El Congreso de Chiapas, votó a favor de la minuta que le envió el Congreso de la Unión, que incluye diversas adiciones y reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante las cuales se aprueban los mecanismos de revocación de mandato y consulta popular.
La ratificación del decreto procedió al considerársele como un asunto de urgente y obvia resolución por la Mesa Directiva de la Legislatura chiapaneca, por lo que la 67 Legislatura local informó que el Pleno aprobó por unanimidad el decreto.
La iniciativa fue turnada al poder Legislativo de Chiapas por las diputadas Laura Angélica Rojas Hernández y Julieta Macías Rábago, quienes fungen como Presidenta y Secretario de la Cámara de Diputados del Congreso de La Unión.
A favor del dictamen que establece la consulta popular y la revocación de mandato se pronunciaron los diputados Mayra Alicia Mendoza Álvarez y Juan Salvador Camacho Velasco del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y Kalyanamaya De León Villard del Partido Encuentro Social (PES).
Mendoza Álvarez, defendió que la revocación de mandato es una figura de la democracia directa que permite a los ciudadanos, mediante una elección, decidir si un funcionario continúa o no en su cargo, donde además “se reivindica el poder popular “para retirar de sus funciones a quienes incurran en incumplimiento de responsabilidad “conferida con el sufragio”.
Lo cual quiere decir, argumentó, que la libre decisión de mantener o cesar a un servidor público electo democráticamente, es una garantía que debe tener rango constitucional y “que será posible en el Congreso de la Cuarta Transformación”.
Juan Salvador Camacho Velasco aseguró que con estas reformas se plasman los compromisos presidenciales de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana. Precisó que con la consulta popular se tendrá un mejor ejercicio del poder público y mayor certidumbre institucional.
Con la consulta popular, enfatizó, el ciudadano podrá opinar y votar en cualquier tema regional o nacional de trascendencia, así como también con la revocación de mandato se podrá remover de manera anticipada a representantes populares cuando éstos no cumplan “ la encomienda que los mismos ciudadanos les otorguen en las urnas”
Para De León Villard, la figura y los tiempos del llamado presidencialismo absoluto “ terminan de manera pacífica y con argumentos legales”. Con la aprobación de estas reformas los ciudadanos dispondrán de herramientas legales para luchar por la vía pacífica, constitucional y “cívica” para impulsar la destitución presidencial si incumpliera sus funciones. “Este cambio mantendrá un equilibrio y límite a los poderes Ejecutivos federal y estatales”.