- A más de 18 millones de pesos ascienden los daños causados por el FNLS en carreteras de Chiapas: FGE
4 Agos.- El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) informó que buscará establecer comunicación directa con familiares de los cinco policías que mantiene retenidos en la comunidad Rio Florido del municipio de Ocosingo, desde hace 18 días, en busca de llegar a un acuerdo.
Para ello convocó a organismos de derechos humanos y periodistas a conformar la segunda caravana de observación y para que sean testigos de honor en su calidad de garantes del proceso de entrega de los policías a sus familias. La cita es en la Plaza de la Resistencia en San Cristóbal de Las Casas, a las 8:00 horas el día 7 de agosto de 2019.
La organización acusó en un comunicado que el Gobierno no tiene voluntad de resolver el problema, por ello la decisión del acercamiento con las familias de los policías.
“Platicar con los familiares es un gesto de voluntad del FNLS para con sus familias y en aras de establecer acuerdos satisfactorios, parte de que nuestros principios políticos y porque en política nada es personal, no nos mueve el odio personal, los policías están en una de las comunidades como un mecanismo de garantía de no represión y para salvaguardar la integridad de las familias de la comunidad Río Florido y de nuestra organización”, manifestó.
El FNLS señaló que no existe ningún dialogo con el Gobierno de Chiapas. “Las declaraciones que han hecho, el secretario general de gobierno Ismael Brito Mazariegos, y el Fiscal José Luis Llaven Abarca son falsas, no existe ningún diálogo con ellos”.
La organización responsabiliza al Estado la posibilidad de boicotear el acuerdo que pudiera registrase entre el FNLS y los familiares de los agentes privados de la libertad.
“Responsabilizamos al gobierno de Rutilio Escandón Cadenas de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros en las comunidades donde tenemos presencia y arraigo, nuestra exigencia es la misma, libertad inmediata a nuestro compañero Javier González Díaz, preso injustamente en el penal numero cinco de San Cristóbal de las Casas”.
Los agentes estatales José Luis Tondopó, Fernando Tondopó, Carlos Enrique Gordillo Aguilar, Freddy Sánchez García y Bernal Hernández Altunar, se encuentran retenidos desde el pasado 18 de julio.
El FNLS exige la liberación de González Díaz, quien está vinculado a proceso por el delito de robo y ataques a las vías de comunicación.
*A más de 18 millones de pesos ascienden los daños causados por el FNLS en carreteras de Chiapas: FGE
La organización denominada FNLS ha causado daños sólo en el mes de julio de los 18 millones 444 mil 277 pesos en detrimento patrimonial de empresas nacionales y transnacionales, afirmó la Fiscalía General del Estado.
Al reiterar a nombre del gobierno del estado, que “la aplicación de la ley no se negocia”, el Fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que las carpetas de investigación iniciadas en julio suman 24, por los delitos de robo con violencia, daños, ataques a las vías de comunicación, privación ilegal de la libertad, atentados contra la paz y la integridad de la colectividad y del estado.
El funcionario explicó que de acuerdo con las 24 carpetas de investigación iniciadas hay 15 vehículos de transporte de carga dañados, cuyos productos y mercancías fueron robados con violencia en los tramos Ocosingo – San Cristóbal de Las Casas, a la altura de la comunidad Río Florido (Ocosingo); Altamirano-Ocosingo, a la altura de la comunidad Las Perlas (Altamirano).
Así como en los tramos Acala-Chiapa de Corzo, a la altura de la comunidad Altamira (Acala); Venustiano Carranza – Pujiltic, a la altura de la comunidad El Cascajal.
El titular de la FGE indicó que en la integración de las carpetas de investigación que realiza la Fiscalía General del Estado, con el objeto de solicitar y en su momento cumplimentar órdenes de aprehensión en contra de los grupos violentos de manifestantes, se están respetando los derechos humanos y la garantía del debido proceso.
Agregó que en el caso, se está priorizando el diálogo para salvaguardar la vida y la integridad física de los elementos de la Policía Estatal y Ministerial que se encuentran privados de la libertad, por lo que se está siendo cuidadoso en el desahogo de todas las diligencias ministeriales.
