza sin información ambiental, social y cultural suficiente, ni estudios técnicos adecuados, además de que no se ha realizado una consulta libre, previa e informada conforme a los derechos de los pueblos indígenas.
Los asistentes aseguraron que en los municipios de Palenque, Salto de Agua y Chilón la autopista tendrá impactos ambientales significativos. Entre ellos destacaron la deforestación de zonas de bosque mesófilo de montaña —ecosistema cada vez más escaso— y afectaciones a especies en peligro de extinción como el bagre de Chiapas, la musaraña lacandona y plantas como la lacandonia.
Asimismo, advirtieron que el trazo carretero pasa cerca de manantiales que abastecen a comunidades rurales, pone en riesgo la producción campesina al cortar veredas y caminos saca cosechas, e impide el usufructo de parcelas, vulnerando el derecho humano a la alimentación.
Denunciaron también que la extracción de material pétreo para la construcción destruye cerros y ha provocado deslaves e inundaciones en poblados cercanos en meses recientes, lo que, afirmaron, pone en peligro la vida de quienes habitan en la región.
En la caravana participaron organizaciones como el Centro de Derechos Indígenas, Desarrollo Económico y Social de los Indígenas Mexicanos, el Colectivo Brigada Común, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio.
“Hemos recorrido el territorio y vemos con preocupación los procedimientos y afectaciones que se han generado”, señalaron.
Las organizaciones acusaron al gobierno de implementar una “estrategia de fragmentación” para debilitar la organización comunitaria y la resistencia de los pueblos, recordando que años atrás el mismo proyecto fue frenado cuando formaba parte del Plan Puebla Panamá, posteriormente denominado Plan Mesoamérica, y que ahora, afirmaron, se articula con el corredor interoceánico y el llamado Tren Maya.
También denunciaron que personas que se oponen a la obra han enfrentado amenazas, hostigamientos e intimidaciones por parte de autoridades locales y representantes de las empresas constructoras.
Agregaron que se han promovido amparos para exigir el respeto a los derechos a la información, la libre determinación y la consulta previa, ante la falta de difusión de la Manifestación de Impacto Ambiental. Sin embargo, señalaron que los juzgados han negado las suspensiones solicitadas bajo el argumento del interés social y el orden público, permitiendo que el proyecto continúe mientras los juicios siguen en trámite.
Finalmente, las organizaciones reafirmaron su rechazo a proyectos que, dijeron, vulneran la autodeterminación de los pueblos mediante amenazas, chantajes y despojo.
Exigieron acceso pleno a la información, consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada conforme a estándares internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; el cese de la criminalización de personas defensoras del territorio, y que jueces y magistrados resuelvan los amparos con una perspectiva de derechos humanos y de pueblos indígenas.