Tala de árboles el negocio: FGE
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 2 Mayo.- Un aserradero clandestino que comercializaba maderas preciosas fue desmantelado en la reserva forestal Cerro Brujo del municipio de Ocozocoautla, donde este jueves la Fiscalía General del Estado (FGE) recuperó mil 27 hectáreas, y detuvo a ocho presuntos integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente – Emiliano Zapata (MOCRI-EZ).
En el predio de la reserva, se localizaron 80 casas de madera que servían a los taladores de bosques como bodegas y centros de almacenamiento de herramientas y equipos de transporte con los cuales comercializaban los tablones de cedro y caoba, informó en conferencia de prensa, Jorge Luis Llaven Abarca, Fiscal General del Estado.
«No había enseres domésticos en el interior de las casas; es decir no se les daba uso habitacional, lo ocupaban para talar madera, por lo que se dio vista a la Fiscalía Ambiental para realizar el recuento de daños y se proceda por la comisión del delito de ecocidio «, indicó el Fiscal.
Dijo que el operativo de recuperación de predios y de restitución de derecho de posesión a sus legales propietarios es el más importante, porque se trata de la 7a reserva natural protegida, «un pulmón de Chiapas», destacó.
La superficie total desalojada se encuentra en el kilómetro 29, de la carretera Ocozocoautla – Villaflores. Permanecía invadida desde febrero de 2014, y se extiende en 18 predios particulares, entre ellos los de la reserva ambiental de 56 hectáreas.
Los invasores mantenían tres barricadas en la entrada de los predios, que les servía como centro de control estratégico y de observación para cometer sus actividades ilícitas, incluso días antes, según denunció el ayuntamiento local, trataron de incendiar los predios con la quema de pastizales.
Las 56 hectáreas de Cerro Brujo alberga 250 especies de fauna, 11 de ellas en peligro de extinción, 33 amenazadas y 28 protegidas según la norma ambiental 059, manifestó Llaven Abarca.
En esa zona, abundó, los presuntos integrantes de MOCRI-EZ, al parecer, mantenían un control del transporte público que recorre esas rutas, mediante protección a transportistas irregulares a quienes cobraban» derecho de piso» de 500 a mil pesos a quienes permitían usar en sus vehículos calcomanías de esa organización.
Por los desalojos de predios están sujetos a proceso penal 120 personas, la mayoría de MOCRI-EZ, derivado de la recuperación de mil 795 hectáreas.
El Fiscal General agregó que en el operativo de desalojo participaron más de mil agentes de seguridad.
