Manu Ureste-Animal Político
La historia de cómo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) perdonó los presuntos desvíos millonarios cometidos durante la gestión de Manuel Velasco en Chiapas, y resolvió en dos días una investigación que llevaba meses, puede empezar a explicarse con lo ocurrido el 9 de octubre del año pasado.
Ese día, la legisladora Xóchitl Gálvez presentó en el Senado de la República un punto de acuerdo para llamar a rendir cuentas al exgobernador de Chiapas por las irregularidades en el gasto de 685 millones de pesos destinados a un programa social que debía empoderar a mujeres pobres.
“A la Auditoría no le salieron las cuentas”, dijo Gálvez en tribuna cuando expuso ante los senadores algunas de las irregularidades señaladas por la ASF en el informe publicado en febrero de 2018, como que el gobierno chiapaneco había adjudicado contratos por cientos de millones a empresas que no existían o que se realizaron actividades que poco tenían que ver con empoderar a la mujer.
La senadora pidió a los legisladores que votaran a favor de su exhorto y que Manuel Velasco diera explicaciones al respecto. “Vayamos juntos en el combate a la corrupción. Basta de simulación”, dijo Gálvez.
Sin embargo, antes de que la senadora pudiera regresar a su lugar en el recinto legislativo, algo inesperado ocurrió.
Un senador del Partido Verde, Raúl Bolaños, surgió de entre la maraña de escaños y anunció que esa misma mañana, hacía tan solo unas horas, la Auditoría había informado al gobierno de Chiapas que ya estaban solventadas todas las observaciones, y que había dado carpetazo a su propia investigación.
Es decir, que Manuel Velasco había sido perdonado.
Y que no había más tema por aclarar.
Para este reportaje, el equipo de Manuel Velasco entregó documentación como prueba de que las presuntas irregularidades estaban aclaradas, pero estos documentos resultaron los mismos que había enviado a la ASF.
El PAN recibe la noticia del llamado a Velasco
Detrás de la escena de ese 9 de octubre en el salón de Plenos del Senado, quedaron muchas preguntas sin responder.
Por ejemplo, ¿por qué el mismo día que se presentó el exhorto contra Velasco, la Auditoría determinó que todo estaba bien? ¿Por qué lo hizo si, durante los ocho meses previos, el gobierno de Chiapas no había logrado aclarar el destino de los recursos? ¿Cómo se determinó que empresas que la propia ASF documentó que eran edificios abandonados, casas particulares, y oficinas vacías dieron servicios por 685 millones de pesos?
Para contestar a estas preguntas hay que remontarse dos semanas antes de la petición de Gálvez en el Senado, al 21 de septiembre de 2018.
Ese día, la senadora Xóchitl Gálvez leyó una nota periodística sobre la situación precaria de las mujeres indígenas chiapanecas, en la que, como contexto, se hacía eco del informe que la ASF publicó en febrero de ese año y sobre las irregularidades en el programa ‘Bienestar: de corazón a corazón’.
Con esa nota en mente, Xóchitl asistió el martes 2 de octubre a una reunión de su partido —el PAN— en el Senado, en la que anunció que dos días más tarde, el jueves 4, presentaría un punto de acuerdo para que Manuel Velasco respondiera por los señalamientos de la ASF.
La propuesta no cayó bien ni siquiera entre todos los integrantes de su fracción legislativa. Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla y jefe en ese entonces de la bancada panista en el Senado, trató de convencerla de no presentar la propuesta.
“Es de sobra conocido que Moreno Valle —fallecido el 24 de diciembre de 2018— y Manuel Velasco eran muy amigos”, dijo Gálvez en entrevista con Animal Político.
Además de la amistad entre los exgobernadores, cuando se presentó la idea del punto de acuerdo, Xóchitl Gálvez tampoco tenía la mejor relación con Moreno Valle. Especialmente, luego de que él se ausentó de la votación para dar licencia a Velasco como senador del Partido Verde y regresar a Chiapas a sustituirse a sí mismo como gobernador del estado, lo que finalmente logró —aunque el PAN votó en contra— gracias al apoyo de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pero la resistencia interna del PAN no fue el único escollo que encontró Gálvez: el mismo día que propuso a su bancada la iniciativa contra Velasco, el Partido Encuentro Social (PES), aliado de Morena en la elección del verano de 2018, amagó con presentar otro punto de acuerdo contra ella para que también compareciera por unas presuntas irregularidades en la construcción de un teatro en la delegación Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México.
Xóchitl Gálvez, que rechaza en entrevista la acusación, interpretó este punto de acuerdo del PES como una maniobra en el Senado de “tú me pegas, yo te pego. Tú no me pegas, yo tampoco”.
“Lo que me llama la atención es cómo se enteró Sasil de León —lideresa de la bancada del PES— de mi punto de acuerdo de Velasco. Alguien del grupo —del PAN—, definitivamente, le dijo a Sasil. No hay duda. Porque ella no tenía manera de saberlo”, dice Gálvez.
¿Por qué el PES querría entrar a ese ‘golpeteo’ por un tema como el de Manuel Velasco y los desvíos a empresas fantasma en la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem)?
El PES, la familia de León Villard, y Manuel Velasco
La lideresa de la bancada del PES, Sasil de León Villard, fue la titular de la Sedem en el gobierno de Manuel Velasco hasta septiembre de 2015, cuando la sustituyó en el cargo su cuñada, Nancy López, y luego su hermana, Itzel de León Villard.
Las dos familiares de la senadora Sasil no solo la sustituyeron en el cargo, también son las funcionarias de la Sedem que firmaron los contratos por 685 millones de pesos que presuntamente fueron desviados a una red de 26 empresas fantasma. Y son también las que avalaron las adjudicaciones directas de los contratos.
Itzel de León Villard respondió a la publicación de la primera parte de este reportaje con una carta que puede leerse íntegra aquí.
Otro hermano de la lideresa del PES en el Senado, Yumaltik de León Villard, es uno de los dueños de Narcia Service SA de CV, empresa beneficiada durante el gobierno de Velasco con contratos por 184 millones de pesos.
El vínculo entre esta familia y el exgobernador de Chiapas no termina ahí.
Kalyanamaya de León Villard, otro hermano, fue beneficiado por Manuel Velasco con la concesión de una notaría el 5 de diciembre de 2018, a tan solo unas horas de que dejara el cargo como gobernador interino. Según publicó el diario El Universal, al hermano de Sasil y de Itzel de León Villard recibió la notaría 202 de San Cristóbal de las Casas.
Después de que el PES anunció esta contraofensiva por el punto de acuerdo de Xóchitl Gálvez, la senadora informó a su partido, el 4 de octubre, que asistiría como conferencista a un evento y que pospondría la presentación de su propuesta en la tribuna del Senado hasta el martes 9 de octubre.
“Pero ojo —recalca Xóchitl—, yo pedí que se aplazara, no que lo cancelaran”.
Aun así, su partido anunció vía oficio al presidente del Senado, Martí Batres, que retiraba el punto de acuerdo, lo que implicó que el PES también retirara el punto de acuerdo contra la panista.
Pero el caso aún no estaba zanjado.
Empresas fantasma regresan 3.9 mdp… de 685
Mientras en el Senado se intentaba frenar el exhorto a que el gobierno de Chiapas rindiera cuentas, la Sedem —aún bajo el gobierno interino de Manuel Velasco— envió documentación a la ASF para solventar las irregularidades del caso.
El mismo día que Xóchitl Gálvez anunció al PAN que presentaría el punto de acuerdo contra Manuel Velasco, el 2 de octubre, la Auditoría recibió de la Sedem contratos, facturas, calendarios de eventos, y actas de entrega-recepción del programa ‘Bienestar: de corazón a corazón’.
Sin embargo, Animal Político pudo constatar que la Sedem entregó los mismos documentos que la ASF había recibido en dos ocasiones anteriores para solventar esas irregularidades: ocho meses atrás, en febrero de 2018, y otra vez, el 18 de abril de 2018; sin que en ninguna hayan tenido efecto a favor del gobierno chiapaneco.
El viernes 5 de octubre, cuando Xóchitl Gálvez ya había pospuesto su participación en la tribuna del Senado con el tema de Velasco, la Auditoría recibió otro oficio de la Sedem, ahora sí con documentación nueva: dijeron que eran pruebas de que 10 de las 26 empresas contratadas habían regresado a la Hacienda de Chiapas 3 millones 931 mil pesos, el 0.5% de los 685 millones que se habían señalado como presuntos desvíos.
Lo que la Sedem no informó en ese oficio es que, de las diez empresas que regresaron dinero, siete están en las listas de empresas fantasma del Servicio de Administración Tributaria (SAT), mientras que otras dos no constan entre las empresas que la dependencia chiapaneca contrató y se desconoce por qué depositaron dinero a la Hacienda estatal por este caso.
Dos días hábiles después, el martes 9 de octubre, la senadora Gálvez regresó a la carga pidiendo a su partido que se incluyera de nuevo el punto de acuerdo en el orden del día de la sesión del Senado, cosa que finalmente ocurrió.
La panista no sabía que ese 9 de octubre, horas antes de que subiera a tribuna, la ASF había avisado al gobierno interino de Velasco que todo estaba solventado, tras ocupar solo dos días hábiles en revisar la documentación de la Sedem.
El punto de acuerdo se presentó, pero cuando finalmente se votó —el 4 de diciembre de 2018— Morena utilizó su mayoría en la Cámara Alta para votar en contra y evitar que Manuel Velasco rindiera cuentas.
“La Auditoría ya solventó todo, no ha lugar el punto de acuerdo”, argumentaron desde la bancada de Morena.
O, en otras palabras, el caso ya estaba enterrado.
La solventación que frenó al Senado
Pese a haber documentado diversas irregularidades en el programa para el empoderamiento de la mujer de Chiapas, la Auditoría decidió poner a su propio informe una palabra que hizo la diferencia: solventación.
Según el Manual de la Auditoría, esto significa que el gobierno de Chiapas aportó elementos suficientes para demostrar que sus procedimientos fueron correctos. Por eso es que esa palabra cambió el rumbo del debate en el Senado.
Que la Auditoría haya declarado “observaciones solventadas” fue el argumento que usaron los senadores para rechazar que el exgobernador de Chiapas fuera llamado a rendir cuentas pues, en teoría, la Auditoría determinó y probó que no había irregularidades.
Isaac Rojkind Orleansky, auditor especial de seguimiento, informes e investigación de la ASF, y quien firmó el oficio de solventación, reconoció en entrevista con Animal Político que sólo “solventó una parte” de las irregularidades, sin atreverse a confirmar que todo el procedimiento de contrataciones del gobierno chiapaneco fue el correcto.
—¿El gobierno de Chiapas hizo bien todos los procedimientos de contratación? ¿La Auditoría da por válido todo? —se le cuestionó en entrevista—.
—La auditoría revisó las participaciones federales, observó lo que observó, y luego transfirió en el ámbito de su competencia a otros entes para que actuaran en sus respectivas competencias.
—Entonces, ¿por qué solventó?
—Porque los eventos que estaban en el marco de las reglas, (los 80 eventos masivos del programa ‘Bienestar: de corazón a corazón’) sí se hicieron. Solventamos la observación que le compete a la Auditoría en el marco de la ley de las participaciones federales, de ver que el proceso correspondía con el programa de trabajo —dijo el funcionario—.
Rojkind explicó que existen presuntas irregularidades en el proceso de adjudicaciones directas, por eso pidió a la Contraloría estatal que actúe e inicié investigaciones para determinar las posibles responsabilidades de funcionarios locales. También pidió al SAT investigar a las empresas contratadas, porque durante la investigación los auditores no las localizaron.
—Sin embargo —se le volvió a plantear—, pese a que le dieron vista al SAT y a la Contraloría precisamente por esas irregularidades, la Auditoría ya solventó…
—La solventación, simplemente, está diciendo que los eventos se hicieron, que esa parte sí se cumplió. No se cumplió lo administrativo porque no fue adecuado, ni la parte fiscal. Pero no veamos esto como si fuera un círculo. Es decir, los eventos se cumplieron, por eso se solventó. Y ya en la parte administrativa y fiscal de las empresas, ahora tienen que actuar otros entes. Por eso hay que fragmentar esto en tres partes, —concluyó—.
Según la versión de Rojkind, lo único importante para solventar el pliego de observaciones por 685 millones de pesos es que los eventos ocurrieron, y eso es lo único que, por ley, le toca investigar a la Auditoría.
Sobre el cumplimiento de esos eventos, Rojkind insistió en que la Sedem de Chiapas lo avaló con contratos, facturas, fotografías, y notas periodísticas, lo que permitió a la Auditoría seguir “la trazabilidad” del dinero público.
En la siguiente entrega de esta investigación periodística se mostrará cómo en esas pruebas utilizadas para perdonar a Manuel Velasco existen múltiples irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación dejó pasar o no investigó.